Empresarios y gobierno divididos por ley de insolvencia patronal

El fondo se financiará con un 0,025% de los aportes de los empresarios a la seguridad social. 
La iniciativa –que era una de las prioridades del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro– contó con el respaldo del PIT-CNT y fue rechazada por las cámaras empresariales, por considerar que crea “inequidad” ya que muchos deberán pagar por una “minoría incumplidora”. 

Durante la discusión en el Senado, el miembro informante por el Frente Amplio, el senador comunista Juan Castillo, defendió la iniciativa destacando que por primera vez se creaba una institución “cuya finalidad es exclusivamente la de la garantía salarial”. 

“Podríamos pensar que en definitiva el fondo de garantía puede llegar a convertirse en un buen instrumento para elevar el bienestar social mediante la redistribución de la renta basada en la solidaridad entre empleadores y trabajadores”, señaló.

El Banco de Previsión Social (BPS) será el encargado de administrar el fondo, que comprende únicamente a los trabajadores del sector privado. El límite máximo de los créditos laborales está fijado en 105 mil unidades indexadas (más de 400 mil pesos). 

El fondo se destinará a cubrir los sueldos generados en los seis meses inmediatos al último salario cobrado, las licencias y aguinaldos generados en los dos últimos años, y la indemnización por despido, señala el proyecto. Además, le confiere al BPS la facultad de remitir a la Justicia penal “aquellas actuaciones de las que resulte una presunción de fraude”.

El texto permite al Poder Ejecutivo reducir la tasa de aportes de los empresarios e incluso suspenderla, en caso de que el fondo de garantía cuente con los “recursos suficientes” como para cumplir con las prestaciones establecidas por la ley. En caso contrario, el Estado podrá pasar a integrar el fondo a “efectos de mantener la cobertura del riesgo de insolvencia patronal” hasta que se consigan los recursos suficientes.

A favor y en contra

En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo que con esta ley “se piensa que se hace un beneficio al empleo y al país, pero a la larga genera menos inversión. ¿Quién va a venir acá con las leyes nuevas, más las viejas que permiten ocupaciones? No hay defensa de la producción, los empresarios tienen puntos más atractivos que invertir en Uruguay. Con todas las leyes que estamos votando se corre la inversión tanto extranjera como nacional”. 

Murro defendió la ley ante el Parlamento durante una comparecencia ante la Comisión de Legislación del Trabajo, en la que dijo que los países desarrollados tenían “estos fondos de garantías laborales ante la insolvencia patronal”, algo que fue rechazado por Murara, quien señaló que la ley “en general en el mundo no existe”. 

“Se ha detectado, por toda la doctrina jurídica laboralista del Uruguay, la carencia que tenemos en ese aspecto. Esto es parte de seguir avanzando, como lo ha hecho Uruguay históricamente y como lo hemos profundizado en los últimos años, en la protección del trabajo, conforme a lo establece en el artículo 53 de la Constitución”, dijo el ministro meses atrás.

La Cámara de la Construcción también rechazó el proyecto y ante los legisladores, el abogado Ignacio Castiglioni advirtió que esta ley se superponía con la de concursos, la cual tiene el “cometido específico de reordenar o de hacer un cierre prolijo de las empresas y una atención puntual de los créditos laborales. Ahora, en el momento de operar la ley se va a optar por proceder a través del fondo creado”, dijo.

En diputados, uno de los principales críticos del proyecto fue el legislador del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, quien consideró que el fondo era una “mala solución” ya que desatendía a las empresas, las cuales son la “fuente de trabajo”. “Este proyecto, ha desatendido, nada más y nada menos, que a una buena parte de las empresas que pueden estar en insolvencia provisoria”, sentenció Goñi.