El Congreso peruano rechaza por quinta vez adelantar las elecciones presidenciales para diciembre de 2023

Mientras tanto, el Congreso, cuya desaprobación pública de acuerdo a las encuestas es tan baja como la del Ejecutivo, rechazó por quinta vez adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023. Se trata de uno de los reclamos de los manifestantes que protestan desde la salida del poder de Pedro Castillo hace más de tres meses.

La imposibilidad de los distintos y dispersos bloques parlamentarios de lograr un acuerdo pone al descubierto la actual ingobernabilidad del país. La presidenta Dina Boluarte es incapaz de encontrar una salida a la crisis política y mantiene a las fuerzas de seguridad alertas ante cualquier movilización que llegue a la capital.

Con 12 votos en contra, nueve a favor y ninguna abstención, la Comisión Constitucional del Congreso peruano rechazó por quinta vez la propuesta de adelantar las elecciones generales. El actual periodo presidencial debería terminar en 2026 y el adelanto electoral es una de las peticiones centrales de los manifestantes, según la agencia EFE y el diario El Comercio, de Lima.

El debate de la comisión parlamentaria tuvo lugar el martes 14 de marzo luego de que en el recinto se decidiera analizar nuevamente la propuesta. El pedido de algunos parlamentarios fue aprobado y planteaban que la convocatoria fuera para el segundo domingo de diciembre y que la presidenta concluyera su mandato el 30 de abril de 2024.

El nuevo presidente debía empezar su gobierno el 1° de mayo, al igual que los nuevos congresistas.

Sin embargo, el argumento para seguir postergando la historia fue que antes debían ponerse de acuerdo sobre las reformas que acompañarían las nuevas elecciones. Si bien el debate sobre el adelanto de los comicios retornó a la Comisión de Constitución con el respaldo de 69 de los 130 legisladores, se alejaron las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Desde que Pedro Castillo fue detenido tras intentar disolver temporalmente el Congreso, su vice, Dina Boluarte, quedó al frente del Ejecutivo el 7 de enero. Desde entonces, Perú sigue sacudido por intensas protestas que reclaman un adelanto electoral, la destitución del Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a un referéndum que convoque a una asamblea constituyente.

Sin embargo, el Congreso no se puso de acuerdo para aprobar las proposiciones de adelantar los comicios que fueron presentadas dos veces por el Ejecutivo y otras dos por parlamentarios fujimoristas.

Luego de tres meses en el cargo, Boluarte no logra detener las masivas protestas que se dan en todo el país y que dejaron más de 60 muertos por la violencia de la respuesta policial.

La presidenta, junto al actual primer ministro Alberto Otálora y a su antecesor, Pedro Angulo, así como al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, están investigados por posible responsabilidad en las muertes de manifestantes.

Además, los cinco intentos fallidos de adelantar las elecciones demostraron la profunda ingobernabilidad del país. La propia Boluarte no logra convencer a los congresistas para que se pongan de acuerdo.

En febrero, el nivel de desaprobación del Congreso llegó al 90% –el más alto desde que inició el mandato– mientras que el rechazo hacia la presidenta subió al 77%, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El 9 de marzo, el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley impuso 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción. El expresidente ya se encuentra en prisión por su intento de disolver el Congreso y además se lo acusa de obstaculizar la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos.