El sobrio encanto de la Banda Oriental

No es que Argentina esté mal en una comparativa de países: tiene hasta ahora menos de 50 muertos por millón de habitantes, contra 380 de Chile y Perú, o 360 de Brasil. 

La presión impositiva en Uruguay y Argentina es similar: la más alta de la región. Incluso Uruguay es excesivamente caro para los argentinos: desde los inmuebles y la maquinaria, hasta los vehículos, el combustible o la electricidad. Pero mientras Argentina anda a los bandazos, Uruguay, el hermano menor del Río de la Plata, ofrece mayor seguridad jurídica y económica, y la previsibilidad de las políticas de los sucesivos gobiernos a partir de 1985, todos esencialmente liberales.

La economía de Argentina está varada al menos desde 2008. Y tras esta nueva crisis, probablemente retrocederá a los niveles de 2006. Uruguay, en tanto, casi estancado en los últimos cinco años, y con severos déficits, parece conservar los fundamentos del gran estirón que dio a partir de 2003.

Una comparativa económica de largo plazo, tomando el año 1999 como base 100, muestra que Argentina llegó en 2019 a 130, Brasil a 155 y Uruguay a 170. En ese período Uruguay se separó en ingreso per capita y otros indicadores socioeconómicos.

El mal argentino, que destronó al país del tope de los Estados más desarrollados, se inició en la década de 1930, se ahondó con el peronismo de los años ’40 y ’50, y con recurrentes ciclos militaristas. 

La economía uruguaya, que por entonces también sufrió toda suerte de experimentos estatistas y proteccionistas, siguió a la de Argentina casi como un calco hasta la crisis de 2002. Desde entonces, dos caminos de salida claramente diferentes separaron la suerte de las naciones del Plata. 

Las medidas populistas de los Kirchner, que no fueron imitadas por los gobiernos de Jorge Batlle y del Frente Amplio, metieron a Argentina en un nuevo pantano del que no logra salir. El fracaso del liberal Mauricio Macri entre 2015 y 2019 completó las desventuras.

“No queremos simplemente que vengan a invertir: queremos que vengan a vivir”, dijo Lacalle en su ofensiva mediática de esta semana en Argentina. Y estimó que tras la pandemia “alguna gente va a optar por salir de las grandes urbes”, y a elegir países con alta sanidad humana y ambiental.

Uruguay tiene la población más envejecida de América Latina, debido a una combinación de baja tasa de natalidad, alta emigración calificada y estándares de vida relativamente elevados. Ese fenómeno presiona gravemente el sistema de seguridad social y empobrece la oferta laboral.

Las relaciones entre los dos Estados del Río de la Plata fueron más bien horribles durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de 2003 a 2015. Incluso el presidente uruguayo Tabaré Vázquez consideró la hipótesis de una intervención militar argentina por la construcción de la fábrica de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos y pidió ayuda a George W. Bush.

Ahora Cristina está de vuelta, escudada detrás de Alberto Fernández. La severa crisis económica, iniciada con la fuga de capitales de 2018, bajo Macri, sigue tan campante, agravada por el coronavirus, un nuevo default de parte de la deuda pública y una alta inflación reprimida.

Las relaciones comerciales con Argentina se han vuelto lastimosas debido al proteccionismo y la brecha cambiaria. El año pasado Uruguay colocó allí apenas el 4% de sus exportaciones, después del 15% del total que fueron en 2001. Para peor, este año muchas empresas argentinas importadoras dejaron de tener acceso a dólares al precio oficial para cancelar sus compras, lo que hundirá aún más las ventas uruguayas. 

Argentina sí es muy relevante para el turismo. Pero el turismo masivo, que deja cerca de US$ 2.000 millones cada año, no regresará el próximo verano, salvo la visita de uruguayos expatriados, que sumaban medio millón cada año.

La inversión argentina en la agropecuaria y en inmuebles, muy fuerte desde 2003, cayó a partir de 2013 debido a la menor rentabilidad de la soja, y al intercambio de información fiscal. 

Uruguay, que durante décadas captó fuertes flujos de dinero argentino, formal y en “negro”, fue presionado por la OCDE a suministrar información tributaria. Luego, en 2018, entró en vigencia un acuerdo entre las autoridades impositivas de ambos países, que permite identificar cuentas bancarias no declaradas. Solo en 2016 los argentinos retiraron alrededor de US$ 1.000 millones de depósitos de los bancos de Uruguay y los llevaron al hemisferio norte.

Después de varias expropiaciones de depósitos, controles de cambio y pavorosos incendios inflacionarios, los argentinos no tienen mucho efectivo en los bancos de su país, salvo la caja chica. En 2019 alrededor del 10% de los depósitos en la banca uruguaya eran de no residentes, fundamentalmente argentinos, contra más de 40% en 2002, antes de la gran crisis financiera provocada por las corridas. 

Una amnistía fiscal o “blanqueo” de capitales impulsada por el gobierno de Macri cerró en marzo de 2017 con el reconocimiento de unos 117.000 millones de dólares en el exterior, pertenecientes a unas 475.000 personas. El 98% de esos depósitos estaban en Estados Unidos, Gran Bretaña o Suiza. La AFIP (impositiva) también detectó unos 1.600 inmuebles no declarados de argentinos en Uruguay.

Ahora, en su ajuste fiscal, el gobierno de Alberto Fernández gravó a esos activos declarados en el exterior con una tasa más pesada, como para desalentar cualquier nuevo “blanqueo”.

Más de 11.000 argentinos tramitaron su residencia en Uruguay entre fines de 2014 y 2018. Los pedidos de residencia y las inversiones se redoblaron a partir de agosto de 2019, cuando en las elecciones primarias quedó claro que el peronismo volvería al gobierno.