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Empezaron con el abuso de funciones y terminaron con el sexo oral

El debate sobre las modificaciones al Código Penal derivó hacia cosas que no parecen las centrales y complican su aprobación

22 de diciembre de 2014 20:10 hs

Por  Leonardo Luzzi

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Las observaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales vinculadas a la defensa de derechos de las mujeres pusieron entre la espada y la pared a los legisladores del Frente Amplio, que no pueden asegurar la aprobación del Código Penal que actualiza el compendio de delitos.

Las modificaciones propuestas, además de arriesgar la aprobación de la ley, sacaron el foco del delito de abuso de funciones –que había sido hasta ahora la estrella de la discusión– y lo pusieron en cuestiones de género y en el debate sobre si el sexo oral no consentido constituye violación.

El texto acordado por el FA y la oposición en la comisión de Constitución y Códigos (de 300 artículos), estaba previsto que se aprobaría ayer en la Cámara Baja. Sin embargo, tras recibir una serie de cuestionamientos de las organizaciones sociales, la bancada del Frente, primero, intentó retrasar su discusión pasándola para el final de la sesión, y luego decidió aplazarla para el 29 de diciembre.

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Sin embargo, dentro del oficialismo surgieron planteos de que no puede ser aprobado de apuro y es preferible aplazarlo para la próxima legislatura.

En la maratónica sesión de ayer se sancionó la ley de servicios audiovisuales, más conocida como ley de medios, y la ley que busca solucionar el conflicto salarial con el Poder Judicial. Además, Diputados aprobó la ley orgánica policial que ahora deberá ser remitida al Senado nuevamente (ver notas de páginas 3 y 4).

El proyecto más debatido fue el del Código Penal. La sesión tuvo varias horas de receso, en las que los diputados oficialistas mantuvieron negociaciones a puertas cerradas. La cuestión era decidir qué hacer con los cambios propuestos por las organizaciones sociales que embretaron al Frente Amplio con el Código Penal.

Legisladores de izquierda consultados por El Observador, como Alejandro Sánchez y Gonzalo Mujica (Espacio 609) señalaron que las observaciones “son razonables” y “de recibo”.

Por su parte, Julio Bango (socialista), dijo a El Observador que lo único que se resolvió en la bancada fue aplazar la discusión y “trabajar con cabeza abierta” para ver cuál es la mejor solución.

Otros diputados del oficialismo aseguraron en voz baja que el proyecto de nuevo Código Penal va camino a naufragar en esta legislatura.

Uno de los puntos en discusión, según supo El Observador, refiere a si el sexo oral no consentido será tipificado como violación, o como en el actual Código, seguirá siendo atentado violento al pudor. Otros cambios refieren a la actualización de definiciones de delitos de violaciones a los derechos humanos considerados de lesa humanidad; y cuestiones de género que no fueron incorporadas en el proyecto (ver recuadro).

También las organizaciones sociales propusieron aggiornar la forma de juzgar a la explotación sexual y la trata de personas. En el proyecto del código se mantiene la consideración de si hubo o no consentimiento de la mujer para prostituirse, punto que es cuestionado por las organizaciones.

Caminos
Según explicó el diputado Sánchez, hay un problema “político serio” para aprobar la norma penal. Agregó que el reglamento de la cámara prevé que debe darse un plazo de 30 días para aceptar comentarios como los planteados por las organizaciones, y luego esa discusión debe ser analizada en comisión y recién después llegar al plenario. Los cambios no se pueden introducir en sala sin haber pasado por las etapas mencionadas, sostuvo.

Si los legisladores del FA aceptan esas condiciones se abrirá el plazo de un mes, lo que retrasará la discusión que comenzará a fines de enero o principios de febrero. Como la legislatura termina el 14 de febrero los parlamentarios entienden que los plazos no darán para aprobarlo.

Otra alternativa que manejaron ayer es votarlo el lunes 29 tal como está, sin los cambios sugeridos por las organizaciones sociales, y establecer “un compromiso político” para que en el próximo período, por ley, se introduzcan las modificaciones sugeridas.

Un tercer escenario, es votar el proyecto sin cambios en Diputados y pasarlo al Senado para que en esa cámara se hagan las modificaciones. Pero esa vía también obligará a abrir el período de 30 días para recibir sugerencias, y recién luego de eso podrá ingresar al plenario.

El proyecto de ley de Código Penal entró al Parlamento en 2011 luego de que una comisión integrada por jueces, fiscales, defensores y académicos realizara una actualización de los delitos.

Si bien la aplicación del nuevo código no implica ningún costo, su discusión parlamentaria fue postergada y coincidió con el año electoral. En plena campaña, y luego de los procesamientos del el exministro de Economía, Fernando Lorenzo; el expresidente del Banco República, Fernando Calloia por el caso Pluna; y el intendente de Colonia, Walter Zimmer, todos procesados por abuso de funciones, el debate se centró en la conveniencia o no de eliminar ese delito, como planteaba el proyecto original.

Finalmente, se decidió modificarlo y establecer que para que haya delito debe existir un provecho económico para si o para un tercero.

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