Opinión > EDITORIAL
Errada guillotina presupuestal
La asignación de partidas se hace en detrimento discriminatorio de un poder del Estado y de los organismos de control
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10 de octubre de 2015 a las 13:30
Cuando los recursos escasean y auguran seguir cayendo, la prudencia presupuestal es ineludible. Pero es reprobable que la asignación de partidas se haga en detrimento discriminatorio de un poder del Estado y de los organismos de control, amenazando debilitar la estructura institucional sobre la que se asientan el sistema democrático y la rectitud administrativa. Esto es lo que ha ocurrido con el Poder Judicial y los tribunales de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo en el proyecto que actualmente debate el Parlamento. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, afirmó que "no es buena" para la salud democrática del país la exclusión de partidas presupuestales.
Las víctimas son varias. Sin esos aportes el Poder Judicial no solo no podrá introducir reformas que vienen con años de atraso, sino que ni siquiera podrá asegurar el funcionamiento eficiente del opresivo régimen inquisitorio actual. La esencial reforma del Código del Proceso Penal, introduciendo un sistema acusatorio más justo y moderno, ha vuelto a ser archivada. Después de tres años de redacción por una comisión de técnicos y otros tanto de olvidada hibernación en el Parlamento, se lo aprobó bajo la administración Mujica para entrar en vigencia en 2017. Ahora ha vuelto a ser archivado, asegurando que Uruguay siga viviendo en la prehistoria jurídica en materia penal. Tampoco hay recursos para pagar postergados reclamos salariales de los funcionarios, derivados del error del gobierno anterior cuando equiparó los sueldos de los ministros de la SCJ a los de los secretarios de Estado sin darse cuenta de sus efectos legales en cascada.
También son castigados con la guillotina presupuestal el Tribunal de Cuentas (TC) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), responsables por controlar que los gastos y los actos del Estado se ajusten siempre a las normas legales. El diputado nacionalista Pablo Abdala, al sostener que se "rebaja la calidad institucional", reveló que el gobierno ni siquiera incluyó propuestas de esos organismos que no conllevan costos adicionales, como cambios que actualicen el Tocaf, un anticuado compendio gigantesco que regula las compras estatales. Censuró con razón que, en cambio, se invierta en crear nuevas secretarías dependientes del Poder Ejecutivo, sacándolas de algunos ministerios. Es una iniciativa razonable pero ciertamente menos prioritaria que el buen funcionamiento de la Justicia y de los órganos de contralor.
Abdala anunció que el Partido Nacional reclamará que se incluyan parte de las partidas solicitadas por estas instituciones. Es improbable que los reclamos fructifiquen, si la exigua mayoría propia del Frente Amplio vota todo sin fisuras. El gobierno con seguridad resistirá a capa y espada nuevos cambios en la asignación de partidas, luego de haber afirmado que, menos aún, se ampliará el Presupuesto proyectado, que el diputado blanco Jorge Gandini afirmó que nace con un déficit de US$ 2.000 millones. El recato en el gasto es siempre elogiable, especialmente en una época de apretura e incertidumbre económica, como la actual. Pero es cuestionable la forma del reparto de ingresos, beneficiando a un sistema educativo público sin perspectiva alguna de éxito o gastando en áreas menos esenciales que el tercer poder del Estado y los organismos que controlan la rectitud en todo el espectro del sector público.
Las víctimas son varias. Sin esos aportes el Poder Judicial no solo no podrá introducir reformas que vienen con años de atraso, sino que ni siquiera podrá asegurar el funcionamiento eficiente del opresivo régimen inquisitorio actual. La esencial reforma del Código del Proceso Penal, introduciendo un sistema acusatorio más justo y moderno, ha vuelto a ser archivada. Después de tres años de redacción por una comisión de técnicos y otros tanto de olvidada hibernación en el Parlamento, se lo aprobó bajo la administración Mujica para entrar en vigencia en 2017. Ahora ha vuelto a ser archivado, asegurando que Uruguay siga viviendo en la prehistoria jurídica en materia penal. Tampoco hay recursos para pagar postergados reclamos salariales de los funcionarios, derivados del error del gobierno anterior cuando equiparó los sueldos de los ministros de la SCJ a los de los secretarios de Estado sin darse cuenta de sus efectos legales en cascada.
También son castigados con la guillotina presupuestal el Tribunal de Cuentas (TC) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), responsables por controlar que los gastos y los actos del Estado se ajusten siempre a las normas legales. El diputado nacionalista Pablo Abdala, al sostener que se "rebaja la calidad institucional", reveló que el gobierno ni siquiera incluyó propuestas de esos organismos que no conllevan costos adicionales, como cambios que actualicen el Tocaf, un anticuado compendio gigantesco que regula las compras estatales. Censuró con razón que, en cambio, se invierta en crear nuevas secretarías dependientes del Poder Ejecutivo, sacándolas de algunos ministerios. Es una iniciativa razonable pero ciertamente menos prioritaria que el buen funcionamiento de la Justicia y de los órganos de contralor.
Abdala anunció que el Partido Nacional reclamará que se incluyan parte de las partidas solicitadas por estas instituciones. Es improbable que los reclamos fructifiquen, si la exigua mayoría propia del Frente Amplio vota todo sin fisuras. El gobierno con seguridad resistirá a capa y espada nuevos cambios en la asignación de partidas, luego de haber afirmado que, menos aún, se ampliará el Presupuesto proyectado, que el diputado blanco Jorge Gandini afirmó que nace con un déficit de US$ 2.000 millones. El recato en el gasto es siempre elogiable, especialmente en una época de apretura e incertidumbre económica, como la actual. Pero es cuestionable la forma del reparto de ingresos, beneficiando a un sistema educativo público sin perspectiva alguna de éxito o gastando en áreas menos esenciales que el tercer poder del Estado y los organismos que controlan la rectitud en todo el espectro del sector público.
