Nacional > Informe
“Es imposible”: Ministerio del Interior reconoce que no puede controlar que se cumplan las medidas alternativas a la prisión
En todo el país hay 19.634 personas cumpliendo medidas alternativas a la prisión impuestas por el Poder Judicial. Para controlarlos a todos, la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) cuenta con 99 funcionarios. Una cuenta rápida indica que, teóricamente, habría un funcionario para controlar a 198 imputados. De ellos 50 están en la subdirección técnica y solo 14 son técnicos propiamente dichos.
La Rendición de Cuentas que cobrará vigencia el 1 de enero de 2023 plantea el ingreso de 65 nuevos funcionarios. Allí el promedio bajaría un poco: un funcionario cada 120 imputados. Una cifra que sigue siendo claramente insuficiente y que revela los problemas que atraviesa esa repartición dependiente del Ministerio del Interior.
La situación quedó planteada durante la presencia ante el Parlamento de una delegación de la OSLA, encabezada por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza. Ante los legisladores, el jerarca dio un indicio de las necesidades y de la dotación que aseria adecuada para un fiel cumplimiento de la misión de esa organización.
"No digo que sería como otro INR, pero sí se necesita una cifra importante", indicó el jerarca al exponer el jueves pasado ante la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General. Teóricamente, la oficina tiene bajo su jurisdicción el control sobre todos los planes de intervención y medidas alternativas en todo el país. Entre ellos controles domiciliarios, libertad a prueba, faltas, suspensión condicional del proceso, trabajos comunitarios y medidas cautelares.
Si bien su radio de acción es nacional, en la práctica solo abarca a Montevideo y una zona situada 40 kilómetros a redonda de la capital. En el resto del país, se trabaja con un oficial de enlace en cada jefatura departamental. "Nos faltan muchos técnicos", insistió Mendoza. A los efectos el ministerio está instrumentando un llamado para incorporar también 23 psicólogos y 44 trabajadores sociales.
Todo en una oficina que, según la subdirectora técnica de la OSLA, Graciela Giacoya, a inicios de este gobierno carecía de un sistema informático de información. En el segundo año de su implementación, destacó, se han logrado ingresar allí 4.201 fichas.
Según Mendoza hoy la OSLA carece de elementos para determinar el nivel de reincidencia de las personas que cumplieron medidas alternativas. El Sistema de Gestión Carcelaria (SGC) quedó habilitado en julio de 2018, por lo que antes de esa fecha no existe información. Además, comenzó a aplicarse en la oficina hace poco tiempo.
"Todo el mundo habla de la reincidencia y se dice que es de 65%, pero yo no tengo datos científicos en ese sentido", dijo el director del INR. "Recién ahora estamos viendo datos cruzados". Según Mendoza en lo que va de este año ingresaron a las cárceles 8.370 personas. Lo que quieren saber las autoridades es cuántos de ellos tuvieron antes medidas alternativas.
Tobilleras: una vez por mes
Entre las misiones de la OSLA está el control de las tobilleras y los arrestos domiciliarios. Hoy, según la oficina,1.151 personas están en esa situación, de las que 474 viven en el área metropolitana. El control de esta modalidad se da a través de dos formas: el de "planilla" y el de tobillera. Para eso se cuenta con 17 policías y un solo móvil.
Según explicó en el Parlamento la subdirectora operativa, Gabriela Belén, el control por "planilla" se efectúa a 388 personas. Allí el policía debe concurrir a todos esos domicilios, ubicados "en los peores barrios de Montevideo" a realizar el control. El efectivo debe verificar que la medida se está cumpliendo y le hace firmar al imputado la planilla correspondiente.
"La realidad es que solo podemos controlar una vez al mes a esa persona", indicó. "Al principio cumple, pero después se da cuenta de que podemos ir una vez al mes, y hace su vida normal".
