Las reiteradas críticas del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, sobre el proyecto de ley del gobierno que reforma el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas generaron dos efectos diferentes. El más concreto y palpable es la sanción de 30 días de arresto riguroso que le aplicó el Poder Ejecutivo. El segundo, invisible para la opinión pública, es un sentir generalizado en la fuerza de tierra de que Manini Ríos ha luchado y protegido los intereses de sus subalternos como nadie más.
Por eso no es extraño que, a pocas horas de efectivizarse la sanción, el comandante –que cumple su castigo en un predio del Ministerio de Defensa Nacional en Toledo– haya recibido el respaldo de los suyos.
Más allá de las cuestiones de fondo –no es nuevo que los militares consideran injusto el diseño del Poder Ejecutivo de la reforma de la llamada caja militar– lo que causó “indignación” en la fuerza de tierra fue la forma en que el gobierno “difundió” la sanción a Manini Ríos, según fuentes del Ejército. Para los subalternos de Manini Ríos, el número uno de la fuerza sufrió “una suerte de escarnio público” y entienden que todos los sectores del sistema político aprovecharon la ocasión para arrimar agua para su molino.
También molestó en la interna del Ejército “el intento mediático de acercar el Ejército al Partido Nacional” a partir de la entonación de la marcha Tres Árboles en la Rural del Prado. En el Ejército creen que buscar identificar a la fuerza con un partido es “el objetivo de los enemigos de la institución”.
Los generales del Ejército –que cerraron filas detrás de Manini Ríos– creen que lo que llevó a que el comandante se excediera en sus facultades fue consecuencia de una cadena de hechos que tuvo lugar a lo largo de más de un año.
Entre esos hechos incluyen: la falta de consideración de sus planteos en las conversaciones con los ministros Ernesto Murro (Trabajo) y Danilo Astori (Economía) y la acusación de que el gobierno “bombardeó” a la opinión pública con datos “tergiversados”.
Para los militares, el gobierno ha omitido información sustancial como que los retiros se aplican sobre salarios sumergidos o que la caja militar no recauda directamente como las otras cajas y por eso cuesta más por usuario. También acusan al gobierno de omitir que la causa del déficit se debe a la “drástica reducción de los efectivos activos”.
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Que los militares creen que el gobierno miente respecto a la situación de la caja militar y busca confundir a la opinión pública quedó al descubierto a fines de 2016 cuando Manini Ríos le dijo al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que era un “mentiroso” en una reunión entre representantes de las Fuerzas Armadas e integrantes del gabinete presidencial para tratar ese tema.
“¿Qué le digo a mis subalternos? Cuando estamos hablando un tema y se lo explicamos a usted que después va a la televisión y dice otra cosa. ¿Qué le digo a mis subalternos? Que el subsecretario mintió. Que mintió”, le dijo Manini Ríos, según recordó en conversación con El Observador el general (R) del Ejército Nelson Pintos, quien participó del encuentro.
Ese encuentro tuvo lugar en el Ministerio de Defensa Nacional. Además de los mencionados y del dueño de casa estaba Murro, el comandante en jefe de la Fuerzas Aérea, Alberto Zanelli, y almirante Daniel Núñez por la Armada.
El enojo de los militares se vinculaba con declaraciones que el subsecretario había hecho una semana antes –el 18 de noviembre– durante una entrevista en el programa Desayunos informales (Teledoce). Consultado por la reforma de la caja militar, Ferreri manejó algunos números que no se ajustaban a lo que una semana antes de su participación en el programa le habían presentado los militares en una reunión.
Pocos meses después de ese tenso encuentro y antes que el proyecto llegara al Parlamento, Manini Ríos le elevó un memorándum al presidente Tabaré Vázquez en el que le mostraba cómo algunos artículos del proyecto del Ejecutivo “afectaría gravemente a los integrantes de las Fuerzas Armadas, en particular a las franjas más bajas del personal subalterno”.
Sin embargo, el gobierno siguió para adelante y, ante esa situación, los militares creen que su comandante no vio otra alternativa que opinar en público sobre el proyecto de ley, algo que le está vedado según el reglamento del Ejército.
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