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España aprobó el mayor ajuste fiscal en democracia

Busca reducir el d{eficit público de 8,5% a 5,3% del PBI

30 de marzo de 2012 18:51 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

El Gobierno español aprobó este viernes el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 con un ajuste de 27.300 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit público del 8,51 % al 5,3 % como exige la Unión Europea (UE).

Las cuentas presentadas hoy responden a la "situación límite" en la que se encuentra España, afirmó la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al anunciar en una conferencia de prensa el mayor plan de ajuste acometido en los 35 años de democracia española.

El proyecto establece un recorte del 16,9 por ciento en el gasto medio de los ministerios, que en el caso del departamento de Asuntos Exteriores y Cooperación experimentará una reducción del 54,4 %, seguido de Fomento (obras públicas), con el 34,6 %; Industria, Energía y Turismo, el 31,9 %; y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 31,2 %.

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Por debajo de la media del 16,9 % queda Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con el 13,7 %; y sufren menos recortes los de Defensa (8,8 %), Empleo y Seguridad Social (7,4 %) y Justicia (6,3 %); mientras que Educación tendrá una reducción del 21,2 por ciento.

El proyecto de las cuentas para este año mantiene la actualización de las pensiones de los jubilados, congela y no reduce el sueldo de los funcionarios y preserva las prestaciones a los desempleados y las becas.

España tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con 5,2 millones de desempleados, el 23 por ciento de la población activa, que en el caso de los más jóvenes ronda el 48 por ciento.

La vicepresidenta anunció que no habrá subida del IVA "para no perjudicar el consumo", y que se exigirá un esfuerzo a las empresas a través del impuesto de sociedades.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, especificó que el Estado recaudará 12.314 millones de euros este año con la subida de impuestos, de ellos 5.300 millones del impuesto de sociedades.

A los incrementos ya anunciados nada más tomar posesión el Gobierno que preside Mariano Rajoy -el impuesto sobre la renta, los impuestos sobre los rendimientos del capital y sobre bienes inmuebles-, se suma ahora el aumento del de sociedades para las grandes empresas.

Las dos principales organizaciones empresariales españolas, CEOE y CEPYME, consideraron que el ajuste se basa excesivamente en elevar la presión fiscal que recae sobre las empresas.

La vicepresidenta afirmó que si la situación de España fuera otra, el Ejecutivo habría presentado hoy otras cuentas, pero se trata "de un proyecto económico que busca salir del atolladero económico en que nos hemos encontrado" y facilitar que la economía del país vuelva "a crecer y a crear empleo".

En este contexto, subrayó que el Gobierno de Rajoy se encontró con un 8,51 por ciento de déficit público, "que excede bastante del 6 % prometido" por el anterior Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

La Unión Europea exige a España que reduzca el déficit este año hasta dejarlo en el 5,3 por ciento del PIB, con el objetivo de alcanzar en 2013 el 3 % del PIB, como establece el Pacto de Estabilidad europeo.

"Nuestra primera obligación es volver a lograr una cuentas saneadas", afirmó la vicepresidenta, que puntualizó que se hará "no a cualquier precio", sino con medidas que ayuden a "paliar la situación de los que peor lo están pasando" debido a la crisis que sufre el país, con cifras récord de desempleo.

La aprobación de las cuentas para este año se produce veinticuatro horas después de una huelga general convocada contra la reforma laboral aprobada el pasado febrero y fue el primer pulso sindical al gobierno de Rajoy.

Los sindicatos consideran la nueva normativa perjudicial para los trabajadores porque facilita y abarata el despido, mientras que el Gobierno cree que puede dinamizar el mercado laboral y servirá para atraer empresas y generar empleo.

La huelga tuvo un seguimiento desigual, con mayor incidencia en la industria y los transportes y menor repercusión en los servicios, el comercio y el sector público.

Decenas de miles de personas expresaron en las calles y como colofón al paro el rechazo a la reforma laboral, mientras que los sindicatos pidieron al Gobierno que rectifique y advirtieron que si no cambia de actitud incrementarán la movilización.

El Gobierno de España está bajo la lupa de la UE y de los mercados financieros internacionales, que en las últimas semanas aliviaron las fuertes presiones que habían mantenido sobre la deuda española a raíz del rescate de Grecia

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