El presidente Lasso comienza gobernar por decreto tras disolver el Congreso ecuatoriano

La aprobación de la nueva reforma tributaria se realizó apenas horas después de la disolución de la Asamblea Nacional, paso que de inmediato acataron las Fuerzas Armadas, pero fue caracterizado como un “giro dictatorial” por representantes del poderoso movimiento indigenista.

Según un sondeo on line publicado este jueves en la portada del diario quiteño El Comercio, 34.876 personas se manifestaron en contra de la decisión presidencial, mientras que sólo 2.867 la respaldaron.

El primer decreto de Lasso contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta US$ 15.294 –dado que Ecuador adoptó el dólar estadounidense como moneda en el año 2000– dependiendo del número de cargas familiares.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341.000 contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente al 99,8%. Es decir, a 340.318 contribuyentes que serán beneficiados con un ahorro promedio de US$ 558 dólares en su pago del impuesto.

Asimismo, la medida crea una tasa del 15% de impuesto a la renta para las casas de apuestas deportivas.

La nueva reforma tributaria, que modifica parcialmente la aplicada por el mismo Lasso al poco tiempo de llegar al poder, había sido presentada la pasada semana en el Palacio de Carondelet, la sede del poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, consideró que consistía en “poner plata en el bolsillo de la clase media y los emprendedores”. También anunció que el decreto ley ya había sido enviado a la Corte Constitucional para su correspondiente revisión y validación.

Lasso emitió su primera reforma tributaria en diciembre de 2022. Recibió después la negativa de la Asamblea Nacional, que votó por su derogación, pero el presidente mantuvo la norma al vetar de manera integral la disposición del Legislativo.

La oposición lanzó el juicio político en el momento de mayor debilidad de Lasso en sus casi dos años de mandato presidencial, luego de la dura derrota sufrida en la cita electoral del 5 de febrero, cuando el Gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución. El correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales.

El cronograma electoral para elegir nuevo presidente y legisaldores será definido en los próximos días por el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de organizar y controlar los comicios.

Quienes resulten electos a este proceso electoral, serán elegidos para completar el periodo, es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025, que es hasta cuando dura el mandato de Lasso.

El organismo electoral tiene plazo hasta el próximo miércoles 24 para llamar a nuevas elecciones generales en un plazo de 90 días.

El mandatario adujo que disolvió la Asamblea Nacional porque la mayoría opositora no le permitía gobernar, pero en realidad puso fin por esa vía a un juicio político iniciado el lunes por supuesta corrupción que muy posiblemente hubiera terminado con su destitución en los próximos días.

En declaraciones recogidas este jueves por la prensa local, Lasso dijo que adoptó la decisión porque el legislativo “tenía un macabro plan” para “tomar el control de las instituciones del Estado y agilizar el regreso de (el ex presidente) Rafael Correa al Ecuador”.

Haciendo uso del mecanismo de “muerte cruzada” habilitado constitucionalmente durante la presidencia Correa, Lasso también puede gobernar por decreto hasta que el nuevo congreso quede en funciones.

El único requisito es que la norma no sea objetada por la Corte Constitucional que, en los hechos, comienza cumplir las funciones del congreso disuelto.

Los primeros en acudir antes los nuevos jueces sorteados para revalidar los actos de gobierno fueron las autoridades de la disuelta Asamblea Nacional elegidas el pasado domingo. Reclamaron que se anule la medida de muerte cruzada.

(Con información de agencias y El Comercio, de Quito)