Por Braulio Cantera Rosso (*), especial para El Observador
El cambio climático representa una de las mayores amenazas para el sector agropecuario, con impactos en la productividad, precios de los alimentos y, por supuesto, en la sostenibilidad de diversos medios de vida.
Un aumento en la temperatura media global de entre 1,5 y 2,0 °C –sobre valores preindustriales– desencadenaría diversos procesos ecológicos irreversibles, como el aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos –tormentas, sequías e inundaciones– o una mayor propagación de plagas y enfermedades.
En la actualidad, el panorama es preocupante: de acuerdo con el sexto informe del IPCC (2021) ya estamos enfrentando los efectos de un aumento de temperatura de 1,1 °C.
Es por esta tendencia qué en el 2015 se estableció el Acuerdo de París. Bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las naciones acordaron tomar acción y comprometerse a trabajar para prevenir el aumento de la temperatura media global, creando como instrumento para operativizar este compromiso las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Aquí, los equipos especializados establecieron metas de mitigación, prioridades de adaptación y necesidades de apoyo para cumplir las mismas.
En ese sentido, la mayoría de los países de la región incluyeron agricultura en su primera versión de NDC, y cinco años después, en la actual ronda de actualización, se nota mayor énfasis y detalle sobre las acciones prioritarias en el sector. Esto ha abierto la oportunidad de reflexionar sobre los avances, brechas, necesidades y lecciones aprendidas durante este proceso, visibilizando la potencialidad del sector.
Uruguay destaca por una ambiciosa propuesta de reducción de la intensidad de emisiones en gases de efecto invernadero.
Para hacer frente a estos compromisos, el país cuenta desde 2009 con un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), lo que muestra un gran avance institucional.
Sin embargo, es evidente la necesidad de que éste cuente con un papel principal como instancia mayor de gobernabilidad climática nacional, articulado a nivel territorial para coordinar sinérgicamente las medidas de mitigación (actuar sobre las causas que impulsan el cambio climático) y adaptación (reordenamiento de los modos de vida a los efectos del cambio climático). Esto permitiría promover sistemas productivos bajos en carbono y resilientes, generar mayores cambios en la matriz energética y reducir los niveles actuales de consumo.
Aquí, la cooperación regional es fundamental para el intercambio de información, capacidades técnicas y facilitación de diálogos entre diversos actores, como el que está llevando a cabo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) entre negociadores que formarán parte de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), a realizarse en el mes de noviembre en Glasgow.
Es evidente que nos encontramos en un período clave para definir el curso del futuro climático del planeta, y allí América Latina se enfrenta a dos grandes retos socioecológicos: por un lado, la creación de una economía resiliente y justa que proporcione prosperidad económica y social para toda la población y, por otro lado, la reducción de sus impactos ambientales por debajo de los umbrales de los límites planetarios.
Para ello, resulta necesaria una transición ecológica por diseño, menos dependiente del consumo de combustibles fósiles, que nos permita volver a colocar la vida, los ecosistemas y las relaciones humanas de cuidados en el centro.
La adaptabilidad no es sólo una cualidad tecnológica, también es una virtud cultural, y nuestras sociedades deberán estar a la altura al momento de generar marcos institucionales y establecer modos de liderazgo colectivos que nos permitan hacer frente a tales desafíos.
(*) especialista en Gestión de Proyectos y Cambio Climático - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
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