Nacional > Frente Amplio

El FA busca una limpieza general antes del año electoral y Tribunal les da un revuelco a Sendic y De León

Los dos principales dirigentes de la 711 llegarán al Plenario con cuestionamientos muy serios a su conducta

Tiempo de lectura: -'

04 de diciembre de 2018 a las 05:02

La fiesta del Congreso pasó rápido. A menos de 24 horas de que los frenteamplistas corearan juntos el nuevo jingle de campaña y escucharan a sus precandidatos hablar sobre la importancia de la ética, los delegados de cada sector de la coalición recibieron en su casilla de correo electrónico un mensaje con 17 documentos cargados de cuestionamientos a dirigentes de la fuerza política.

El FA tomó la decisión de sacar a relucir todos sus trapos sucios antes de fin de año, para llegar “limpio” al año electoral que se avecina. El 15 de diciembre realizará un Plenario Nacional para tomar una resolución respecto a 17 dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP), que incluyen críticas muy duras a los dos principales dirigentes de la lista 711 (el exvicepresidente Raúl Sendic y el actual senador Leonardo de León) y al excanciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Además, se suman reproches a la conducta del exdiputado Gonzalo Mujica (ya desvinculado del Frente), al diputado Darío Pérez (por desacatar la disciplina partidaria en 2015 junto a Sergio Mier y el fallecido Víctor Semproni). 

Caso De León 

El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio concluyó que el senador de la 711 Leonardo de León incurrió en "múltiples actos indebidos en perjuicio" de ALUR y "del interés y patrimonio públicos".

En abril de este año, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ya había cuestionado la conducta de De León, destacando que fue incapaz de justificar "más de 130 gastos" realizados con las tarjetas corporativas, por un importe total "superior a los US$ 22.000". Un mes más tarde, el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco pidió archivar la causa argumentando que a De León no se le podían imputar delitos dado que ALUR opera bajo derecho privado.

El organismo del FA, sin embargo, consideró que ello “no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público”. 

En su informe, el TCP le critica que "la falta de rendiciones de cuentas y de presentación de facturas impiden dilucidar hasta qué punto es aplicable la explicación a sus gastos", y destaca que de 267 gastos solo en 17 "el Cro. De León dio alguna precisión mencionando la presencia de otros participantes u otras circunstancias que podrían explicar el pago con tarjeta corporativa", según dice el informe al que accedió El Observador. Además, el tribunal “reprueba” su negativa a responder preguntas, “contradiciendo” su promesa realizada ante el organismo.“El Cro. De León rehusó comparecer. Esta actitud obliga al Tribunal a apreciar los hechos sin la información que podría haberse extraído de ese diálogo. El Tribunal considera reprobable esta actitud del Cro. De León, y además se siente obligado a señalar ciertos aspectos de sus manifestaciones. El Cro. De León desconoce la función estatutaria del Tribunal", expresa el informe. 

Para el tribunal hay 219 gastos realizados desde 2013 –cuando se hizo un instructivo de rendición de cuentas de gastos en ALUR– que son “irregulares” porque cuando se trató de alojamiento o alimentación, debieron haberse pagado con el dinero de los viáticos y no con la tarjeta corporativa, al tiempo que en todos los restantes no se rindió cuentas, cuando la normativa obligaba a hacerlo.

El informe destaca que algunos gastos en restaurantes y estaciones de servicio pagados con la tarjeta corporativa se hicieron cuando el actual senador estaba de licencia. En tanto, el fallo señala que en 18 casos pagó alojamientos con la tarjeta corporativa, cuando al mismo tiempo había recibido viáticos. Además, no se entregaron comprobantes de esos gastos. 

"El pago mediante una tarjeta corporativa de gastos que no correspondían o que estaban cubiertos por el viático constituye una infracción que en el caso de ALUR, dada la composición de su capital, supone una defraudación en perjuicio no sólo de la empresa, sino también del patrimonio público", manifestó el TCP.

Respecto a un pago de hoteles en Madrid y Barcelona en febrero de 2014, De León aseguró que devolvió el dinero porque había recibido viáticos, y para demostrarlo  presentó un papel en el que figura una devolución de 630 euros. Sin embargo, ese documento no es un recibo, no está firmado, ni tiene sello de autenticación alguna, y fue emitido por el asistente de De León, por lo que fue rechazado como verdadero comprobante de la devolución. 

