Tal fue la aprobación que hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo palabras de elogio, en boca de Alejandro Werner, el director del organismo para el hemisferio occidental.
El paquete legislativo de emergencia económica tiene un tinte claramente fiscalista, algo de lo que pueden dar cuenta los sectores a los que les toca pagar la factura. En primera fila, los productores del sector agrícola, que están preparando protestas por considerar que el impuestazo los deja debajo de la línea de rentabilidad.
También la clase media, que a partir de ahora paga un 30% adicional por viajar al exterior, mirar Netflix, comprar en Amazon o ahorrar en dólares.
Además, se reinstauró el IVA a los productos de la canasta alimentaria, luego de que la gestión macrista lo había eliminado temporariamente para aplacar el descontento social. Los funcionarios de Fernández sabían que se exponían a ganarse la antipatía del público al dar marcha atrás con esa exención, y por eso ajustaron el discurso, al hablar de “la trampa de Macri” que ponía en riesgo la recaudación impositiva por la vía de beneficiar a gente que no lo necesitaba.
Pero, sobre todo, la parte que más incomoda a los seguidores del gobierno: las jubilaciones y los salarios de nivel medio también serán parte del sacrificio. Porque junto con las mejoras para las franjas de menores ingresos sobrevino un achatamiento en la pirámide de ingresos.
Tanto es así que entre la dirigencia sindical ya no se disimula el malestar por los efectos colaterales del reciente aumento salarial por decreto. Ven allí un intento de intromisión en las paritarias y una clara vocación por desactivar las cláusulas gatillo con ajuste automático por la inflación pasada.
Lo cierto es que las consultoras de la City porteña ya están recalculando a la baja el déficit fiscal, y lo ubican debajo del 1% del PIB, un resultado sorprendente para quienes esperaban una típica política expansiva del gasto a manos de una gestión peronista.
La apuesta a la desindexación
Las otras medidas para combatir la inflación no son tan del agrado de los economistas ortodoxos. Una de las más potentes es el nuevo congelamiento de precios regulados, tales como las tarifas de electricidad, gas y agua, así como el transporte público y las naftas.
Es una medida que tiene efectos contradictorios. Por un lado, dado que se trata de precios que hacen a la matriz de costos de casi todos los sectores productivos, se contribuye a frenar la inercia de la remarcación de precios.
Pero, al mismo tiempo, el hecho de retrasar otra vez las tarifas implica que puede volver a crecer el costo fiscal por subsidios a las empresas prestadoras. Durante el gobierno de Cristina Kirchner ese ítem había crecido de manera explosiva, al punto que llegó a representar uno de cada cuatro pesos del gasto público.
Y después, naturalmente, está el riesgo de que se vuelva al deterioro del sistema energético, con su saga de apagones y su vuelta a la dependencia de la importación del gas boliviano.
Pero claro, todos los efectos negativos recién se ven en el mediano plazo, mientras que las consecuencias positivas se visibilizan desde el día uno: con tarifas congeladas, se establece una potente ancla para la inflación.
La visión que subyace esta política es la de la desindexación como centro estratégico. Como repite a diario el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el fracaso del macrismo en el control de la inflación dejó al descubierto cómo se había puesto demasiado énfasis en la contracción monetaria, mientras se había subestimado el efecto inflacionario de la suba de tarifas.
Los críticos de esta política señalan el peligro que entraña “el día 181”, es decir el ajuste brusco de precios que puede producirse una vez que se levante el congelamiento de los precios regulados. Pero el gobierno confía en que, para ese entonces, ya se habrá ingresado en una espiral virtuosa de precios a la baja combinado con actividad económica en recuperación.
Mientras tanto, el plan económico desempolva otras medidas clásicas del intervencionismo, como el programa “Precios Cuidados” para marcar topes a productos de la canasta básica, en acuerdo con los supermercados.
Y también empezaron a volver las medidas de cierre importador, para preservar las reservas del Banco Central.
Tasas en baja y la trampa de febrero
Es en ese contexto que uno de los principales debates del momento es la política monetaria. Porque el gobierno, ya desde las promesas de campaña de Alberto Fernández, se embarcó en una drástica baja de tasas de interés.
Con el último retoque de inicio de año, ya la tasa de referencia se ubica en 52% , luego de haber tocado un récord de 74 puntos. Y gracias a la nueva política de encajes, los bancos podrán volver a prestar a una tasa del 40%, es decir una tasa negativa en términos reales.
El resultado esperado es el de una rápida reactivación de la actividad, pero los ortodoxos se alarman por los posibles efectos inflacionarios de una expansión monetaria.
Para empeorar las cosas, sobre fin de año, por una típica situación estacional –las empresas deben pagar aguinaldos y saldar obligaciones financieras- aumentó un 6% la demanda de dinero. En ese marco, el Banco Central emitió 320.000 millones de pesos argentinos en concepto de transferencias al tesoro, más otros 166.000 millones por compra de dólares para reforzar las reservas.
En síntesis, el entierro definitivo de la consigna de la “expansión cero” que había sido el mantra del Central durante el último año del gobierno macrista.
En la City se escuchan advertencias sobre la necesidad de que ahora en el verano, cuando la demanda de dinero vuelve a sus (bajos) niveles de normalidad, esos pesos vuelvan a absorberse. Pero es difícil hacer eso en medio de una política agresiva de caída de las tasas.
Y los expertos hablan de “la trampa de febrero” que ya afectó a varios presidentes del Central. Lo que argumentan es que es fácil entusiasmarse por el aumento de la demanda de dinero de fin de año, y creer que esa será la tónica permanente, pero que en febrero drásticamente se empieza a ver una huida del público, que quiere deshacerse de los pesos argentinos. La consecuencia, como marcó repetidamente la historia, es la agudización inflacionaria y una nueva presión sobre el tipo de cambio.
Es cierto que ahora, con el rígido “cepo” a la compra de dólares, ese efecto se podría ver limitado, pero todos recuerdan el potencial explosivo del dólar paralelo, el famoso “blue”, que por ahora luce tranquilo pero que en otras épocas ha llegado casi a duplicar el precio del dólar oficial.
La propuesta de Lacalle, en el momento más sensible
En medio de la discusión sobre la dureza de la nueva política impositiva, causó mucho impacto la noticia que llegó desde Uruguay, en el sentido de que el gobierno de Luis Lacalle Pou promoverá la radicación de ciudadanos argentinos mediante un programa de incentivos fiscales.
Las primeras reacciones de los expertos en temas tributarios apuntaron a que Lacalle actuó con un sentido de la oportunidad, porque este es un momento en el que los sectores de clase media alta con cierto patrimonio están preocupados por la avanzada fiscal en Argentina.
El experto tributarista César Litvin calculó que el aumento a los bienes personales aumentó en 12 veces en el período de un año, si se toma en consideración el patrimonio radicado en el exterior.
Por su parte, Mariano Sardans, director de la gerenciadora de patrimonios FDI, destacó la rapidez de reflejos de Lacalle y observó: “la propuesta tiene incentivos desde el punto de vista de la fiscalidad porque daría una ventaja para los primeros cinco años, y obviamente Uruguay tiene impuestos más bajos, como el de la renta financiera a los individuos, del 12%”.
En ese sentido, creen que la propuesta uruguaya podría tener buena receptividad entre quienes se sienten en riesgo de sufrir un incremento de la presión impositiva en el gobierno de Alberto Fernández. Uno de los sectores que podrían ser más sensibles a la propuesta es el del campo, que otra vez ha sufrido una suba de retenciones a la exportación y podría empeorar aún más su situación.
Lo cierto es que las facilidades a las que aludió Lacalle –la no tributación por bienes en el exterior, por ejemplo- contrastan con la mayor agresividad fiscal argentina, donde se han incrementado las alícuotas y se instauraron nuevos impuestos, como el que castiga la compra de divisas.
