Esta tierra debe ser del que la trabaja

Debe aplaudirse el que las mesnadas oficialistas recurran a imágenes de 4x4 a fin de estigmatizar el malestar del sector agropecuario: para cuando el frenteamplismo haya agotado su ciclo, pocos serán los ciudadanos capaces de resolver esa simple operación aritmética.

Y ello es parte de la historia que viene desenvolviéndose en campaña: productores que se desayunan ante el hecho de que el Estado que mal educa, mal sana, no abre mercados y peor vigila les pasa por esos pésimos servicios una de las facturas más altas del planeta.

¿Baja el petróleo? ¿Hay superávit energético? Ningún productor agropecuario lo verá. ¿Quiere vender? ¿Exportar, tal vez? El mismo Estado que le encareció todo lo enredará en reglamentaciones, destinadas a alimentar la burocracia y el parasitismo con los que el frenteamplismo compra votos, o a los oligopolios importadores que le cobran fertilizantes o vacunas en onzas troy. Tales los verdaderos dueños de esta tierra.

Inspecciones, veterinarios, escribanos, formularios y gestores devoran, como el comején, la productividad de los rurales después de pagar imposibles impuestos.

Los males endémicos del atraso cambiario y el costo regulatorio han sido enmascarados, claro, por el auge del sector que impulsara hace ya tiempo el alza internacional en el precio de los commodities así como la migración regional argentina al campo uruguayo. Ese envión fue el que decorara de prosperidad nuestros campos, introdujera un principio de renovación tecnológica en el agro, nos hiciera soñar con una irreversible revolución productiva.

Solo que no pudo ser.

A los que aún les cuesta entender el concepto de "década pérdida", el agro les puede servir de faro: el ajuste a la baja en el precio de los commodities, sumado al hecho de que Argentina no está ya gobernada por una claque de energúmenos empeñados en destruir la capacidad exportadora de su país, bastó para que hoy contemplemos la lenta emigración de los inversores extranjeros del campo uruguayo, tan sembrado de impuestos impagables y reglamentaciones como la peor de las malezas. Nada logró aquerenciarlos.

Perder una década es precisamente eso: ver como inversores internacionales como Weyerhauser o RMK o fondos de inversión venden sus plantaciones en Uruguay arrastrando el precio de la tierra, en un movimiento general de derrumbe del volumen físico de la inversión privada en toda le economía que tiene impulso de plomada desde 2014 y no parece detenerse.

En el sector agropecuario, este fin de la fantasía tiene una elocuente expresión: el aumento del endeudamiento.

Tal como ocurriera en 1982, o en 2002, el productor agropecuario afincado no reduce su tierra a un activo; por el contrario, se abraza a ella a la espera de un cambio de los vientos. Al fin de cuentas, trabajar el campo es enfrentar los azares de la meteorología, de las pestes, de los humores gubernamentales. De ahí que contraiga deuda, y lo seguirá haciendo.

Mire ahora el nuevo panorama. El productor que sucumbiera al cuento del tío de la "década ganada" es el que, como nos ilustrara esta semana el economista Alfonso Capurro, por haber intentado combinar agricultura con ganadería, sembrar praderas o construir feed lots, está atrapado por costos inabordables de mano de obra, combustible o semillas. En el Uruguay productivo, lo productivo pierde.

Es natural, por tanto, que el sector se movilice y proteste: el desafío que tiene por delante es mayúsculo.

Es que, para comenzar, la protesta es tardía. El atraso cambiario y la perniciosa idea de que el sector es la vaca que debe amamantar al ternero del clientelismo gubernamental no son novedades, y deberían haber sido enfáticamente denunciadas cuando aún aquella vaca era gorda.

Fue tal vez por temor a la estigmatización fomentada por los círculos oficiales que el sector rural se sumó al silencio de otros a la hora de denunciar cada disparate fiscal y regulatorio del régimen a medida que se daban a conocer. Así, si por no saber leer un tonto transfiere por error US$ 50 millones a los funcionarios judiciales, u otro gasta otro tanto en un horno que luego abandona en un depósito, incumbe a todos los sectores productivos del país denunciar, con severidad, los desmadres que terminarán por pagar empresas y familias.

De ese letargo es del que el sector agropecuario debe sacar al país, en compañía, claro, de los partidos políticos de oposición que estén dispuestos a respaldar una campaña por la salvación del pulmón productivo nacional, hoy comprometido por 14 años de la misma, mortífera y regresiva política económica.

Hacerlo supondrá dar pasos sacrificados e incómodos.

No esperar, por cierto, nada de la noria de las gestiones oficiales. El presidente de la República ha sido claro en sus gestos: concederá audiencia al sector cuando lo quiera su capricho. Ni a bien tuvo informarle de la renuncia de su desprestigiado ministro de Ganadería a fines del año pasado: todo un dictamen sobre la inutilidad de las piezas que mueve.

Entender, en segundo lugar, la lógica política detrás de estos vacíos gestos de petulancia: el régimen frenteamplista no está en condiciones de escapar de la encerrona representada por el aislamiento comercial, el atraso cambiario y la presión regulatoria y fiscal, simplemente porque esa es su esencia. Modificar algo de esto le representaría al presidente el ser disciplinado por los lobbies bárbaros que le dirigen en realidad la mano.

El sector debería, pues, transitar el camino constitucionalmente reconocido de la protesta y la movilización. No, por cierto, el de la interrupción de rutas que el régimen autoriza a todos menos a los rurales, pero sí el que lleve a gobierno y a la oposición a entender que el campo ha dicho "hasta aquí llegué", y así lo va a sustentar, si es preciso con el lomo.

Nadie, quede claro, le puede garantizar al sector que contribuir al fin de la pesadilla frenteamplista le suponga el de sus problemas. Lo que se le puede garantizar es que, sin ese principio, esos problemas serán indefectibles, para ellos y el resto de un país al que se le está privando de su razón de ser.