Gustavo Petro, presidente de Colombia

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El grupo paramilitar Clan del Golfo rechaza plan de paz del gobierno de Gustavo Petro

La Paz Total propuesta por las autoridades consiste en aplicar penas de hasta ocho años para los narcotraficantes que se entreguen a la Justicia
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04 de abril de 2023 a las 16:30

El abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, dijo que sus “clientes” no están de acuerdo con la propuesta de dejar las armas y entregarse a la Justicia tal como propuso el presidente Gustavo Petro.

El lunes, Giraldo, dijo que “la Paz Total” no es lo que este grupo paramilitar quiere como salida al conflicto armado en Colombia.

A diferencia del diálogo que el gobierno de Petro sí logró con las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) volvió a las operaciones armadas y eliminó a ocho soldados la semana pasada en una emboscada.

Petro ordenó a las Fuerzas Armadas no dar tregua al ELN y, sin embargo, espera que vuelvan a una mesa de negociaciones.

El Clan del Golfo se financia desde hace años con el narcotráfico. De origen paramilitar, la organización es también conocida como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que reivindican sus cabecillas. Una denominación que no les cabe porque Jorge Eliécer Gaitán fue un líder popular carismático asesinado en 1948 porque era candidato a presidente y quería pacificar el país.

"Si es por la vía del sometimiento aquí no va a haber Paz Total nunca, eso está claro y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia quieren es negociación o diálogos, pero no se van a jugar a esa ley de sujeción que entre otras va a ser un gran fracaso", sentenció el abogado en entrevista con W Radio de Bogotá.

La iniciativa de Petro ofrece para los grupos narcotraficantes que abandonen el negocio y se entreguen a la Justicia. Propone penas de máximo ocho años de prisión y conservar 6% de sus fortunas.

Desde que llegó al poder el 7 de agosto, el mandatario se propone terminar el último conflicto interno del continente mediante negociaciones con los grupos que siguieron en armas tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC logrado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

El Gobierno suspendió el 18 de marzo una tregua bilateral que regía desde enero de 2023 con el Clan del Golfo, por los ataques de los narcos a militares y civiles. Sin embargo, sigue habiendo "comunicación constante y permanente" entre las partes, aseguró Giraldo.

El abogado representa a la cúpula de la organización, cuyo máximo líder es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, quien se hace llamar comandante Javier o Chiquito Malo.

Chiquito Malo reemplazó a Otoniel quien fue el jefe de los narco-paramilitares capturado y extraditado a Estados Unidos en 2022.

En un video del 26 de marzo este grupo envió un mensaje en video a Petro: "Seguiremos creyendo en las promesas de paz" del presidente pese a que "nos cierra las puertas". En el video se ve a un grupo con fusiles y camuflados en medio de la selva.

El mensaje fue también enviado al comisionado para la Paz, Danilo Ruega, y asegura que su decisión tiene "el consenso" de los altos mandos.

"Estamos atendiendo de esta forma el llamado del Gobierno a la paz total como una política de Estado", indicaron, para agregar que los abogados contratados "están plenamente facultados en todo lo que tenga relación directa o indirecta con la paz total". Estos abogados "no pertenecen ni han pertenecido nunca a las AGC ni a ningún bloque ni al Estado Mayor", aunque por el momento el grupo criminal no ha precisado ni quiénes ni cuántos son.

Este anuncio se da días después de que se conociera el asesinato de Wilmar Antonio Giraldo, alias "Siopas", quien según las autoridades era el segundo al mando del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, en la zona rural del departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Medios antioqueños indicaron que la muerte de Siopas se produjo por disputas internas del grupo paramilitar referentes a la posibilidad de que esta organización armada se someta a la "paz total" propuesta por el Gobierno colombiano.

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