El crimen de Marcos Jiménez eleva a 110 la cifra de líderes sociales colombianos asesinados en 2023

Jiménez formaba parte de la Junta de Acción Comunal de Vereda La Poza, en el municipio de Cantagallo, ubicado en el departamento de Bolívar, donde fue secuestrado el pasado 18 de agosto por las disidencias de las FARC, un grupo que no aceptó las negociaciones de paz del presidente Gustavo Petro.

El 22 de agosto, organizaciones defensoras de Derechos Humanos confirmaron su asesinato en la carretera que va entre Rancho Quemado y Mina Nueva, una zona rural de Segovia, ubicada en el departamento de Antioquia, a unos 90 kilómetros de donde ocurrió el secuestro y territorio donde se enseñoreaba Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín.

El campesino tenía esposa y dos hijos, una niña de 10 años y un varón de 14. Jiménez se convirtió en el líder social número 110 asesinado en lo que va de 2023, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una organización del Magdalena Medio a la que pertenecía el líder asesinado, condenó el crimen y denunció que otros tres líderes sociales continúan secuestrados y se desconoce qué harán las FARC con ellos.

La asociación emitió un comunicado en el que señala que “estos inaceptables hechos criminales profundizan la crisis humanitaria que padecemos en nuestro territorio por la acción violenta e indiscriminada de los grupos armados ilegales”.

También denuncia el confinamiento de comunidades indígenas y campesinas provocados por la continuidad de la violencia armada. El asesinato de líderes sociales, un fenómeno que se agravó en Colombia tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, no se detiene.

Desde el acuerdo, fueron asesinados 1.526 dirigentes sociales, campesinos y de Derechos Humanos. La mayoría de los crímenes fueron entre 2017 y 2020. En 2022 se reportaron 189 casos, 18 más que en 2021.

En lo que va de 2023, los homicidios disminuyeron, pero continúan. Indepaz advierte que el número es particularmente alto en zonas con disputas por el control de negocios ilícitos como la minería ilegal o el cultivo de coca.

“Con la tendencia actual podrían ser unos 180 los líderes asesinados hacia fines de 2023. Si bien significa una reducción frente a años anteriores, la situación es cada vez más grave en el Pacífico sur, en departamentos como Nariño y en el norte del Cauca”, dijo Leonardo González, director de Indepaz.

El panorama que muestra Indepaz coincide con el descripto por la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero. En el primer semestre del año, esa oficina observó una disminución del 19% en los casos verificados de homicidios de líderes sociales en comparación con el mismo período de 2022.

“Esto es positivo, pero el alto número de líderes asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, declaró la representante del organismo internacional. La situación contrasta con un tono de indignación cada vez más débil, que se adapta en las redes sociales según los intereses políticos.

María Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, citada por el diario español El País, afirma que los grupos armados “quieren retomar el control y quitarles la tierra a los campesinos. Reclaman impuestos por cualquier cosa, por una mina, por la venta de madera, por la venta de una finca”.

Y agrega: “A las juntas de acción comunal les quitaron mucha autoridad porque se tiene que hacer lo que ellos dicen. Eso es terrible. Al que no le gusta se tiene que ir, se muere o se acomoda”. Del otro lado del país, al occidente, en la zona del Pacífico, donde se concentra el mayor número de estos crímenes, la preocupación también es latente.

Juan Pablo Salazar, líder social del departamento del Cauca, una zona andina ubicada sobre el océano Pacífico, dice que estos hechos afectan la defensa de las causas sociales y ambientales, y dejan miedo en la población.

“Cuando nos matan a una persona representante de una comunidad o de una causa lo primero que queda es mucho temor de las personas que están alrededor de ese proceso, que hace que bajen banderas, que las mismas familias les recomienden a los que quedan que no sigan con eso. Se destruye el tejido social”, asegura Ramírez.

La organización de Derechos Humanos Somos Defensores le entregó al presidente Petro un plan de emergencia para proteger a los líderes sociales dos días antes de su asunción como presidente, ocurrida el 7 de agosto de 2022. Sin embargo, sostienen que el Ejecutivo actúa con lentitud para poner freno a los asesinatos.

Mientras el gobierno insiste en la política de Paz Total –buscando establecer acuerdos con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo–, dirigentes sociales como Ramírez reclaman acciones inmediatas.

“El Estado se está quedando sin respuestas. Tenemos un comisionado que nos invita a encontrarnos y dialogar, pero, ¿dónde están las garantías para la vida? No hay. Sentimos que se nos van a pasar cuatro años dialogando, hablando en talleres y que entre más denunciamos más se nos calla, más se nos prohíbe entrar a los territorios”, lamenta Ramírez.

Para organizaciones como la que integraba el líder asesinado Marcos Fidel Jiménez, continuar en un proceso de diálogo con los grupos ilegales sin el compromiso de respetar la libertad de la población civil profundiza la desconfianza y dificulta la posibilidad de avanzar en la construcción de paz.

En Colombia, aunque disminuyó el número de asesinatos de líderes sociales, cada dos días es muerto uno de ellos. “Lastimosamente se convirtió en paisaje. Ya no es noticia cuando algo pasa todos los días. Eso es grave porque significa que la misma sociedad se está acostumbrando, lo está normalizando. El control social de los grupos armados hace parte de la normalidad”, dice Leonardo González, director de Indepaz.