Los salarios no mejorarán mientras caiga el empleo
El Estado uruguayo invirtió US$ 498 millones para capear la pandemia de covid-19, y planea gastar algo menos este año. El costo mayor fue por seguros de desempleo extras, y por asistencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en dinero y alimentos.
El Estado también dejó de recaudar unos US$ 213 millones en impuestos debido a la caída de la actividad económica, anunció el lunes la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.
La austeridad relativa del gobierno ha sido cuestionada por la oposición, que propuso un salario o renta básica provisoria para hasta un millón de personas; y también por algunos socios políticos, como Cabildo Abierto, que abogan por las pequeñas empresas.
Ignacio de Posadas, un conservador-liberal que fuera ministro de Economía y Finanzas de Luis Lacalle Herrera, entre 1992 y 1995, propuso una suerte de “Plan Marshall”, similar al que Estados Unidos ofreció a Europa occidental tras la segunda guerra mundial: una chispa de inversión, relativamente pequeña, pero que contribuyó a poner la economía en pie —y a presionar por la integración económica y política. El Partido Colorado, en tanto, planteó una batería que parece más en línea con las ideas del gobierno para este año, el segundo en pandemia.
Las ayudas contracíclicas, en tiempos de crisis aguda, son tema de discusión en todo el mundo, y más aún desde que Europa y Estados Unidos rompieron sus bolsas tras la crisis financiera de 2008 (y depreciaran severamente sus monedas).
El 17 de enero, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), otrora un faro de ortodoxia y ahora un actor mucho más político, pidió a los Estados que “gasten lo que puedan, y después gasten un poco más”, para evitar daños tal vez irreparables al empleo y a la trama social.
Kristalina Georgieva, naturalmente, se refería a los Estados que tienen qué gastar.
La Unión Europea y Estados Unidos aún tienen monedas apetecidas, no papeles de los que huir, por lo que recurren a un enorme aumento de la cantidad de dinero circulante para asistir a empresas y familias.
En otras palabras: vierten ríos de nuevos dólares y euros al mercado, y las personas los gastan, o corren a invertirlos en las bolsas, que padecen una obesidad mórbida.
Pero países como los de América Latina, eternos deficitarios, sin ahorros para verter en tiempos de vacas flacas, que además arruinaron sus monedas en viejos incendios inflacionarios, y con poco margen para subir impuestos so pena de recaudar menos, disponen de un menú más limitado. Quien tiene crédito, como Brasil, toma más deuda, hasta que los capitales empiezan a huir; y quien no tiene crédito, como Argentina, recurre a más emisión de dinero para tapar el déficit fiscal, a cambio de más inflación y desequilibrios de todo tipo.
“Se vislumbra una posible gran crisis de deuda soberana el próximo año” en América Latina, advirtió el secretario general de ONU, António Guterres.
Lo cierto es que las ayudas del Estado uruguayo —que equivalen al 0,9 o al 1,3 del PIB, según se miren— han sido menores a las de otros Estados. En parte es así porque el país fue uno de los menos afectados del mundo por la pandemia. Uruguay ha sufrido hasta ahora unos 150 muertos por millón de habitantes, contra 1.000 en Chile o 1.100 en Argentina y Brasil.
El PIB uruguayo se hundió 5,8% el año pasado, dijo la ministra de Economía, lastrado por el sector turístico. La producción retrocedió al nivel de 2015 y necesitará al menos dos años para recuperar el punto anterior a la crisis.
Ese derrumbe del PIB de Uruguay, solo superado en la era moderna por los desastres de 1982 y 2002, es relativamente menor comparado con lo que ocurrió en casi toda América Latina, que cayó en promedio 7,4%, y en buena parte de Europa. (La economía de España, otro país muy dependiente del turismo, se hundió 11% en 2020, el peor registro en medio siglo, y el desempleo supera el 16%).
El Estado uruguayo financió el gasto extraordinario más que nada con deuda pública. El déficit fiscal saltó en 2020 hasta 6% del PIB, unos US$ 3.360 millones, un agujero más grande que todos los recursos que se destinan a la enseñanza pública, por ejemplo.
El gobierno de Luis Lacalle Pou, más proclive a fomentar la inversión y el empleo que a perpetuar el asistencialismo, parece confiar en que la economía uruguaya saldrá del pozo más rápido que otras debido al cuidado de los dineros públicos y al control de daños.
Isaac Alfie, director de la OPP, dijo el martes en Informativo Carve que el gobierno estudia qué obras de infraestructura puede “apurar”, con dinero privado, para fomentar el empleo. Una de ellas sería una doble vía de 210 kilómetros de carreteras entre Canelones y Paso de los Toros.
Azucena Arbeleche reivindicó la austeridad como forma de no quedarse sin dinero a medio camino de la pandemia; aunque no descartó de manera absoluta una subida de impuestos. También anunció que habrá asistencias complementarias para seguros de desempleo, aportes patronales y ciertos sectores en situación crítica, como el turismo.
Mientras libran una batalla contra el tiempo y el desempleo, muchas personas ven caer sus ganancias y sus remuneraciones.
El salario real promedio cayó 0,3% en 2019 y otro 1,5% en 2020, más en el sector privado que en el público. Además, la fuerte caída del PIB en 2020 dejará sin aumentos correctivos a mediados de este año, anunció El Observador este miércoles.
Los salarios en Uruguay, y los ingresos en general, tarde o temprano acompañan los ciclos de la economía, ya sean de crisis, reestructuras o prosperidad. Otras fuertes caída del salario real se registraron entre 1971 y 1979, 1982-1984 y 2002-2003.
El desempleo crece en el país desde 2014 y ahora está en torno a 11%, aunque, en realidad, será más alto apenas muchos remisos o “desalentados” salgan a buscar trabajo.
Los sindicatos se proponen aumentar los salarios en las negociaciones de este año. Pero más salario real, en esta coyuntura, iría en contra del empleo. Si el salario real crece por encima de la producción, entonces se ajusta por un mayor desempleo.
Nadie puede controlar la cantidad y el precio a la vez.
La pandemia corrió el velo sobre muchas flaquezas de la sociedad uruguaya.
Uruguay padece un desempleo estructural, que promedió casi 10% en los últimos 50 años, muy difícil de revertir.
Las víctimas principales son jóvenes y mujeres de menor educación relativa. El sistema de enseñanza expulsa a los más pobres, que no terminan Secundaria.
La superabundancia de trabajadores de baja calificación, que suelen ganar muy poco y están muy expuestos al desempleo, pone al país ante el riesgo de acunar una generación perdida.
