El escenario que puede dejar a Alan García igual que a Julian Assange

Si bien hasta el momento el proceso para definir el asilo transcurre sin inconvenientes -el presidente Martín Vizcarra ya le comunicó a Tabaré Vázquez que enviará "pronto" la información sobre la situación jurídica de García para que Uruguay tome su decisión- hay un escenario de esta trama que implicaría una confrontación.

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García pidió la protección internacional de Uruguay luego de que la Justicia peruana le cerrara las fronteras por un lapso de 18 meses desde el mismo sábado porque la Fiscalía amplió una investigación en su contra en la que se lo indaga por recibir supuestos sobornos pagados por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. Y Uruguay no solo dio inicio al trámite, sino que el canciller Rodolfo Nin Novoa recordó que el país tiene "una larga tradición" en la aplicación de este instituto, al que Uruguay adhirió y ratificó -al igual que Perú - en la Convención de Caracas de 1954.

La "larga historia" tiene varios antecedentes: en 1959 se acogió en la embajada de Cuba a un centenar de políticos iseleños que habían sido derrocados por Fidel Castro; en 1999 fue protegido el general paraguayo José Segovia que decía temer por su vida -su casa había sido incendiada-; y entre 2003 y 2005 tres militares pidieron ayuda en la embajada uruguaya en Caracas (Venezuela), porque adujeron ser perseguidos por el régimen que entonces lideraba Hugo Chávez.

Pero en todos esos casos los Estados no se opusieron al cerco protector que ofreció Uruguay, algo que hoy aún está dentro de las opciones en caso que Uruguay otorgue el asilo. Por lo pronto resulta evidente que para el Ejecutivo peruano, la solicitud de García no se ajusta a la realidad. Sobre las cuatro de la tarde de este domingo, Vizcarra aseguró en su cuenta de Twitter que no compartía lo que había hecho García. "No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones. Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales", escribió el mandatario.

En el mismo sentido, la prestigiosa Sociedad Peruana de Derecho Internacional expresó mediante un comunicado que "en Perú existe un estado pleno de derecho, donde no hay persecuciones políticas, ni religiosas, ni de ningún tipo". Para este instituto, no hay ningún tipo de persecución política sobre el expresidente. También reivindican la separación de poderes "donde el Poder Judicial tiene las garantías de autonomía e independencia y prueba de ello está en el hecho que así como se investiga a Alan García, también se viene procesando a otros ex mandatarios peruanos incluyendo al líder del partido de gobierno actual".

Finalmente recuerdan que "no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes" y, por eso instaron al gobierno uruguayo a "aplicar correctamente la Convención (de Caracas), sin desnaturalizarla y así no se genere un mal precedente respecto a la esencia del derecho de asilo". 

Si Uruguay concede el asilo pero el gobierno peruano -en función de los argumentos antes expuestos- no habilita el salvoconducto puede ocurrir la misma situación por la que atraviesa desde 2012 el periodista australiano y fundador de la plataforma Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, algo a lo que el país anglosajón se opuso en un principio.

Assange recurrió a esa vía cuando Suecia solicitó la extradición porque allí enfrentaba un juicio por una agresión sexual, y acudió a la embajada de Ecuador porque en Europa el asilo no es un instituto extendido. Pero como Inglaterra se opuso -pretendía extraditarlo al país que lo requería-, no le fue otorgado el salvoconducto para que pudiera salir del país, y desde hace seis años vive encerrado en la embajada, aunque el caso ya fue cerrado. Eso llevó a tensiones y desencuentros entre Ecuador e Inglaterra, que "lamentaba" la decisión de los latinoamericanos.

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Otro caso similar, aunque por razones estrictamente políticas, ocurrió en Perú hace 70 años, y con el fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Víctor Haya de la Torre.

El líder popular fue acusado de liderar una revuelta militar contra el gobierno democrático de turno en 1948, y el político tocó la puerta de la embajada de Colombia en Lima. El asilo le fue concedido, pero Perú -entonces gobernado por el dictador Manuel Odría, que tomó el poder ese mismo año- se opuso y no le dio el salvoconducto para que pudiera salir de frontera porque consideraba que los delitos que había cometido estaban ajustados al derecho ordinario.

El caso fue llevado a la Corte Internacional de Justicia que concluyó que Colombia no estaba obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas y que los delitos no habían sido probados.

Décadas más tarde, García que también integra el APRA, volvió a tocar la puerta de una embajada de un país latinoamericano en Lima.