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El electrocardiograma del gobierno: los altos y bajos del 2022
De ganar el referéndum por la Ley de Urgente Consideración al escándalo que derivó en el llamado caso Astesiano.
De lograr que se aprobara un proyecto para reformar la seguridad social a la polémica por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
De anunciar el fin del estudio de factibilidad para un TLC con China y presentar la adhesión al Acuerdo Transpacífico a los números rojos en homicidios.
El 2022 fue un año intenso para el gobierno. Ya sin la espada de damocles pandémica se vio obligado a salir a mostrar. Y en buena medida tuvo algunos goles para gritar vinculados a los índices económicos, obras como el proyecto Neptuno y reformas como la de la educación, que está en su fase incipiente.
Sin embargo, también fue un año en el que le sopló un fuerte viento en contra con la explosión de dos casos que lo dejaron al desnudo y sin poder de reacción, pero también con otras discusiones políticas, como la de las ollas populares, que lo obligaron a salir a explicar desde una posición defensiva.
Altas
Crece la economía
Aunque los motores siguieron funcionando a mínima potencia, la economía uruguaya sufrió un duro revés en 2020 a causa de la detención de las actividades por la pandemia, una baja que se revirtió durante 2021 y 2022, año en que las autoridades estiman que el crecimiento superará el 5%.
Este aumento, sumado a una baja del déficit fiscal y una recuperación del empleo, llevaron en los últimos días a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a señalar que las proyecciones del gobierno se habían cumplido por lo que en 2023 iban a poder concretar la rebaja en el IRPF y el IASS que anunció Lacalle Pou.
Reforma educativa
Con el objetivo de sacar a Uruguay del “fondo del pelotón”, durante todo el 2022 las autoridades de la educación discutieron y definieron una serie de cambios en Primaria, Secundaria y UTU que comenzarán a aplicarse en 2023, y buscan que el país empiece a revertir la brecha en la enseñanza de los niños y adolescentes. La transformación educativa no supone una modificación del régimen de asignaturas, ni la quita de calificaciones o la unificación de la educación primaria y media básica, como proponía el reciente diluido colectivo Eduy21. Pero limita la evaluación y agrupa los planes de estudio, en lo que es interpretado por algunos académicos como un primer paso para una reforma profunda.
La LUC queda firme
La Ley de Urgente Consideración (LUC), el proyecto ómnibus en el que la coalición aprobó gran parte de su programa de gobierno, recibió un espaldarazo a fines de marzo, cuando el NO venció por un ajustado margen al SÍ en el referéndum para derogar 135 artículos de esta ley.
La convocatoria fue impulsada primero por organizaciones sociales y luego por el Frente Amplio, señalando que estos artículos significaban un retroceso y que toda la ley había sido aprobada en una discusión rápida sin las garantías ni el debate necesario.
Pese a que fue mínima –la diferencia final fue de 50,01% a favor del NO y 48,6% por el SÍ–, y menor a la que esperaban, la victoria fue celebrada por el oficialismo, que vio en el resultado la consolidación de un mapa que había quedado configurado en 2019, cuando Lacalle Pou venció por 30 mil votos a Daniel Martínez, y también en 2020, cuando el Partido Nacional ganó 15 intendencias, el Frente Amplio 3 y el Partido Colorado 1.
Durante la campaña de recolección de firmas en 2021, el oficialismo prefirió llamarse a silencio y no debatir acerca de la iniciativa, una estrategia que cambió una vez que se supo que habría referéndum. Esta modificación provocó ásperos intercambios que tensaron la relación entre los sectores, ya que los defensores del NO acusaron a los impulsores del SÍ de hacer una campaña basada en mentiras y acusaciones falsas, lo que fue rechazado.
Apertura comercial y tensiones con el Mercosur
Conseguir nuevos mercados y que los productos uruguayos paguen menos aranceles son dos obsesiones del presidente Luis Lacalle Pou que sintetizan la estrategia de inserción internacional que tiene su gobierno.
Aunque aún no logró resultados concretos, este 2022 Lacalle Pou dio dos pasos que evidenciaron esa estrategia, al finalizar el estudio de factibilidad para la firma de un tratado de libre comercio con China y solicitar formalmente la adhesión al Acuerdo Transpacífico (CPTPP).
El estudio con China terminó en el mes de julio y las autoridades aseguraron que a la brevedad iban a comenzar las negociaciones, algo que no ocurrió, según el canciller Francisco Bustillo debido a demoras del gigante asiático.
A la espera de esas negociaciones, Uruguay depositó el primero de diciembre su pedido de sumarse al CPTPP, un selecto club de libre comercio compuesto por 11 países (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) con casi 500 millones de consumidores que representan 13,3% del PBI mundial.
Esta estrategia, de todos modos, le ha provocado dolores de cabeza con Argentina, Brasil y Paraguay, los socios en el Mercosur, que incluso lo han amenazado con acciones porque entienden que para firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque tiene que tener una autorización específica.
