Era 9 de mayo y Paola Fiege cumplía 34 años. La pareja del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo seguía presa en la cárcel de mujeres con prisión preventiva y era investigada por lavado de activos, tráfico interno de armas y contrabando, al igual que su marido. Desde hacía unos días esperaba que le notificaran que finalmente podía irse a su casa a cumplir con prisión domiciliaria a esperar la acusación de la Fiscalía y llegar al juicio oral al que ambos concurrirán. Fiege estaba de pijama cuando le avisaron que dos amigas habían ido a visitarla. Al verlas, se largó a llorar y les contó entre lágrimas que en cualquier momento podía irse a El Gran Chaparral, su casa en Playa Verde.
Fiege terminó el día de su cumpleaños en su casa, con sus tres hijos, que la esperaban con una torta. La última vez que había pisado la mansión fue una mañana de enero, cuando volvía de bailar con su hermana e Interpol las detuvo junto a Balcedo, que estaba durmiendo con sus hijos. Fiege asegura que a su hermana, de 24 años, la apresaron dentro la casa durante varias horas al igual que a sus hijos, de 11, 5 y 2 años, que quedaron al resguardo de una policía en un dormitorio de la casona.
A partir de ese momento, la mujer no vio más a sus hijos hasta que le concedieron la prisión domiciliaria –a excepción de una de sus hijas que pudo ir a ver a un hospital porque había sido mordida por una víbora- y a su pareja solamente se lo cruza en las audiencias. Mientras las Fiscalía aguarda para acusarlos por presuntos delitos cometidos en territorio nacional, la Justicia le concedió a Argentina la extradición de ambos, pero para poder viajar a que sean enjuiciados en su país primero debe culminar el proceso uruguayo.
“Si yo fuera culpable, ¿no hubiera aceptado firmar eso? O sea, me quedaba con todos mis autos empadronados en Argentina, con las propiedades y mi libertad. Pero yo no quiero enseñarles a mis hijos que puedo comprar mi libertad”
También está su madre ayudando con tareas de la casa. Fiege toma una canasta con empanadas que ella misma cocinó unos minutos antes y va hasta la casa de huéspedes. El tamaño de la casa principal impresiona más que el lujo. “Acá lo espectacular es la vista, el resto es normal”, afirma mientras mira toda la costa maldonadense desde una de las ventanas.
Junto a la canasta de empanadas lleva parte de su expediente y el Código del Proceso Penal (CPP), que conoce a la perfección. Desde que pudo volver a su casa, aunque con policías acompañándola, Fiege lee mucho, analiza, piensa. Conoce cada detalle de su caso y de otros que en los últimos meses tomaron estado público, como el del ciudadano turco acusado de lavar US$ 8 millones y que está libre, o el del italiano Rocco Morabito, acusado de narcotráfico y falsificación de documentos, que aguarda junto a Balcedo en Cárcel Central que lo extraditen.
“Estoy leyendo mucho, cuido a mis hijas y hago las tareas que siempre hago. Cocino, si tengo que limpiar limpio, lo normal de una persona. No puedo trabajar como antes. Yo dirigía los medios de comunicación y ahora no lo puedo hacer. Es imposible, yo tenía que ir que estar, siempre iba, viajaba. Ahora si bien estoy con el tema de la radio (de La Plata, Argentina) viendo un poco las cosas, no es lo mismo. No puedo llevar a mi hijo al colegio, que lo hacía yo, no puedo llevarlo a sus actividades deportivas”, cuenta a El Observador.
Sus primeros días en la casa no podía dormir. “Me levantaba todas las madrugadas. ¡Pobres los policías que tenían que charlar conmigo porque no podía conciliar el sueño!”, comenta un poco entre risas.
La sonrisa se le va automáticamente de la cara cuando piensa de nuevo en por qué está atravesando un proceso judicial. Fiege está convencida de que es inocente y dice a viva voz que a la Fiscalía “solo le importa la plata” y por eso “pintaron su casa como una lavadora gigante de dinero”.
“Era todo el tiempo extorsión de parte de la Fiscalía, que quería que yo arreglara con ellos. Hace 10 meses que somos la peor basura, los Pablo Escobar y no sé qué otros narcos. Pero hace 10 meses que no nos acusan. ¿Por qué? Si somos la peor escoria, ¿por qué no nos acusan? Estamos luchando para que se sepa la verdad y estoy desesperada porque me acuse, para ir a juicio y demostrar que todo lo que digo es verdad. Pero seguimos así, de rehenes”, asegura. En seguida, piensa en el momento en el que le incautaron sus bienes y recuerda con algo de bronca que "hasta se llevaron la alcancía del hijo, en la que guardaba las monedas que le dejaba el ratón Pérez".
Fiege cree que “la estrategia de la Fiscalía” es cansarlos para que lleguen a un acuerdo. Dice que le ofrecieron que diera sus autos empadronados en Uruguay y US$ 8 millones a cambio de quedar libre. “Si yo fuera culpable, ¿no hubiera aceptado firmar eso? O sea, me quedaba con todos mis autos empadronados en Argentina, con las propiedades y mi libertad. Pero yo no quiero enseñarles a mis hijos que puedo comprar mi libertad”, agrega.
La versión de la Fiscalía es totalmente opuesta. En diálogo con El Observador, el fiscal del caso, Alejandro Machado aseguró que tiene pruebas para condenarlos en el juicio oral y que la pareja intentó más de una vez llegar a un acuerdo de reducción de pena a cambio de una confesión, pero él se negó. “Nos plantearon distintos acuerdos para no cumplir pena efectiva y seleccionar a algunos de los bienes embargados. Pero en mayo cerré cualquier posibilidad de negociación, me opuse. Por la gravedad de los delitos por los que se los investiga tienen que tener pena efectiva”, afirmó.
Machado es el tercer fiscal que interviene en la causa uruguaya y se suma un cuarto teniendo en cuenta la extradición. Para Fiege, los cambios de fiscal no hicieron la diferencia porque cree que todo viene encomendado “por el fiscal de Corte (Jorge Díaz), que está arriba”. Al segundo que tuvo el caso, Rodrigo Morosoli, la mujer piensa demandarlo por haber dicho en una audiencia “que era una mala madre”, según las palabras de la propia Fiege.
La lista de demandas que tiene en mente sigue. Por un lado, piensa denunciar a varios medios de comunicación que, afirma, los difamaron a ella y a Balcedo. También demandará a María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, por decir que el empresario era “un sindicalista narcotraficante” y al Estado uruguayo por “cada una de las personas empleadas de El Gran Chaparral que se quedaron sin trabajo” cuando la Justicia incautó todos los bienes de la familia. A esa demanda se le sumará otra contra la Fiscalía si la causa termina siendo archivada.
Fiege parece segura de que el día de la demanda contra el Estado llegará y que su caso pasará al olvido e insiste con esa idea que no para en su cabeza: “Siempre estuvimos con la conciencia tranquila y vamos a demostrarlo”.
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