8 de diciembre de 2015 5:00 hs

Pese a la resistencia inicial y las contradicciones internas, en la última década de gobierno del Frente Amplio las penas a los delincuentes se han endurecido. Y aunque cada vez que se plantea un aumento del castigo a distintos delitos aparece una nueva discusión, la tendencia sigue consolidándose. El Ministerio del Interior prepara ahora un proyecto de ley para quitar el beneficio de la libertad anticipada a los reincidentes.

El péndulo frenteamplista se ha movido en 10 años de penas blandas a duras. En setiembre de 2005, cuatro meses después de asumir Tabaré Vázquez como presidente de la República, el Parlamento aprobó la ley de humanización de las cárceles, para descongestionar los penales y reducir así el hacinamiento. El primer año quedaron en libertad 750 presos. Pero luego, con el paso de los meses y el incremento de los delitos, las propuestas de aumentar o endurecer las penas para los delincuentes fueron apareciendo en el gobierno del Frente Amplio. Algunas crecieron y se convirtieron en ley; otras quedaron por el camino.

La última propuesta manejada por el gobierno refiere a quitarle beneficios a los reincidentes. "Estamos pensando en promulgar una ley que impida a aquellas personas que han cometido delito, que son reincidentes, que puedan hacer uso del beneficio de la libertad anticipada, porque estamos viendo que hay muchísima reincidencia", dijo el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, en El Observador TV.

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"No tendríamos que estar viendo gente que fue procesada hoy y que fue procesada el año pasado y el otro. La sociedad les da la posibilidad una o dos veces para poder rehabilitarse y después para poder rehabilitarse tienen que estar en la cárcel, por lo que vamos a tratar que la libertad no sea un beneficio para estas personas", agregó.

Por lo general, los presos no suelen cumplir la totalidad de la pena que les impone el juez, sino que suelen salir en libertad antes. "El año pasado se procesaron 7.000 personas y quedaron en libertad 7.000. Si el 50% reincide, tenemos 3.500 personas que cometen delitos", graficó Vázquez.
El 20 de junio de 2012, el gobierno presidido por José Mujica presentó un paquete de 15 medidas que denominó "estrategia por la vida y la convivencia". La medida que se llevó todas las miradas fue la regulación del mercado de la marihuana, que regula la producción estatal de cannabis. Pero en el paquete de medidas había dos que apuntaban a endurecer las penas de los delincuentes. Por un lado, se propuso más penas para la corrupción policial y el tráfico de pasta base, y por otro privar de libertad por lo menos durante un año a los menores que cometen delitos graves.

Las iniciativas prosperaron, aunque el aumento de penas para el tráfico de pasta base no se puede aplicar, debido a que no existe en el país la tecnología suficiente ni los criterios requeridos para distinguir a la pasta base que se comercializa en el mercado de la cocaína en forma de clorhidrato.
Ante esta emboscada jurídica, el juez Néstor Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez, ambos especializados en crimen organizado, consideran que deberían aumentarse las penas para el tráfico de cocaína. Algunos de los principales líderes de la oposición (Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres) están de acuerdo.

El aumento de penas siempre luce como una posibilidad tentadora para los legisladores ante los reclamos de una ciudadanía que exige más y mejor seguridad. Una comisión parlamentaria estudió la modificación del Código Penal durante la legislatura pasada pero no logró los votos necesarios para aprobarlo. El estudio del Código Penal se retomó en este período de gobierno.

La semana pasada el gobierno movió otra ficha en pos de endurecer el castigo ante una situación que se repite, y resolvió que enviará un proyecto de ley que crea el delito de feminicidio para agravar así las penas para los homicidas de mujeres.

Por el camino quedaron otros intentos de aumentar las penas, como el Código Penal Juvenil, redactado por una comisión de expertos, que proponía duplicar la pena máxima para los menores infractores, llevándola a 10 años.

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