Lacalle Pou ha dicho que esto no es correcto y que la normativa ampara a Uruguay porque ninguna decisión restrictiva fue internalizada en el Mercosur.
Reforma de la seguridad social
Con votos de los legisladores de la coalición, el Senado aprobó a fines de diciembre el proyecto de reforma de la seguridad social, una de las principales prioridades del gobierno de Lacalle Pou.
La intención del oficialismo es que el proyecto sea sancionado en Diputados a principios de abril, antes que comience la Vuelta Ciclista, la tradicional carrera de Semana Santa cuyo fin se interpreta como el verdadero arranque del año en Uruguay.
La reforma fue uno de los compromisos de campaña del presidente y fue enviada al Parlamento tras varias idas y vueltas en la coalición acerca de la conveniencia política de impulsar una ley con cambios que podían resultar impopulares.
El Poder Ejecutivo fundamentó la necesidad de aprobarla señalando que el sistema actual tiene un serio desfinanciamiento que se verá agravado por un cambio demográfico muy marcado producto de la baja de la natalidad y del aumento de la expectativa de vida los uruguayos.
El nuevo sistema une a todas las cajas existentes bajo un mismo criterio, eleva a 65 años la edad de jubilación para la mayoría de la población, y realiza modificaciones en los cálculos para hacerlo más “sostenible” financieramente.
El Frente Amplio se opuso señalando que era “injusta”, que sus planteos “no fueron escuchados” y que el financiamiento recaerá en los trabajadores sin que sin que haya otros sectores que puedan ayudar a paliar el déficit.
Saneamiento y nueva toma de agua
Con votos de los directores oficialistas en el último directorio del año, OSE aprobó un proyecto para construir saneamiento en 61 localidades del interior del país.
La iniciativa privada, que fue presentada por un consorcio compuesto por Ciemsa, Teyma, Fast y Saceem a mitades de 2021, supondrá una inversión de US$ 284 millones que será asumida por las empresas y pagada por OSE en 25 años a través de un alquiler de la infraestructura.
El modelo de negocios definido fue una de las razones que mencionó el director por el Frente Amplio para rechazar el proyecto, ya que considera que OSE pagará US$ 300 millones más que si lo hiciera con recursos propios.
A su vez, destacó que la iniciativa original era de US$ 1.000 millones y fue fraccionada, por lo que en lugar de beneficiar a 560 mil personas lo hará a 160 mil.
Desde el oficialismo, en tanto, destacan que permitirá acelerar el ritmo de inversiones en saneamiento, que OSE no tiene fondos propios para asumir una inversión de esta envergadura, y aumentará de 50% a 70% la cobertura en el país.
Esta iniciativa se sumará a Neptuno, otro proyecto considerado relevante por el gobierno. Esta obra supondrá la construcción de una toma de agua y una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí en San José que auxiliará a la planta de Aguas Corrientes. Al igual que con el saneamiento, Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, se encargarán de la construcción y el mantenimiento mientras que OSE se hará cargo de la operación. Las inversiones ascenderán a US$ 210 millones; OSE pagará durante 28 años una cuota fija de US$ 39,8 millones anuales.
Bajas
Inflación y dólar bajo
En setiembre de 2020, tras entregar el proyecto de Presupuesto para los cinco años de gobierno, la ministra Azucena Arbeleche dijo en entrevista con El Observador que al equipo económico debían juzgarlo por el cumplimiento de la inflación y el déficit fiscal. Así como el manejo en las cuentas públicas ha llevado a que la trayectoria de este último indicador esté alineada con las previsiones, la inflación sigue por encima del rango establecido, y es un dolor de cabeza para las autoridades del Banco Central, que de todos modos confían en que podrán revertirla para 2024, el último año de gobierno.
Este viernes, el Comité de Política Monetaria (Copom) anunció un aumento en la tasa de interés a 11,5%, y señaló que la inflación anual se ubicó en 8,46% en noviembre. Esta cifra está más de dos puntos porcentuales por encima del techo del rango meta (6%), aunque viene bajando desde setiembre, cuando se registró la cifra más alta del año (9,95%).
A esto se suma una baja en el dólar, que cerró a $40,07, y provocó en los últimos meses diversas críticas que van desde los exportadores hasta legisladores del oficialismo, que entienden que afecta la competitividad y que es necesario una mayor intervención para revertirlo.
Salario de públicos y privados
Las negociaciones por aumentos salariales en pleno contexto de recuperación económica insumieron varios meses para las autoridades del equipo económico y del Ministerio de Trabajo, con un acuerdo en el sector público que comenzará a reflejarse en 2023. El gobierno recurrió a adelantar algunos incrementos para combatir el aumento de precios y el año terminará de forma dispar: mientras que los salarios privados habrán subido más que la inflación, los públicos cerrarán con un descenso en el año móvil.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este viernes que el poder de compra ascendió a 9,61% en los últimos 12 meses, un punto porcentual más que la inflación que fue de 8,46%. El sector privado
tuvo una recuperación de 1,4%, mientras que el poder de compra de los públicos arrastra un descenso de 0,5% en el último año móvil.
