Los empresarios no dan por perdida la batalla y decidieron insistir ante el gobierno para plantearle su posición crítica al proyecto de ley que busca identificar a los propietarios de sociedades anónimas, así como a los acuerdos tributarios que se negocian con Argentina y Brasil, que a su entender espantarán inversiones.
Críticos
Ariel Cagnoli, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, señaló a El Observador que solicitó una entrevista al ministro Fernando Lorenzo (Economía) para expresarle “la preocupación” de los empresarios por los dos temas.
“Es un hecho que se afectará la inversión inmobiliaria, que es uno de los motores de la economía. La gremial recibió varios planteos de privados que dejaron sus proyectos en stand by hasta ver cómo se resolverá lo de las sociedades anónimas y los acuerdos tributarios”, dijo Cagnoli. Los proyectos edilicios cuya ejecución fue postergada se ubican, fundamentalmente en Maldonado y otros en Montevideo, explicó.
La gremial ya había analizado el tema con el vicepresidente Danilo Astori y ahora arremeterá con el Poder Ejecutivo.
La misma preocupación de los constructores expresó este miércoles Omar Milar, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este. El empresario comentó a El Observador que también pidieron una entrevista con Lorenzo para llevarle la información de proyectos que se verán retrasados. “No queremos ver más esqueletos de edificios sin terminar, como ya ocurrió” dijo Milar. La gremial tiene reparos con el proyecto de acciones al portador, mecanismo con el “cual Uruguay siempre se presentó al mundo para atraer inversores”. Afirmó que hay que combatir el lavado de dinero, pero “no terminar con el régimen de acciones”, explicó. Adelantó que al ministro le pedirán además que en la negociación con Argentina “Uruguay marque sus condiciones porque no se trata de firmar todo lo que se imponga”.
Presión
La OCDE había reclamado a Uruguay la firma de acuerdos de intercambio de información con Argentina y Brasil. También observó al país por su régimen de acciones al portador que marcó como un obstáculo por su falta de transparencia. Eso forzó a las autoridades –luego de no poder pasar a la segunda fase de evaluación del organismo– a modificar el sistema de acciones con un proyecto de ley que hoy está en el Parlamento.
Luis Borsari, titular de la Cámara Uruguaya de Turismo, había señalado que le preocupa “la flexibilidad y permeabilidad” del gobierno ante las exigencias de la OCDE.
La negociación tributaria más avanzada es con Argentina, país con el cual a nivel técnico “ya se alcanzó un acuerdo general”, comentó este miércoles a El Observador una fuente cercana a las negociaciones. “Se hicieron correcciones en la redacción a pedido de Argentina pero se mantiene lo sustancial”, explicó. Históricamente Uruguay fue renuente a firmar un acuerdo con Argentina, pero no pudo rechazar hacerlo por presiones internacionales la petición del gobierno de Cristina Fernández, que en 2011 presentó formalmente un pedido para intercambiar datos tributarios.
En líneas generales, el texto que se negocia contempló un mecanismo para evitar la doble tributación en ambas jurisdicciones de aquellos inversores que siendo de una nacionalidad tengan sus negocios en el otro país; se establecerá por escrito que el acuerdo es no retroactivo; y se acordó que los inspectores tributarios de un país no podrán actuar en el otro. Esas condiciones fueron planteadas por Uruguay y aceptadas por Argentina “más allá de algunos problemas de redacción que hoy se discuten”, dijo la fuente.
Uruguay negocia además un acuerdo tributario con Brasil, que a nivel oficial se considera que no genera “tanta susceptibilidad” como con Argentina, de donde provienen los principales inversores de Punta del Este, donde se concentra la industria de la construcción.
Este mes hubo una reunión en Montevideo con autoridades de Brasil que “fue bastante auspiciosa”, dijo la fuente del Ministerio de Economía. Con Brasil se buscará mantener la redacción lograda con Argentina donde “evitar la doble tributación es una condición innegociable para Uruguay”, comentó un informante.
El proyecto será modificado en el Parlamento
El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) integrante de la comisión de Hacienda, señaló este miércoles a El Observador que el tema de las acciones al portador aún no fue analizado pero adelantó que “seguramente el proyecto tendrá ajustes”. Uno de los aspectos a revisar refiere a los casos cuando los propietarios de las acciones sean personas jurídicas de otros países y cómo actuar en tal sentido. Un camino es informar a la otra jurisdicción que una empresa de ese país tiene acciones en una sociedad uruguaya para que ellos identifiquen a los propietarios con nombre y apellido. Otro elemento a discutir en el Parlamento refiere a la conveniencia de que sea la DGI el receptor de datos sobre los dueños de acciones. Dijo que ese hecho no le preocupa y señaló que la DGI actuará bajo la reserva que impone el secreto tributario. De todos modos, reconoció que “hay inversores que se ponen nerviosos por el hecho de que la DGI sea la que recopile la información”, por lo que se analizarán otras posibilidades. “Puede ser la DGI, otro organismo o uno a crearse”, dijo el legislador. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, señaló que el proyecto sobre acciones al portador “con toda seguridad” recibirá cambios en el Parlamento, según declaró a El País el 16 de febrero.
