Opinión > ANÁLISIS

Empieza la campaña y el demagogómetro ya explotó

Todos quieren estar en la foto de la “transparencia”, pero la imagen salió movida

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29 de diciembre de 2018 a las 05:03

Hay dos cosas que no cambian en los ciclos políticos: 1. A fin de año los legisladores se apuran como nunca para sacar leyes que consideran importantes (y así se cometen errores groseros en esos apuros). 2. Cuando se acerca la campaña electoral, todos se cuidan el doble e intentan dar señales sobre temas que en otras oportunidades no les preocupaban tanto.
Luego de dos años en los que la palabra “transparencia” cobró mucha relevancia, este fin de año preelectoral se combinaron las dos situaciones que hicieron subir los niveles de demagogia.

Que se haya frustrado la votación de un proyecto de ley para modificar las normas que rigen sobre el financiamiento de los partidos habla muy mal de todo el sistema político. El que se lleva la peor parte es el Frente Amplio, pese a que fue el que más empujó los cambios, porque como mayoría tiene la primera responsabilidad en su frustración.

La ley anterior de financiamiento de los partidos no solo se quedó corta en muchos aspectos sino que además fue violada sistemáticamente por los mismos que la votaron. Hicieron todas las trampas que pudieron y además cometieron el peor pecado: prohibir cosas que después nadie podía controlar ni sancionar. 

El nuevo proyecto estaba bien empaquetado en muchas cosas. Permitía a sus impulsores hacer gárgaras de transparencia, porque era más riguroso. Tiene varios aspectos que mejoran la ley actual, como exigir a los partidos auditorías externas (aunque no está en el texto aún formalmente) de las donaciones antes de entregar el reporte a la Corte Electoral, o que se impida el aporte de anónimos y el tope a los aportes personales. También es una buena intención –mal ejecutada– que se intente frenar el aporte encubierto de los canales de TV al cobrarle más a unos que a otros.

Lo que le faltó al FA fue capacidad política para consensuar el proyecto y no avasallar a los rivales. En marzo tendrán una nueva oportunidad. Pero, como escribió el senador Pablo Mieres en una columna esta semana, la transparencia que el oficialismo quiere darle al financiamiento de los partidos no la tuvo con sus colegas parlamentarios. “El Frente Amplio postergó el debate sobre el articulado, rechazó todas las propuestas de los partidos de oposición, se negó a dialogar y lo votó en Comisión sin ningún cambio. Luego lo demoró un par de meses, apostando a contar con sus cincuenta votos y pretendió votarlo con cambios que ni siquiera fueron comunicados formalmente a los demás partidos. ¡Todo un ejemplo de transparencia!”, escribió. 

De todas formas, el medidor de la demagogia explotó esta semana por otro proyecto que Diputados aprobó a las apuradas –en este caso con votos de todos los partidos– para ampliar el régimen de declaraciones juradas de bienes que deben hacer políticos y funcionarios públicos, y que prevé incluso sumar a empresarios privados. El objetivo, según dicen, es “brindar mayor transparencia”. Pero en el fondo es humo. ¿Por qué? Lo explicó muy bien el presidente de la junta de transparencia (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, en En perspectiva: “Un sistema de estos sirve si tiene resultados. Si pensamos que por incluir más funcionarios el sistema mejora, nosotros decimos: ‘No, no es cierto’”.
Puede servir mucho a la transparencia que las personas que tengan contratos con el Estado o reciban dineros públicos de alguna manera tengan que presentar declaraciones juradas. Pero de nuevo: ¿de qué sirve si nadie va a poder controlarlas después? Se crean normas más duras y rígidas, que después nadie puede fiscalizar con el presupuesto que tiene la Jutep.

No solo es un tema de dinero, sino también de herramientas. Cómo explicó Gil Iribarne, el proyecto, que ahora pasa a Senadores, no habilita a que la Jutep levante el secreto bancario de los jerarcas. “El análisis de las declaraciones juradas es absolutamente inaplicable. Porque si declaro que tengo $ 10 en un banco el organismo de control no puede verificar si tengo o no $ 10 en ese u otro banco. El control no se puede operar”, dijo.

El apuro en aprobar esta norma en el fin del año preelectoral llevó a otro colmo: la Jutep presentó en marzo de 2017 un borrador con ideas sobre este tema y nunca los consultaron. Hasta que casi dos años después, el 19 de diciembre pasado, los legisladores les comunicaron que habían aprobado el proyecto en comisión sin haberlos recibido. “No es obligación recibir a la junta, pero de un año y medio de estar quietos al apuro de diciembre de 2018 no lo entendemos del todo claro”. 
La foto de la transparencia, por el apuro en sacarla, sale muy movida. 

 

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