Ante el tribunal, De León señaló que los estados de cuenta bancarios que venían con la tarjeta “hacían las veces de rendiciones de cuentas y eran los debidos comprobantes respaldatorios de los gastos realizados”. Sin embargo, esto fue rechazado por el tribunal que señaló que estos estados contables “no pueden sustituir un comprobante que indique circunstancias, motivos, concepto y detalle del gasto”. 

Negociaciones

El fallo del tribunal contra De León, en una línea no muy distinta a sus conclusiones respecto a Raúl Sendic, compromete a los referentes de la 711 a una fuerte sanción de los sectores, que ya comenzaron a discutir qué sanciones podría caberles. 

De todas formas, el estatuto del Frente Amplio es muy exigente a la hora de imponer una sanción: cualquier moción en ese sentido requiere al menos cuatro quintos del Plenario, lo que hace necesario llegar a esa instancia con cierto consenso entre las principales fuerzas. Con 36 de los 175 votos se puede trancar cualquier moción de sanción e incluso con menos votos puede naufragar una resolución; por ejemplo, si una parte de los integrantes se retira de sala.

Sobre Sendic, el TCP entendió que había tenido "un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", que "comprometía su responsabilidad ética y política". Además, rechazó sus alusiones a que la cuantía de sus gastos era "muy moderada", aduciendo que "desde el punto de vista ético la cuantía de una malversación y el grado de enriquecimiento tienen importancia sólo relativa". "Un enriquecimiento indebido de monto poco importante es también una violación de principios que deben considerarse fundamentales", expresó en su momento el tribunal.

Otros casos
Además de Sendic y De León, hay varios cuestionamientos a dirigentes que desacataron resoluciones de la orgánica. Entre ellos están el diputado de Liga Federal Darío Pérez, el actual dirigente del Partido Nacional Gonzalo Mujica, el fallecido Víctor Semproni, así como un puñado de ediles de Salto. 
El excanciller Luis Almagro es objeto de dos dictámenes del Tribunal. En uno, firmado en abril de 2017, se declara que el FA "está impedido de juzgar" su conducta mientras siguiera en su cargo en la OEA. Sin embargo, en setiembre de este año, luego de que Almagro dijera que no podía descartarse una intervención militar en Venezuela, el TCP resolvió juzgarlo de oficio y concluyó que sus dichos constituyeron la "violación más grave" de los "principios" del FA. Además, el segundo dictamen señala que el Plenario ahora sí está habilitado a sancionarlo.
El Tribunal también resolvió de oficio analizar la conducta de la exsenadora suplente Michelle Suárez, que pertenecía al Partido Comunista. En mayo de este año, luego de que la Justicia la procesara por falsificar firmas, el tribunal se comunicó con la abogada para notificarla, pero a las dos semanas Suárez renunció al Frente Amplio, y su caso se cerró.
Otro dictamen refiere a la conducta del comité del exsecretario de finanzas del Comité "Paco Espínola", acusado en 2016 de quedarse con plata que era para el alquiler. A juicio del Tribunal, se trata de "un caso gravísimo de despojo al Frente Amplio y a sus militantes, cometido por quien asumió la responsabilidad de la custodia y la administración de esos bienes". El suyo es el único caso en el que el tribunal "recomienda su expulsión". 
Por su parte, hay reproches al comportamiento de ediles salteños que "adulteraron boletas" .
En otras situaciones, el Tribunal se declaró incompetente para hacer un juicio. También hay lugar para absueltos, como el exdirector de OSE, Daoiz Uriarte, quien se presentó por su propia voluntad ante el Tribunal para que evaluara su uso de las tarjetas corporativas. El organismo entendió que "los pagos efectuados por Uriarte a título de gastos de representación de OSE no dan lugar a observaciones". Lo mismo ocurrió con una edil de Soriano acusada por la Mesa Departamental de incumplir el reglamento referido a la partida complementaria. 
REPORTAR ERROR

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 245 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 245 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 245 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...