Nacional > violación en el cordón
El detrás de la audiencia de imputación por abuso grupal
Calle abajo por Juan Carlos Gómez esperaban alrededor de 15 personas, pese a que la audiencia se extendió hasta pasada la medianoche. Conversaban, cuidaban del niño que los acompañaba, pero no sacaban los ojos de la puerta. Casi cinco horas de audiencia después, salieron la fiscal del caso, Sylvia Lovesio, y el abogado de la defensa, Martín Frustaci.
Fue el Ministerio Público el que salió triunfante: la jueza hizo lugar a todos sus pedidos. Los tres detenidos fueron imputados por abuso sexual agravado, uno de ellos con un delito de difusión de imágenes con contenido pornográfico sin autorización de la víctima. Además, irán presos por 180 días de manera preventiva.
Mientras Lovesio, frente a las cámaras, explicaba la decisión de la jueza y el proceder de la Fiscalía, en la esquina con Camacuá, casi sin luz, Martín Frustaci –el abogado de los hombres imputados– se puso en el medio de un círculo de personas que no le sacaban los ojos de encima. Gesticulaba y explicaba que familias, hijos o seres queridos quedarían presos, por lo menos seis meses, al menos que el tribunal de apelaciones hiciera lugar al recurso que interpuso.
Minutos después, el círculo se fue desintegrando. Algunos ya habían tenido suficiente. Otros seguían buscando entender. En el cordón de la vereda, una mujer de mediana edad lloraba y se agarraba la cabeza mientras hablaba por teléfono y contaba que los jóvenes irían presos.
La audiencia
“Hay un cúmulo de evidencias enorme que configura la semiplena prueba”, se limitó a decir Lovesio y enfatizó que la investigación fue declarada reservada para preservar a la víctima.
Dentro de la sala de la que todos estaban pendientes, estaba Soledad Suárez –abogada del Consultorio Jurídico de la Udelar– junto con dos ayudantes que participaron del curso el año pasado, Lovesio y sus adjuntos, Frustaci, su socia, los tres detenidos y la jueza subrogante, Marcela Vargas.
La magistrada, de fallos que tienden a ser garantistas, hizo lugar a todos los pedidos de la Fiscalía. Las horas pasaron en discusiones de tinte procesal.
El abogado defensor rechazó la imputación, e hizo lo mismo, aún con más vehemencia, por la prisión. Alegó que los jóvenes se prestaron para realizar las pruebas de ADN desde el primer momento, declararon en Fiscalía tal y como pidió Lovesio y tienen arraigo adonde viven, razón por la que argumentó que no se fugarían.
La Fiscalía argumentó que existían “todos los riesgos procesales”, razón por la que debían quedar recluidos.
¿Cómo sigue?
El tribunal de apelaciones en lo penal deberá determinar si mantiene o revierte el fallo de la jueza Vargas respecto de la imputación y la medida cautelar.
En paralelo, comenzó a correr el plazo de un año que tiene la Fiscalía para presentar una acusación y comenzar el juicio oral.
Si bien la investigación está avanzada, falta diligenciar pruebas. Entre ellas, la declaración anticipada de la víctima –que todavía no se hizo porque continúa en estado de shock–, pericias psicológicas y psiquiátricas a la víctima y a los presuntos agresores, relevar las cámaras de seguridad de la zona.
Aunque hay una pericia que no es concluyente, de la que dio cuenta El Observador, la fiscal aseguró que cuenta con otras “compatibles con el relato de la víctima”.
La contradicción de Lovesio
La fiscal Lovesio dijo este viernes en Así nos va (radio Carve) que no había salido de la Fiscalía la versión de que los imputados se habían negado a someterse a una prueba de ADN. Sin embargo, el 25 de enero, entrevistada por Doble click (Del Sol), fue consultada sobre la indignación que le generaba a la sociedad que no se hubieran prestado al examen y, en lugar de desmentirlo, respondió: “La misma indignación que le causa a la sociedad es la que nos causa a nosotras”.
