El tráfico de animales: un negocio millonario que amenaza 1.300 especies en Colombia

Esta práctica, según cálculos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, mueve cerca de 23.000 millones de dólares y golpea el patrimonio natural. Las fuerzas dedicadas a la persecución de las bandas criminales de este negocio encuentran con frecuencia ranas de especies raras en estado moribundo transportadas en cajas de zapatos o guacamayas, hermosas variedades de loros coloridos, en botellas de gaseosas.

Colombia es el cuarto país con más biodiversidad del mundo detrás de Australia, Brasil y China. Tiene registradas 63.300 especies. Y solo en 2021 las autoridades incautaron al menos un ejemplar de 20.000 de ellas en manos de cazadores furtivos vinculados a bandas de tráfico.

“Es un problema muy grave en el país”, dice Adriana Lucía Santa Méndez, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia a El País de Madrid. Para la funcionaria, la solución pasa por dos puntos claves: educación ambiental en las comunidades y no permitir la impunidad de este delito que estipula de cuatro a nueve años de cárcel a quien trafique, transporte o introduzca animales silvestres, además de una multa de establecida en 35.000 salarios mínimos.

En el mundo los datos son más que alarmantes. Cada año se trafican alrededor de 30.000 mamíferos, entre dos y cinco millones de aves, más de dos millones de reptiles y 6.000 millones de peces y anfibios, según Cites, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El principal factor que detona esta práctica es la demanda. Es decir, personas o comerciantes que buscan sacar de su hábitat a esos animales para zoos privados o simplemente tenerlos en sus casas.

En Colombia hay 1.302 amenazadas o en peligro de extinción.

Las especies que están más en riesgo son los monos, los reptiles y los loros y papagayos, de gran variedad en las selvas colombianas. Los clientes son principalmente estadounidenses, europeos y asiáticos, capaces de pagar hasta 15.000 dólares por las guacamayas y 10.000 por los monos de cabeza blanca.

“Aunque se ha trabajado mucho en el decomiso, este tráfico no recibe la misma atención del Gobierno que el de drogas. Aún hace falta un buen registro de datos, más recursos y personal más cualificado”, indica una representantes del Programa de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society (WCS) en Colombia. “Tenemos que dejar de asociar esta práctica con lo cultural. Es un delito y tiene un impacto enorme en la economía, la biodiversidad y las propias comunidades”.

“Aunque las autoridades ambientales hacen hincapié en la sensibilización de los lugareños, la realidad es que, para muchos, la venta de estos animales constituye el único medio de vida. Algunas de las zonas que gozan de mayor riqueza natural (como los departamentos de Amazonas, La Guajira y Chocó) también son las regiones de mayor vulnerabilidad del país y donde mayor ha sido la huella del conflicto armado”, afirma en un artículo Noor Mahtani, reportera de la sección América Futura de El País de Madrid asentada en Bogotá.

Carlos Bello, director de evaluación, seguimiento y control ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) en Cundinamarca es muy crítico con el maltrato animal y el mercado negro: “Cuando los ejemplares están bonitos, los mantienen en cautiverio o los venden. A nosotros nos llegan cuando están ya en las últimas”. Esta autoridad realizó 58 operativos en 2021, y logró el decomiso de 611 animales.

Asimismo, han identificado 176 especies exóticas, de las cuales 17 se encuentran en el listado de las 100 especies más invasoras del planeta, como el caracol gigante, que se alimenta de vegetación nativa. “Tenemos que encontrar la forma de desactivar esta práctica como un negocio. Está en juego demasiado”.

Julio Miguel Oyola Ceballos, veterinario y coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá conoce los comportamientos de los días festivos y le dijo a Mahtani: “Muchos aprovechan para irse a la costa y volver con un tití de cabeza blanca, un loro, se traen tortugas… También son fechas en las que los traficantes envían al exterior y nos llegan muchas incautaciones”. En lo que va de año ya van 700 en esta región que engloba 10 municipios del noroeste del país. En el ejercicio anterior, fueron 730. “Se están disparando”, dice Oyola Ceballos.

Una vez decomisados, “la mayoría llegan semimuertos –dice Oyola- o con muchas falencias clínicas. Se les nota desnutridos, con comportamientos atípicos en su especie o con claras señales de haber estado bajo hacinamiento. Llegan en condiciones deplorables”, explica. Si se consiguen rehabilitar, son liberados y monitoreados a través de un microchip. En caso de que estos no pudieran sobrevivir en el medio por su cuenta, son recibidos en zoológicos como el Parque Jaime Duque. Allí se custodian más de 300 animales rescatados.

Camila Nieto fue veterinaria del Parque Jaime durante cuatro años. “Los procesos de rehabilitación son extremadamente lentos. Un loro que llega a manos de los veterinarios después de haber sido capturado en la caza ilegal y decomisado “suele tardar más de dos o tres años hasta que puede socializar con otras aves. Hay veces que incluso son rechazados por su propia especie y toca mezclarlos con otra”.

Aunque han pasado cuatro años, Nieto aún se conmueve al pensar en la historia de Billy, el oso, cuenta la periodista de El País. “Este mamífero llegó a principios de los noventa con un problema en las articulaciones muy grave y sin garras (se las quitaron para que no atacara). Vivió toda su vida en cautiverio”, lamenta. “Tuvimos que ponerlo a dormir, ya no aguantaba más. Es horrible pensar que estos animales comparten historias de vidas durísimas por decisiones humanas”.