Aumentan los homicidios
Tras dos años con cifras a la baja, el 2022 se convertirá en el año con más homicidios desde la asunción de Luis Lacalle Pou.
El tema es definido como complejo por las autoridades, que durante el año han venido impulsando diferentes iniciativas para intentar revertirlo, hasta ahora sin resultados que puedan mostrar un cambio en la tendencia.
El aumento fue anunciado este jueves por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante una entrevista en canal 12 en la que dijo que el año terminará con 380 homicidios. Esta cifra representa 80 muertes más que las que hubo en 2021 y 50 más que las que se registraron en 2020.
Pese a esto, los números están por debajo de los últimos dos años de la gestión del Frente Amplio, ya que 2019 hubo 393 homicidios y en 2018 –año récord– 416.
Las muertes violentas fueron durante varios meses un dolor de cabeza en la interna del gobierno y las autoridades se aferraron a la hipótesis de que obedecían a enfrentamientos entre narcotraficantes fruto de la eficacia del combate que venía realizando el Ministerio del Interior, cuyo resultado podía observarse también en un descenso de rapiñas, hurtos, violencia doméstica y abigeato, y récord de cierre de bocas.
Debate sobre las ollas populares
Uno de los problemas derivados de la pandemia fue el surgimiento de ollas populares en diferentes puntos del país para alimentar a población que por diferentes circunstancias no tenía cómo hacerlo.
La situación, pese al fin de la emergencia sanitaria y la recuperación económica, se mantuvo durante todo el 2022, aunque la discusión derivó hacia un intenso debate acerca de la utilización de los alimentos y la cantidad de platos servidos en cada uno de los lugares.
Ese intercambio tuvo al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, como protagonista al acusar a la Coordinadora Popular y Solidaria, una organización que se dedicaba a gestionar ollas a través de redes, de “inflar los números”.
Tras una denuncia judicial, esta tarea pasó a ser realizada por el Ejército, y según las autoridades con el reparto directo se pudo notar una “baja sensible entre las porciones que se declaraban públicamente y las que se entregan en forma directa”, como dijo Lema.
Esto hizo a su vez que hubiera críticas desde el Frente Amplio, por señalar que el gobierno estaba persiguiendo organizaciones en lugar de destinar recursos para evitar que las personas tuvieran que estar teniendo que irse a alimentar a merenderos u ollas populares.
Astesiano y los pasaportes falsos
La detención –y posterior imputación– de Alejandro Astesiano fue un mazazo para el presidente y un duro golpe para todo el oficialismo, dado que el jefe de la custodia de Luis Lacalle Pou fue enviado a prisión por integrar una banda que se dedicaba a falsificar documentación para que ciudadanos rusos recibieran pasaportes uruguayos.
Por esta causa, además de Astesiano fueron imputadas cinco personas (dos rusos, un escribano y su esposa, y un diplomático), ya que la fiscalía comprobó que la organización funcionaba desde, al menos 2014, en el consulado de Uruguay en Moscú.
La investigación inicial, a cargo de la fiscal Gabriela Fossati, derivó en otras dos a partir del acceso a los chats incautados en el teléfono celular del excustodio.
La fiscal investiga posibles irregularidades en esas conversaciones, dado que Astesiano se ofrecía como un facilitador de negocios –muchos de ellos que no se concretaron– debido a su acceso a diferentes organismos, principalmente jerarcas policiales. De hecho, el director ejecutivo de la policía nacional, Héctor Ferreira, debió renunciar a su cargo mientras es investigado ya que se conoció que en esas conversaciones criticaba al senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez.
Ache renuncia por pasaporte de Marset
La entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por usar un pasaporte paraguayo falso puso en aprietos al gobierno durante gran parte del año, con las autoridades teniendo que dar explicaciones sobre cómo había ocurrido el proceso y justificando los motivos que llevaron a que recibiera el documento aunque estaba en prisión.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Francisco Bustillo fueron interpelados en el Senado por el Frente Amplio, en una sesión en la que revelaron que habían existido comunicaciones entre el subsecretario Guillermo Maciel y la vicecanciller Carolina Ache aunque aseguraron que “nadie” sabía que Marset era un narcotraficante.
Pero un pedido de acceso a la información realizado por legisladores de la oposición, entregado por la Justicia, permitió saber que esta información no era correcta, ya que Maciel le había dicho a Ache que Marset era un narcotraficante “pesado y muy peligroso” cuya liberación “sería terrible”.
Esta situación hizo que el sector Ciudadanos del Partido Colorado, al que pertenecía la vicecanciller, analizara si le mantenía el respaldo, lo que provocó la renuncia de la jerarca y la designación de Nicolás Albertoni como su sucesor.
