El gobierno y el partido

El tema de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Chile es uno de los varios e importantes cortocircuitos entre la estructura del Frente Amplio y el gobierno frenteamplista, y también entre esa estructura y la casi totalidad de la bancada parlamentaria, sus nueve décimos. No fue el único ni solo han sido de este tercer gobierno. También hubo un cortocircuito mayúsculo entre el presidente de la República –en los hechos respaldado mediante silencio por el Consejo de Ministros– y la bancada parlamentaria en el primero de los tres gobiernos, en relación al tema del aborto.

No deben confundirse los cortocircuitos entre esas tres patas del oficialismo –gobierno, parlamento, estructura del partido– con disidencias individuales que le afectan la mayoría parlamentaria, como el no voto del diputado Víctor Semproni a la ley anulatoria de la Ley de Caducidad o el no voto del diputado Andrés Lima (hoy intendente de Salto) que impidió aprobar una despenalización del aborto con los contenidos y alcances diseñados en el Frente Amplio, ambos en la primera mitad del segundo gobierno; o el no voto del diputado Darío Pérez a la ley de establecimiento de un impuesto a las pasividades militares. Esto último –estos tres casos mencionados y otros similares– son temas de disciplina partidaria, o visto del reverso, temas de libertad de los representantes.

El problema del Frente Amplio no es intrínseco del Frente Amplio ni de la izquierda. Corresponde ver primero cuál es la experiencia nacional desde la creación del Estado moderno, desde que Uruguay es una poliarquía plena o en algunos momentos semiplena.

El Partido Colorado careció de autoridades partidarias comprensivas de todo el partido hasta los inicios de 1983, como producto de las elecciones generales de autoridades partidarias convocadas por el régimen militar. Pero esas autoridades funcionaron a plenitud, como el gran centro de decisión política, en las postrimerías del gobierno militar, cuando la dirigencia del partido no competía con ninguna autoridad estatal emanada del partido, ya que no participaba del gobierno militar ni existía un Parlamento elegido. Pero apenas se instalaron las autoridades estatales, en febrero de 1985, la autoridad partidaria pasó a un plano secundario, del que no salió ni cuando fue socio menor de un gobierno nacionalista, ni cuando pasó a la oposición, hace ya trece años largos.

Más hacia atrás, se encuentra un período de intensa actividad partidaria, pero estuvo esencialmente situado en las fracciones, fundamentalmente en el batllismo (Partido Colorado Batllismo) y con menor intensidad en el riverismo (Partido Colorado Fructuoso Rivera, más tarde Partido Colorado Por la Patria). En el caso del batllismo, del primer batllismo, el papel relevante de la autoridad partidaria y esencialmente de su multitudinaria convención, o fue cuando el líder máximo (José Batlle y Ordóñez) se sentaba en el partido y no en el Estado, y cuando el poder estatal quedaba diluido por un Poder Ejecutivo colegiado.

El Partido Nacional fue hasta hace muy poco el partido con mayor trayectoria de funcionamiento orgánica, cuyo Directorio ofició en general como centro de la decisión política. Aunque caben dos precisiones. La primera es que ese partido, entendido como el conjunto de la colectividad blanca, no contó con una autoridad central hasta aproximadamente 1970, o quizás con mayor claridad hasta 1972. Antes contó con al menos dos autoridades (dos Directorios) y a veces más de dos. Pero cada Directorio operó como autoridad de cada parte del partido, y eso ocurrió también en el gobierno, pero cuando ese gobierno fue colegiado (1959-63 y 1963-67). En cambio, el Directorio no resistió a la competencia con un poder presidencial emanado del propio partido, y pasó a un plano secundario durante la Presidencia Lacalle Herrera (1990-95).

En el caso del Frente Amplio hay varias etapas: en la oposición, bajo la Presidencia Brovetto y después. En la oposición la Mesa Política y el Plenario oficiaron de autoridad central plena, inclusive rígida y centralizada. En el gobierno, bajo la presidencia de Brovetto, pasó a ser una estructura de organización y militancia, pero no de decisiones políticas. Es que en el primer gobierno de Vázquez todas las cabezas políticas se sentaban en el Consejo de Ministros (o casi todas) y en la administración Mujica el juego entre el presidente y su vice (Astori), prácticamente lograba el seguimiento de todo el partido; maximizado este juego con la asunción de Mónica Xavier a la Presidencia del Frente Amplio. Pero ya comienzan los chisporroteos entre la estructura, la bancada y el gobierno. Alcanzan el máximo en la actualidad.

Uno. El Consejo de Ministros no es representativo de todo el abanico del Frente Amplio y esencialmente se compone del entorno de Tabaré Vázquez, con algunos elementos ajenos.

Dos. La correlación de la bancada parlamentaria es contraria al peso presidencial, como que Mujica puede pesar en alrededor del 60% o más de la misma, y Vázquez necesita el apoyo de Astori para llegar al respaldo de poco más de la cuarta parte.

Tres. La estructura del Frente no guarda correlación alguna ni con el gobierno, ni con la bancada parlamentaria ni con el electorado nacional. La mitad de la estructura se correlaciona más o menos correctamente con el electorado, aunque no plenamente, producto de las elecciones propiamente internas del partido en 2016. La otra mitad, que a duras penas puede exhibir una representación equivalente al 1% del electorado frenteamplista, no guarda correlación alguna ni con gobierno, ni con bancada, ni con electorado nacional.

Cuatro. La Presidencia del Frente Amplio cumplió un rol político relevante bajo Mónica Xavier, y ese papel no se ha logrado repetir. Quizás Lucía Topolansky desde la presidencia del Parlamento y la vicepresidencia de la República constituya el puente más efectivo, pero que no alcanza a los juegos institucionales de la estructura.