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El "gesto" que pidió Cabildo Abierto en el Parlamento y abrió nuevo debate sobre el pasado reciente
Con los votos del oficialismo, el Senado le pidió oficialmente al Poder Ejecutivo –que tiene iniciativa privativa en este sentido– el envío de un proyecto de ley que repare "moral y económicamente" a las víctimas del accionar guerrillero antes y durante la última dictadura familiar y obligue al Estado a asumir la responsabilidad de esos hechos. La iniciativa se discutió y votó de forma bastante tranquila este martes en la cámara alta, aunque luego de un debate de fondo que se había producido previamente en la Comisión de Constitución y Legislación.
Se trata de la cuarta iniciativa en su tipo que se presenta en el Parlamento en los últimos veinte años. La primera fue en 2003, por parte del Partido Colorado. Le siguió un proyecto del nacionalista en 2017 y otro a fines de 2020, presentado por Cabildo Abierto y que nunca llegó a discutirse. El pedido al Ejecutivo, también redactado por los cabildantes, toma como base este último proyecto y refiere a las víctimas de “actos violentos cometidos por bandas o grupos armados de carácter ideológico" entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976.
Hace dos años, cuando presentó el proyecto, Cabildo Abierto había puesto sus esperanzas en el que el Frente Amplio –en particular el Movimiento de Participación Popular– diera sus votos. "Sería un gesto hermosísimo", había declarado entonces el senador Guillermo Domenech. Su deseo no se cumplió y ahora el senador cabildante lo lamentó.
"Mi aspiración era que el Frente Amplio lo votara", comentó en la comisión este jueves 8. "Pienso que se le hace justicia a gente que, sin ninguna intencionalidad o militancia política, sufrió consecuencias adversas en su vida". Insistió allí en que su intención fue generar un ámbito de reconciliación, paz y superación de esos hechos, redactando una iniciativa "votable" por todos los partidos.
Por el Frente Amplio, Liliam Kechichian fundamentó la decisión de su partido. En particular, cuestionó que el pedido no señale específicamente a cuántas personas beneficiará la reparación. Kechichian sostuvo que muchas de las personas a las que abarcaría el pedido ya fueron reparadas moralmente. El texto no lo aclara, pero en Cabildo Abierto se estima que unas 80 personas –entre militares, policías y civiles– serían beneficiadas.
Al respecto, Kechichian sostuvo que muchas de esas personas ya recibieron su reparación. Citó allí una resolución de la Junta Departamental de Montevideo que en 2003 aprobó la colocación de una placa en Avenida Italia y Abacú en memoria de los cuatro soldados asesinados en 1972. En Maldonado, recordó, se hizo lo mismo con el peón rural Pascasio Báez. Lo mismo sucedió en dependencias militares y policiales de todo el país. "Policías y militares caídos en servicios, todos o casi todos, han sido reparados y, según las informaciones que hemos recabado, algunos civiles muy emblemáticos de esos años también", dijo Kechichian.
"Estamos de acuerdo con que las muertes de personas inocentes sean atendidas, miradas en la más amplia gama", agregó. Su postura fue respaldada por el senador Charles Carrera. "Hay algunos casos que hay que discutir", dijo el referente del Movimiento de Participación Popular. "Hay que analizar cuáles fueron los casos en los que no existió reparación".
Desde Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía valoró la intención "honesta y genuina" de Domenech. Sin embargo, y apelando a la redacción de la minuta, se preguntó si también abarcaría a los que fueron víctimas de "algunas organizaciones juveniles" de derecha que actuaron durante esos años. También consideró opinables las fechas elegidas. Allí recordó lo que le sucedía en la década de 1950 a la familia del músico Eduardo Darnauchans, cuando, en Tacuarembó, los comercios se negaban a venderles por su condición de militantes comunistas.
Por otra parte, recordó otro caso de una "víctima de la guerrilla" que ya fue reparado. Se trata del capitán Ernesto Motto, un marino que resultó ser uno de los cuatro asesinados por los tupamaros el 14 de abril de 1972, acusado de pertenecer al Comando Caza Tupamaros. La base naval de La Paloma , recordó, lleva su nombre desde 1994.
La postura de Bianchi
"Todos sabemos de qué estamos hablando, así que no vamos a andar con gre gre para decir Gregorio", intervino la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que celebró el envío de la minuta para que así el Poder Ejecutivo tome rápidamente una decisión. "A Oroza y a Diego Burgueño mucho más tiempo no les podemos dar", dijo. "Todos sabemos quiénes son, y quién es Sergio Molaguero".
La senadora se refería a tres casos emblemáticos de víctimas del accionar guerrillero. Vicente Oroza era un chofer de Cutcsa que fue asesinado por el MLN durante un control militar al ómnibus en el que trabajaba. Burgueño es el hijo del civil muerto en 1969 en la "Toma de Pando" a manos de Tupamaros. Molaguero, en tanto, permaneció secuestrado más de dos meses en manos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales.
Bianchi recordó también al funcionario de Nipoplast, que fue asesinado por haber alertado a la policía de un operativo guerrillero en esa empresa. "Aunque ya llegamos tarde, hay personas que merecen ser reparadas", dijo Banchi. "Más allá de que vengo de una izquierda donde no se aceptaban las reparaciones, pero eso es muy viejo".
La senadora dudó que esta minuta sirviera como un signo de pacificación. "Soy mucho más modesta en el sentido decir que hay situaciones en las que no me da el rostro, y sobre todo me da mucha bronca como contribuyente, de que el dinero que pago con los impuestos –que es mucho– vaya a determinadas personas y no a otras", concluyó.