La oficina cuenta hoy con 600 tobilleras para salidas transitorias y 200 para prisiones domiciliarias, de las que hay 163 conectadas. Allí Belén marcó otro inconveniente: los mismos policías que controlan "planilla" instalan también tobilleras. Además, explicó, la Justicia también pide que la OSLA se encargue de todo lo que tiene que ver con conducciones a fiscalía, traslados al médico y "todo lo que ustedes puedan imaginar". Incluso, aseguró, llevar a los imputados a cobrar a algún lugar de pago. "Claramente, los números no dan", afirmó. "Es imposible".
La subdirectora operativa fue gráfica: "realmente somos una especie de Uber de las personas que están en prisión domiciliaria", dijo. Todo, además, con un solo vehículo.
Por otra parte, la OSLA cuenta hoy con solo 12 personas abocadas al centro de monitoreo de las tobilleras electrónicas. Deben repartirse las 24 horas para vigilar a los 163 dispositivos que hoy están conectados. Como apoyo, hay para eso un policía. "Es totalmente ilógico", apuntó.
De los 65 nuevos funcionarios previstos, 45 irán a reforzar el centro de monitoreo.
Por otra parte, según Mendoza, la Justicia muchas veces no estudia la medida alternativa a imponer. "Se ha dispuesto prisión domiciliaria a personas que no tienen domicilio", afirmó. En esos casos, explicó, la oficina debe conseguirle un refugio. Allí se realiza la coordinación correspondiente con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El problema es que es una solución por pocos días, a lo sumo una semana. Pasado ese tiempo, la OSLA debe ir nuevamente a ver que exista lugar para que la persona pueda cumplir su pena.
No se sabe si cumplieron o no
De todas medidas activas , 5.729 están "en espera de resolución". Eso significa que no se sabe si la persona cumplió a medias o no cumplió. Lo que espera la OSLA es un informe del Poder Judicial, que deberá indicar qué hacer con esas personas. Según Giacoya, cuando alguien incumple alguna condición se la da hasta tres oportunidades. "Eso genera un aumento en el volumen de trabajo que tenemos", indicó. "No tengo los recursos humanos, materiales y logísticos para darle seguimiento".
Hasta diciembre del año pasado, indicaron las autoridades, los jueces entendían que la OSLA tenía la obligación de citar a todas las personas que estaban bajo medidas alternativas. Eso generaba un proceso bastante engorroso implementado a través de las seccionales policiales. Luego se logró firmar un convencio con la Oficina Penal Centralizada (OPC) del Poder Judicial. Así, a cada persona al momento de su formalización se le entrega un papel y tiene cinco días hábiles para presentarse ante la OSLA. Según Giacoya, hay 3.470 personas que no se han presentado.
En noviembre del año pasado y ante el mismo Parlamento, el ministro Luis Alberto Heber reconocía que, de 14.700 personas que debían cumplir en esos momentos medidas alternativas, la cartera desconocía qué había pasado con 4.700, en un "limbo" por falta de recursos para fiscalizarlos.
Por otra parte hay 9.284 personas con medidas alternativas a raíz de un delito vinculado al consumo de sustancias psicoactivas. Según las autoridades casi todos están en rehabilitación, a través de un plan de intervención y derivados a algún centro, ya sea internados o en forma ambulatoria.
Del total de medidas alternativas, hay 7.128 correspondientes a la ley de Faltas. Según Giacoya esto genera también un "desafío importante" a nivel logístico, tomando en cuenta que pueden ser penas de hasta 30 días con un "gran circulante de personas" haciendo tareas comunitarias en varios centros.
En concreto y según el informe la mitad de las casi 20.000 personas con medidas alternativas a la prisión son menores de 30 años. El 84% son hombres, con penas que en algunos casos llegan hasta el año 2027.
Si a las personas con medidas alternativas se suman las que hoy están en prisión, suponen unos 35 mil casos. Tomando en cuenta la última estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cien uruguayos están cumpliendo una pena dentro o fuera de una cárcel.
