¿Hasta cuánto dinero dará el fondo de créditos laborales?

El proyecto, que ahora será discutido por el Senado, es una de las prioridades del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El Banco de Previsión Social (BPS) será el encargado de administrar el fondo, que comprende a los trabajadores del sector privado. El límite máximo de los créditos laborales está fijado en las 105.000 unidades indexadas (más de 400.000 pesos). 

Según el texto del proyecto, el Poder Ejecutivo podrá reducir la tasa de aportación de hasta 0,025% o incluso suspender temporalmente su percepción, en caso de que el fondo de garantía cuente con los "recursos suficientes" como para cumplir con las prestaciones establecidas por la ley. En caso contrario, agrega el proyecto, el Estado podrá pasar a integrar el fondo a "efectos de mantener la cobertura del riesgo de insolvencia patronal" hasta que se consigan los recursos suficientes.

El diputado del Frente Amplio (FA), Carlos Reutor (MPP), que junto a Luis Puig (PVP) presentó por primera vez este proyecto en 2015, aseguró en la sesión que la votación de este proyecto constituye un "nuevo derecho adquirido" que es producto del "compromiso histórico" del oficialismo con la "clase trabajadora". 

Gerardo Núñez, del Partido Comunista, se expresó en la misma línea que Reutor y explicó que el proyecto nació del movimiento obrero, ya que se trata de una "vieja reivindicación" de los trabajadores. El diputado comunista agregó que se trata de un "elemento de justicia" que se enmarca en un "contexto de dificultades" de la economía nacional, que no son "propias" del país sino que obedecen a factores externos.

"Una parte importante del empresariado ve con buenos ojos los modelos que aplican Argentina, Brasil y Paraguay. Se declaran en quiebra en Uruguay pero se llevan los proyectos afuera", recriminó Núñez, al tiempo que agregó que el sector empresarial ve con "buenos ojos" la "poda" de las conquistas laborales en esos tres países. 

Asimismo, defendió que los aportes patronales en Uruguay son de los más bajos en la historia, así como comparados con la región y el mundo. El aumento de 0,025 % en los aportes patronales, para Núñez, no pondrá en tela de juicio ni en riesgo a "ningún emprendimiento industrial, comercial o productivo" del país. 

"Por lo contrario, va a garantizar que todo el esfuerzo de los trabajadores, en caso de insolvencia, pueda tenerlo a disposición (el crédito)", argumentó. "Ningún trabajador quedará a pata o tirado", enfatizó. 

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN), Rodrigo Goñi, se posicionó en contra del proyecto al considerar que es una "mala solución", ya que el "principal error" es que desatiende, "nada más y nada menos", a las empresas. "Las empresas son la fuente de trabajo", declaró. 

"Este proyecto, no sé si por desconocimiento de cómo funciona la actividad empresarial, si por mala voluntad o por miopía ideológica, ha desatendido, nada más y nada menos, que a una buena parte de las empresas que pueden estar en insolvencia provisoria", precisó Goñi.

El diputado del FA y uno de los ideólogos de este proyecto, Puig, respondió a Goñi y afirmó que el planteo de que la ley va en contra de las empresas "no tiene el menor fundamento". "Lo que está planteado es generar mecanismos para que, además de la ley de concurso, que efectivamente exista un fondo por el que los trabajadores cobren", agregó. 

Según el diputado Fernando Amado, del Partido Colorado (PC), ningún proyecto le ha "venido bien" a las cámara empresariales, que siempre han tenido una postura "tremendista", de "preocupación" y de "advertir una cantidad de males". Amado se mostró de acuerdo con el proyecto, así como con la financiación del fondo, y consideró que se trata de un texto "equilibrado". 

Diego Battiste