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El Salvador: Ordenan la detención de militares por los asesinatos de cuatro periodistas en 1982
El miércoles 17 de marzo de 1982, los periodistas holandeses Jan Kuipier, Hans Lodewijk ter Laag, Koos Andries Koster y Johannes Jan Willemsen se dirigían hacia una zona controlada por la guerrilla del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, en El Salvador, para realizar una cobertura para la cadena IKON TV.
Nunca llegaron a concretarla. Al llegar a Santa Rita, en Chalatenango, fueron emboscados por una patrulla del Batallón Atonal de la Cuarta Brigada de Infantería del ejército salvadoreño, que los asesinó a sangre fría.
Más de cuarenta años después de cometido el crimen, la justicia de El Salvador decidió finalmente actuar. Cuando terminaba la semana pasada, la jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María ordenó la detención de los responsables.
La noche del viernes, la policía detuvo al exministro de Defensa salvadoreño y general José Guillermo García y el exdirector de la Policía de Hacienda y coronel Francisco Antonio Morán por su implicación en los asesinatos.
La magistrada también emitió órdenes de detención contra el excomandante de la cuarta brigada de Infantería, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, residente en Virginia, Estados Unidos, por lo que se ha solicitado su extradición. Este último está considerado como el principal responsable de los asesinatos según una investigación independiente.
En 1993, una Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas señaló al coronel Reyes Mena como "responsable de planificar la emboscada y el asesinato" de los comunicadores.
La detención provisional y la orden de captura también incluía al sargento Mario Canizalez Espinoza, del Batallón Atonal, y al coronel Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero se comprobó que ambos ya fallecieron.
La información fue notificada a la prensa por la Asociación por los Derechos Humanos (ASDEHU), misma institución que acompañó a los familiares de las víctimas en el proceso que pretende deducir responsabilidades sobre los titulares de la fuerza armada.
