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Frente Amplio reclama expedientes administrativos de “acuerdo transaccional” con Katoen Natie

El gobierno defiende la resolución al tiempo que la empresa belga y Montecon cruzan acusaciones públicas mediante comunicados

Ferrés y Heber defendieron el acuerdo y la extensión de la concesión en el Parlamento

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12 de mayo de 2021 a las 05:03

La bancada de senadores del Frente Amplio promoverá un conjunto de acciones para reclamar que el Poder Ejecutivo amplíe la información sobre la negociación del gobierno con la empresa belga Katoen Natie para la extensión por 50 años de Terminal Cuenca del Plata en el puerto de Montevideo y sobre el acuerdo que dejó sin efecto un juicio de la multinacional por US$1.786.000 por entender que se le había perjudicado a favor de Montecon, el principal operador de contenedores en los muelles públicos.

La oposición pedirá este miércoles más detalles sobre los expedientes administrativos y los informes jurídicos que tomó en cuenta el gobierno en la resolución que llevó al acuerdo para evitar el juicio, así como para la extensión de la concesión.

Los legisladores reclaman que el gobierno entregue las “actuaciones administrativas correspondientes” a todos los informes jurídicos tenidos en cuenta y las consultas realizadas a juristas, expedientes, dictámenes, análisis económicos y resoluciones “que justifican la decisión de adoptar el acuerdo transaccional”, según un pedido de informes que presentarán este miércoles ante la vicepresidenta Beatriz Argimón. La oposición también señaló que “no ha quedado claro” si “se dio cuenta al Tribunal de Cuentas de la República del contenido del acuerdo”.

Uno de los puntos a los que hace mención el Frente Amplio en su petitorio es que “explique si el informe de (Augusto) Durán Martínez fue presentado en sus carácter de asesor de la empresa Katoen Natie o el Estado uruguayo”, en referencia al especialista en derecho administrativo que representa legalmente a la empresa belga.

Fuentes de la Administración Nacional de Puertos explicaron a El Observador que el informe jurídico que sustenta la posición del gobierno fue realizado por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y que las referencias a Durán Martínez fueron por estudios académicos anteriores citados en términos de experto en reglamentación portuaria.

Los senadores frenteamplistas en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado, Eduardo Bonomi, Mario Bergara y Charles Carrera, también realizaron el mismo pedido mediante una solicitud de acceso a la información pública.

El acuerdo por 50 años desde 2031 (hasta 2081) sobre la terminal especializada de contendores también fue analizado el lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Los socios de la coalición, que continuarán con el análisis del tema, entienden “en principio” que es “favorable” pero plantearon “dudas en lo jurídico”.

“En términos generales se estimó que el acuerdo realizado en lo sustancial sería en principio favorable al interés nacional, pero con dudas en lo jurídico y la riesgosa perspectiva de una acción judicial ante el Tribunal de lo Contencioso y de otro eventual reclamo internacional”, sostuvo una declaración emitida por los colorados, que continuarán con el análisis del tema.

La extensión de la concesión que el gobierno otorgó para la terminal especializada de contenedores, además del debate político, también provocó un nuevo cruce entre Katoen Natie y Montecon.

La compañía que opera en los muelles públicos advierte que el gobierno le asegura un monopolio del mercado a su competidor.

“Más allá de lo discutible y controversial de esta decisión, lo grave del acuerdo es que este se basa en otorgarle por decreto la prioridad de atraque de los buques porta contenedores a la terminal especializada”, había afirmado en marzo el general manager de Montecon, Juan Olascoaga, en un mensaje interno a los trabajadores de la empresa.

Por su parte, la compañía afirmó este martes que mediante la resolución del gobierno, además de la “grave e ilegítima intervención del gobierno en el mercado", habrá un "privilegio en favor de un competidor, priorizando a un privado y perjudicando a otros", contrario a lo dispuesto en la ley de Puertos, que adoptó un "régimen de libre competencia" en 1992.

El gobierno rechaza esto, tal como lo expresaron tanto el prosecretario Ferrés como el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, en su última comparecencia ante el Parlamento, el 5 de mayo en la Comisión de Transporte del Senado.

Katoen Natie, por su parte, respondió en la noche de este martes mediante otro comunicado en el que afirmó que Montecon “hace más de 12 años utiliza estos espacios portuarios sin haber participado de ningún proceso competitivo”.

"Lamentablemente nos vemos en la obligación de aclarar que Montecon vuelve a tergiversar la información intentando transformar una tarifa vigente en el tarifario portuario como si fuera un título de uso habilitante de espacio físico portuario. Los espacios dentro del recinto portuario pueden ser utilizados por operadores portuarios habilitados únicamente en el marco de lo que establece la Ley de Puertos en su Artículo 11 literal B, que en forma obligatoria deben ser otorgados con la aprobación del Poder Ejecutivo", agregó la compañía belga.

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