El Poder Ejecutivo había incluido en la Rendición de Cuentas un reclamo que tiene décadas y que era el puntapié inicial para la reforma de la Justicia administrativa, cuyo proceso es de la época de la dictadura. Los artículos creaban dos juzgados de primera instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para evitar que causas menores lleguen al tribunal y se resuelvan de manera más rápida.
El TCA resuelve sobre cualquier acto administrativo cuando se entiende causa un perjuicio, desde una multa de tránsito hasta un decreto como el que quiso limitar el número de sucursales de las farmacias, o una sanción injusta a un funcionario de cualquier área de la administración.
Hoy todos los reclamos llegan al TCA –con rango similar al de la Suprema Corte de Justicia- y en promedio un juicio tarda 2 años. Estos juzgados que se creaban atenderían temas menores como las multas de tránsito, una jubilación mal liquidada o una sanción por pocos días a un funcionario.
La propuesta de un grupo de juristas que tomó el Poder Ejecutivo implicaba la creación de unos diez cargos entre los dos jueces, actuarios y funcionarios administrativos, además de la sede y el mobiliario. También una camioneta porque los jueces serían itinerantes y se trasladarían al interior en caso de que un juicio requiriera escuchar a testigos o pericias. Hoy todos los juicios ante el TCA deben tramitarse en Montevideo, lo que implica que las personas deban trasladarse a la capital si son convocadas en el juicio.
Sin embargo, en la negociación de la Cámara de Diputados y con la reasignación de recursos esos artículos de la Rendición de Cuentas quedaron por el camino. Los integrantes de la coalición que negociaron afirmaron que entendían mejor esperar a que concluya la propuesta de reforma integral en la que viene trabajando una especie de GACH integrado por prestigiosos administrativistas.
Ese grupo honorario viene trabajando desde abril en la reforma integral para modernizar la Justicia administrativa, ya que tiene una única instancia y el proceso data de la época de la dictadura. Esa comisión, creada por la ley 2.010 del año 2020, está integrada por representantes del Colegio de Abogados (el profesor emérito de Derecho Administrativo y Derecho Informático, Carlos Delpiazzo; el catedrático de Derecho Procesal, Gabriel Valentín; el director del Instituto de Derecho Administrativo, Felipe Rotondo; investigador especializado en Derecho Procesal y Reforma de Sistemas de Justicia, Santiago Pereira Campos; y los profesores de Administrativo, Miguel Pezzutti y Magdalena Prato); por el TCA (la presidenta Selva Klett, y los ministros Luis Simón y Rossina Rossi); por la Universidad de la República (las docentes Cristina Vázquez y Alicia Castro); y por las universidades privadas, (la catedrática de Administrativo, Graciela Ruocco).
Delpiazzo dijo a El Observador que la decisión de la Cámara de Diputados fue "totalmente inesperada". Luego de reuniones con el Ministerio de Economía, y de una presentación de la reforma en el Parlamento con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, ministros del TCA, la Suprema Corte, la Procuradora de la Nación, Colegio de Abogados y las universidades, "lo terminan sacando". "Lo votó únicamente el Frente Amplio y no se entiende por qué", agregó.
"Es un cachetazo institucional al TCA", dijo y lo consideró también "un menoscabo a todos los que están trabajando" en forma honoraria y se reúnen todos los miércoles para avanzar en el proyecto.
Junto a Pezzutti, explicaron que era importante aprobarlo en esta rendición por ser la última que admite votar recursos para contar con la creación de esos juzgados. Si el tema queda para la próxima legislatura pasarán varios años para poder crear esas sedes.
Pezzutti señaló que el presupuesto del TCA es el 0,29% del Presupuesto Nacional por lo que los recursos destinados a crear estos juzgados implican costos muy menores. "Esto es el puntapié para que el sistema pueda tener luego el andamiaje más adecuado", dijo.
Al conocer la noticia, el Colegio de Abogados expresó su “profunda preocupación” por la “injustificada eliminación” de los artículos. En un comunicado, el CAU afirmó que se había logrado que por primera vez desde la vuelta a la democracia el Poder Ejecutivo incluyera esta reivindicación, “puntapié ineludible en un proceso de reforma integral” para sustituir el régimen actual.
“No conocemos las razones que fundamentaron la votación en la Cámara de Representantes pero dicha decisión conspira contra la consolidación de una institucionalidad robusta y constituye un pernicioso mensaje a los ciudadanos”, afirmó el CAU en la nota firmada por su presidenta Laura Capalbo y la secretaria Macarena Fariña.
Reflotarla en el Senado
Delpiazzo dijo que la vicepresidenta Argimón les expresó la preocupación por el tema y les aseguró que se iba a reunir con los jefes de bancada para expresarles la importancia del tema. Por su parte, la senadora blanca Carmen Asiaín, quien ocupa la banca que era del presidente Luis Lacalle Pou, expresó su compromiso a reflotarlo en el Senado.
Ante un posteo en la red social X de Pezzutti que reclamaba aprovechar la oportunidad de reformar la justicia administrativa. Asiaín escribió: "Lo intentaremos en comisión de presupuesto al tratar la rendición de cuentas. Ya me comprometí públicamente a intentar reflotar la iniciativa",
