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El Seba, un narco uruguayo en Bolivia que está en la mira de la policía y otros cabos sueltos

El 2019 fue un año histórico para los investigadores de narcotráfico, que iniciaron varias causas, aunque queda gente por ser capturada

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20 de enero de 2020 a las 05:00

La policía tiene identificado a un uruguayo apodado el Seba que reside desde hace dos años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y, según creen los investigadores, ha contribuido como intermediario importante en gran parte de los envíos de droga a Uruguay en los últimos meses.

La mención de este narcotraficante –con antecedentes penales– apareció en una de las tantas investigaciones por narcotráfico que inició la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero luego de que fueran incautados 872 kilos de cocaína en el balneario Parque del Plata (Canelones) el 3 de agosto del año pasado, según dijeron a El Observador fuentes de la investigación. Por este caso, dos hombres –de 24 y 27 años, este último con antecedentes penales– fueron enviados a prisión.

Según dijeron los informantes, la fiscalía no pudo reunir las pruebas suficientes como para determinar con exactitud el rol de este hombre en el envío de la droga a Uruguay, por lo que no hubo fundamentos para solicitar la extradición a Bolivia. Pero los investigadores también presumen que participó como intermediario y dando asistencia a la logística en el envío de las casi seis toneladas de cocaína que fueron confiscadas a fines de diciembre en el Puerto de Montevideo y en un establecimiento rural cerca de Dolores (Soriano), llamado Las Camelias. 

Por este causa –en la que más droga se incautó en la historia de Uruguay– fueron a prisión preventiva Luis Gastón Murialdo Garrone, propietario del predio de Dolores –en donde encontraron casi 1.400 kilos de la droga confiscada– y su hijo, acusados por almacenamiento y exportación de estupefacientes en grado de tentativa. Además, fueron a la cárcel otros dos hombres que trabajaban en la chacra de los imputados, por tenencia de estupefacientes.

La mayor cantidad de droga (4.418 kilos) incautada se la encontró en dos contenedores que Murialdo pretendía exportar a Lomé, capital de Togo –en África subsahariana– escondida en bolsas con harina de soja.

La policía también sospecha que el Seba, un hombre menor de 30 años, también dio asistencia en "otros envíos" del último año. El servicio que ofrece a los productores y exportadores de cocaína bolivianos es "estar junto con los proveedores" y ser quien consigue "los contactos" en Uruguay de quienes reciben el cargamento. Además, su conocimiento del país también le permite encontrar los "depósitos" en donde es almacenada la droga para luego ser enviada a Europa a través del Puerto de Montevideo, en la mayoría de los casos.

Pero la captura de este hombre, que los investigadores entienden compleja, no es el único cabo suelto que tienen fiscales y policías en las últimas grandes investigaciones de droga iniciadas en 2019.

De hecho, por esta misma investigación están requeridas otras dos personas, pero desde entonces no han sido ubicadas.

Hamburgo y avión

El año 2019 fue histórico para la fiscalía y la brigada antidrogas porque nunca en la historia de Uruguay se incautó tanta cocaína. Las confiscaciones crecieron 1.591% en comparación a 2018, cuando se habían incautados 754 kilos, y se multiplicaron por cinco respecto al anterior récord, registrado en 2009.

El año pasado, luego de grandes operativos o sistemas de controles que cumplieron su función –como en el caso de Murialdo o el del operativo de Parque del Plata–, las autoridades confiscaron más de 12 toneladas, y comenzaron varias investigaciones que todavía continúan abiertas.

Pero en el correr del año también se iniciaron causas a partir de la burla de los narcos a las autoridades locales, como ocurrió en agosto, cuando en el puerto de Hamburgo (Alemania) la policía alemana encontró en un barco que había partido de Montevideo 4.500 kilos de cocaína.

La fiscal Mónica Ferrero comenzó a investigar el caso "de atrás", según suele repetir en su entorno, y logró el 30 agosto la imputación con prisión de un primer involucrado: el empresario Martín Mutio, acusado de asistencia al narcotráfico, ya que hay elementos que lo señalan como el responsable de cargar la droga en un silo ubicado en el kilómetro 54 de la ruta 1, en San José. Ese silo no estaba declarado ante las autoridades aduanaras, como sí lo estaba el otro silo –en Cerrillos, Canelones–, en donde el imputado cargó el resto de la soja en otros contenedores.

Sin embargo, en la hipótesis de Ferrero hay más personas involucradas que cargaron la droga junto con Mutio, aunque todavía no fueron identificadas. Además, fuentes fiscales aseguraron que todavía está pendiente la declaración del contador de Mutio, información que debe ser aportada por la Dirección General Impositiva, así como la respuesta de las autoridades alemanas acerca de "pericias" realizadas a la droga y prueba documental, entre otras solicitudes.

También está en curso otra investigación iniciada luego de un cargamento de cocaína que partió de Uruguay con dirección a Europa. Se trata del caso de los 500 kilos de cocaína que salieron del aeropuerto de Carrasco a mediados de mayo del año pasado. La droga la encontraron en un aeropuerto francés ubicado próximo a Suiza. 

Por este caso fueron imputados el 14 de agosto un funcionario de policía aérea que pasó por el escáner los 43 bolsos donde se encontraba la droga –y que cobró por su complicidad US$ 30.000–, una mujer con la que ese hombre tiene un hijo en común y un funcionario subalterno de Interpol del Ministerio del Interior.

Los dos primeros fueron a la cárcel como medida cautelar –en donde todavía aguardan–, mientras que la expareja del policía aéreo fue enviada a su casa bajo arresto domiciliario.

Bajas posibilidades

Otra incautación de grandes dimensiones ocurrió en el puerto de Montevideo, el 20 de noviembre. Por entonces, la Dirección Nacional de Aduanas había puesto en práctica un nuevo sistema de seguridad, luego del escándalo del caso de Mutio. Ese día, fueron encontrados 3.000 kilos en un contenedor que provenía de Paraguay. La mercadería llegó en una "barcaza" y se "encontraba en tránsito" hacia la ciudad de Cotonú en Benin (África), aunque tenía prevista otra escala en Tenerife (España), según en ese momento explicó Aduanas. La droga estaba camuflada en el cargamento de arroz, la mercadería que fue declarada.

La fiscal Stella Llorente es quien tiene este caso. En diálogo con El Observador, sostuvo que no han identificado "a nadie en Uruguay" que haya tenido participación en este tráfico. "Los precintos del contenedor eran los originales", aseguró, lo que significa que no fueron rotos en el país. "No hay elementos para pensar que se cargó acá", insistió.

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