La coalición de gobierno avanza en la búsqueda de acuerdos sobre los 501 artículos del proyecto de ley de urgente consideración. Con cambios en la redacción, propuestas de aditivos y sustitutivos, los cinco partidos se acercan en la discusión sobre la propuesta del Poder Ejecutivo en paralelo al trabajo de la comisión parlamentaria de 15 senadores, donde también está representada la oposición.
Hay algo, sin embargo, para lo que el Partido Nacional no tiene margen de negociación: la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación del petróleo crudo y sus derivados a partir de la ley urgente, que por sus plazos perentorios se aprobará antes de que empiece agosto.
Los socios de la coalición no se oponen a la desmonopolización de forma tajante, sino que rechazan aprobarla sin haberla discutido en profundidad en los 90 días que dispone la Constitución. Con distinto tono y alguna disidencia, los cuatro partidos argumentan que no saben cómo la propuesta afectará a Ancap y si efectivamente el precio de los combustibles bajará. A esto se le suma que no formó parte del acuerdo programático de la coalición, firmado en noviembre de 2019, de cara al balotaje.
Para que la intención de derogar el monopolio no fracase, el Partido Nacional negocia con sus socios una nueva redacción del artículo 230. Sobre la nueva versión están trabajando los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente), que en esta semana la darán a conocer en las instancias de coordinación de la coalición.
La intención es conformar –y así dejarlo expresamente redactado en la ley urgente– una comisión de expertos que asesore al Poder Ejecutivo sobre la viabilidad de la desmonopolización. Si la propuesta es aceptada por la coalición, en la nueva versión del artículo se fijará un plazo para que el grupo de trabajo elabore un informe y lo eleve a la Asamblea General y al Poder Ejecutivo. Estiman que el plazo será de 180 días, pero no está definido.
Si la comisión de expertos concluye que la desmonopolización es viable, el Poder Ejecutivo tendrá vía libre para presentar un proyecto de ley que se tratará en los tiempos parlamentarios regulares. Si no, Ancap seguirá teniendo el monopolio de la importación, exportación y refinación del petróleo crudo y sus derivados.
El estudio deberá despejar todas las dudas que hay sobre este tema, según Rodríguez. En diálogo con El Observador, el diputado colorado puso como ejemplo el análisis de "toda la cadena de comercialización interna de los combustibles, tanto a los efectos de eficiencia logística como de competencia de los mercados".
Asimismo, se enfocó en "los aspectos regulatorios de las distintas actividades de Ancap", "el impacto de la tributación en el precio de los combustibles" y cómo los "subsidios cruzados" afectan el precio final del producto. Los detalles de la nueva redacción se definirán en estas horas.
Por otra parte, la posibilidad de que la comisión esté integrada por representantes de los partidos políticos dependerá del Poder Ejecutivo. El presidente y los ministros se encargarán de designar a los miembros del grupo de trabajo. Para el diputado Rodríguez, es esperable que haya representantes de Ancap, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y de los ministerios de Economía y de Industria.
"Es un paso importante porque es una señal política que daría la coalición de gobierno. A partir del trabajo meticuloso de los expertos, el Poder Ejecutivo podría enviar un proyecto de ley en un tiempo prudencial que permita mejorar la eficiencia de la empresa y bajar el precio de los combustibles", sintetizó.
Cuando el presidente Luis Lacalle Pou divulgó el primer borrador del proyecto de ley, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado les encomendó a Rodríguez y al diputado Ope Pasquet una redacción alternativa. Este fue uno de los puntos de partida de la nueva versión que se someterá a discusión en la interna de coalición, con la que Cabildo Abierto en principio está de acuerdo.
Camilo dos Santos
El resto se mantendrá
No se proyectan cambios en los artículos 231 y 232 del proyecto de ley de urgente consideración, que establecen que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) será un servicio descentralizado con mayor "autonomía técnica, financiera y funcional", según explicó la delegación del Poder Ejecutivo que lo presentó en el Parlamento.
El gobierno cree que los cambios propuestos en este artículo serán fundamentales en caso de que prospere la desmonopolización de los combustibles, porque, entre otros puntos, indica que la Ursea deberá emitir un dictamen técnico antes de que se fijen las tarifas.
“Se propone fortalecer al regulador dándole potestades para regular efectivamente el sector –de forma pública y transparente–, de manera que los contratos privados con Ancap no terminen definiendo el negocio y el mercado. Se busca esto porque, entre otras cosas, en ese rol Ancap se transforma en algo más de lo que la ley establece y va más allá de sus atribuciones, transformándose en regulador y proveedor”, dijo ante la comisión especial del Senado el ministro de Industria, Omar Paganini.
El secretario de Estado aseguró que la Ursea "prácticamente no interviene en los aspectos económicos", pero a partir de la ley tendrá herramientas para regular a los distintos integrantes de la cadena. "Es decir que Ancap llegue hasta las puertas de la refinería o hasta sus plantas de distribución primaria y que de ahí en adelante funcionen las regulaciones que determine la Ursea", agregó en la sesión del 11 de mayo.
"Monopolio natural"
El Frente Amplio se opone a la desmonopolización de los combustibles. Entre otros aspectos, la senadora Carolina Cosse señaló que la propuesta del Poder Ejecutivo "recoge la redacción exacta" del primer artículo de la ley 17.448, que fue derogada en 2003 después de ser sometida a referéndum. La oposición argumenta que derogar el monopolio de Ancap contraviene la Constitución.
“Hay mercados que por su dimensión y determinados rubros de operación –el caso de los combustibles es uno de ellos– configuran, para escalas pequeñas, escenarios de monopolio natural o de oligopolio natural si el mercado es más grande”, valoró la exministra de Industria.
