El efecto de la recesión hace que los ingresos vayan por debajo de la inflación. En un año electoral, la presión tributaria récord genera descontento en la propia base política del macrismo
Más nubes negras se ciernen sobre el plan económico de Mauricio Macri: ahora las noticias apuntan a que está en riesgo la meta fiscal, uno de los pocos rubros que le venían dejando satisfacciones.
Ya bastante controversia se había generado en el mercado financiero cuando se constató que la suba de tasas de interés tiene un efecto cada vez menor para disciplinar al dólar y -peor aún- como instrumento efectivo para frenar la inflación, que en el primer cuatrimestre acumulará un pavoroso 16%.
Pero en Argentina siempre hay espacio para una noticia peor. Y eso ocurrió en los últimos días, cuando se conocieron datos que trajeron más sombras sobre el plan: la recaudación tributaria de marzo tuvo una caída de 10% en términos reales.
De esta manera, ya se acumulan cinco meses consecutivos de baja. Y todo apunta a que esa situación se podría agravar en el corto plazo, porque mientras la inflación de abril se proyecta en un 4%, la actividad económica que aporta impuestos sigue en caída libre.
La foto de hoy, entonces, es un frente financiero con volatilidad y recaudación impositiva en baja. En definitiva, los dos grandes objetivos del plan -que servían como argumento para justificar el sufrimiento de una profunda recesión, de una aceleración en el desempleo y de un retroceso en el frente de la pobreza- están mostrando crecientes dificultades para su consecución.
Y la sospecha, a esta altura, es que la meta del déficit fiscal cero, comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y escrita en la ley de presupuesto, podría no cumplirse. De hecho, en los últimos días volvió a circular una palabra que no se escuchaba desde los años ’90: “waiver”. Es, en la jerga financiera, un perdón o permiso especial para incumplir una meta pautada en una determinada fecha y contar con un período extra.
El otro término que se reflotó fue el de “enhanced facilities agreement”, un tipo de acuerdo con el FMI que va más allá de los términos de un stand by y que implica mayores compromisos en cuanto a reformas económicas estructurales.
EFE
En el gobierno y en el propio Fondo Monetario niegan el incumplimiento, pero lo cierto es que fueron inevitables las especulaciones cuando los funcionarios pidieron un plazo extra para presentar un informe sobre la marcha del programa fiscal luego de la última auditoría del FMI. Y aunque en el gobierno se dijo que todo era “un tecnicismo”, ya hay varios bancos de inversión que en sus reportes a los clientes y hablan de una imposibilidad de cumplir las metas.
Hablando en números, la situación es esta: la recaudación tributaria aumenta a un ritmo de 37% anual, mientras la inflación en el mismo período es de 51%. Implica una caída del 10,6% en términos reales.
Impuestos como el IVA, que reflejan el nivel de actividad económica y del consumo masivo, son un exponente claro del alcance de la recesión. Lo que ingresa por IVA cae, en términos reales, a un ritmo de 12% en la comparación interanual.
Como para confirmar este panorama, se conocieron datos de consumo en el rubro electrodomésticos, que muestran un desplome de 33% en volumen vendido, en comparación con un año atrás.
Pero la perspectiva es peor aún. Porque los economistas argumentan que no solamente se va a notar la baja en la recaudación de impuestos ligados al consumo, sino que además el rubro de impuestos a la exportación -en el que el gobierno había cifrado sus mayores esperanzas de una recuperación económica- rendirá por debajo de lo proyectado.
En el rubro de comercio exterior también se ven cifras negativas, en parte porque el tipo de cambio desalienta las importaciones, con lo cual se recauda menos en concepto de aranceles. Pero también por el efecto recesivo: con un 44% de capacidad ociosa, la industria compra menos bienes de capital, insumos y combustibles.
Como si todo esto no fuera suficiente motivo para la depresión en filas macristas, la recaudación tiene hasta un efecto político negativo en pleno año electoral, porque los recursos que van directamente a las arcas de los gobierno provinciales –casi todos en manos del peronismo- tendrán una mejora mientras el gobierno central empeorará.
Así lo refleja un informe de Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en el cual detalla cómo se registra un desvío negativo respecto de lo presupuestado en el rubro de impuestos no coparticipables –es decir, los que quedan en el fisco nacional- mientras que están teniendo un mejor desempeño los coparticipables.
En este contexto de malas noticias, los expertos tributarios le están recomendando al gobierno una moratoria, en vez de los embargos y multas por retraso en los pagos que se están aplicando ahora a las empresas en problemas. Esas medidas son vistas como “pro-cíclicas” –es decir, que empeoran la situación- en un momento de profunda caída de la actividad.
Lo cierto es que el malhumor por los impuestos se intensifica a medida que más empresas entran en dificultades financieras. Y se ven escenas impensadas, como una manifestación anti impuestos convocada por militantes de ideología liberal, todos ellos votantes de Macri en la elección de 2015. El acto fue convocado por economistas críticos del gobierno, entre los que destaca José Luis Espert, pre candidato presidencial por un novel espacio “libertario”.
Esas protestas son todo un síntoma de cómo la crisis empieza a erosionar la base de apoyo político del macrismo. Sus seguidores de clase media se han resignado a la inflación, al dólar alto y a la recesión, pero en cambio no pueden perdonar las promesas incumplidas en el ámbito de los impuestos.
En contra de sus principios liberales, el macrismo ha mantenido el controversial impuesto a las ganancias –que alcanza a los asalariados-, subió impuestos ya existentes y limitó en los balances el ajuste por inflación –lo cual lleva a que las empresas paguen impuestos por ganancias contables que no se condicen con la realidad.
Y hasta se castigó a la exportación con nuevas retenciones, no solamente la del campo sino también la de servicios, en una situación que el propio Mauricio macri calificó como “horrible”.
Además, los contribuyentes se siguen quejando de que, además de la presión impositiva nacional, siguen a la orden del día las tasas provinciales y municipales, pese al compromiso político de una disminución.
De hecho, la presión impositiva de 2019 será la más alta en 60 años, según una investigación de la Consultora Ledesma. Ascenderá a 26,2% del PBI, lo que implica una suba de 2,2 puntos respecto del inicio de la gestión macrista.
La cuarta parte de la presión impositiva corresponde al sistema jubilatorio, lo cual explica la insistencia del FMI por incluir una reforma previsional en la agenda.
Con este panorama, el gobierno encuentra dificultades crecientes para persuadir a la población sobre la necesidad de avanzar con su duro plan de ajuste. Y los críticos aprovechan los malos datos para plantear el argumento de que, con una receta recesiva, nunca se llega al objetivo de reducir el déficit fiscal porque la propia caída de la actividad y el consumo lleva a un derrumbe de la recaudación impositiva.
Recesión, contribuyentes enojados y recaudación impositiva que cae y pone en duda el objetivo fiscal. Ese es el panorama en un país donde el riesgo país vuelve al entorno de los 800 puntos –cuatro veces más que en Uruguay- y donde todos dan por descontado que, gane quien gane, será necesaria una renegociación del acuerdo con el FMI a partir de 2020.
