La teoría politológica dice que los legisladores son los representantes del pueblo y, en este sentido, a juzgar por encuestas de opinión públicas anteriores, la visión de los senadores y diputados son coincidentes con la sociedad en general. La mayoría se inclina por defender un régimen que, desde el mainstream europeo y estadounidense es criticado. A tal punto que algunos académicos le han dado el rótulo de “la paradoja electoral uruguaya”.
Según el Índice de Democracia del periódico The Economist, Uruguay es una de las 25 “democracias plenas” y se encuentra en el puesto 11 del ranking mundial. Pero en el indicador de “participación política”, el país puntúa peor que Tailandia que está en el puesto 55 y es considerada una “democracia defectuosa”, o Palestina en el lugar 110 que es calificada de autoritarismo. ¿Cómo es posible?
“Estos índices se basan en un liberalismo individualista: una democracia es más democrática si tiene libre mercado, es más democrática si el voto es voluntario y el ciudadano tiene la libertad de decidir participar o no”, explica Óscar Bottinelli, especialista en sistema electoral. Lo paradójico, dice, es que “bajo el voto voluntario solo suelen votar aquellos más cercanos a los círculos de poder, los más formados y quienes tienen un incentivo en ir a votar”.
Su colega Daniel Chasquetti, quien suele ser uno de los académicos consultados para los índices, critica que la mirada liberal no considera el “demos democrático”, ¿quiénes toman las decisiones? “La obligatoriedad garantiza el ejercicio electoral como un deber, le da legitimidad a los gobiernos y los partidos políticos tienen que activarse para ir a buscar a aquellos menos interesados e informados”.
La visión liberal del voto, a su vez, “a veces peca de elitista”, agrega Bottinelli. “Porque se piensa que la gente decide a último momento su voto o que no sabe lo que vota, pero en realidad distintos estudios muestran que la mayoría de las personas tiene claro un conjunto de valores o sabe qué piensa, solo que a veces no sabe cómo verbalizar ese pensamiento o no quiere hacerlo”.
El sistema de partidos uruguayo, que es uno de los más antiguos del mundo y que en la Constitución de 1934 fijó la obligatoriedad del voto (aunque no fijó sanciones por incumplimiento hasta 1971), tiene tal potencia que la visión excede las diferencias políticas partidarias o las ideologías de liberales, conservadores y progresistas no liberales.
Los legisladores del Frente Amplio, por ejemplo, tienen una visión casi idéntica al Partido Nacional. El Partido Colorado se diferencia, pero, valga la salvedad, es la colectividad política que cuenta con menor nivel de representatividad en esta muestra por quiénes no quisieron contestar.
¿Exonerar a los viejos en un país de viejos?
En el Uruguay en que los adultos mayores (+65) superan a los que todavía no están en edad de ir a votar, la edad no es una excusa para evitarse la multa electoral si no se justifica el motivo de ausencia. A diferencia de los comicios del BPS o la Universidad de la República, en que se modificó la normativa, en las elecciones nacionales se requiere de un certificado médico u otro documento que avale la incapacidad de llegar a la urna. Es lo mismo que pasa en Chile o Bolivia.
“Se entiende que los mayores de edad tienden a ser más conservadores, entonces en el mundo del voto obligatorio los partidos más de derecha tienden a defender que se los obligue a votar“, señala el profesor titular de Ciencias Políticas Chasquetti. Pero, a priori, “esa no es una discusión latente en Uruguay”.
De hecho, Bottinelli (79 años) cuestiona que al adulto más mayor se lo trate como alguien “menos posibilitado de ir a votar que alguien más joven que quizás tiene mayores dificultades”.
La exoneración por razones de edad “a veces le quita responsabilidad al Estado sobre aquello que debería hacer: el Estado tiene que facilitar la posibilidad de votar, garantizar la accesibilidad”, complementa la profesora titular en Psicología Social Mónica Lladó, quien se especializó en envejecimiento y los derechos de los adultos mayores.
“En el prejuicio, se cree que muchos de los adultos mayores están incapacitados mentalmente y por eso habría que exonerarlos de ir a votar. Pero eso no se sustenta, salvo en aquellos que están enfermos y pueden justificarse. El resto tiene su derecho y obligación de expresarse como cualquier ciudadano”, dice la académica.
De hecho, a la hora de expresarse, los adultos mayores no tienen un comportamiento muy distinto al resto de ciudadanos: en Uruguay el voto en blanco o anulado es bajo en general y el porcentaje de participación no suele variar demasiado de ciclo electoral a ciclo electoral.
De yapa: reelección presidencial, ¿sí o no?
Luis Lacalle Pou es, desde la vuelta de la democracia, uno de los presidentes que cuenta con mejor nivel de aprobación de su gestión. Solo lo superó Tabaré Vázquez en su primera administración y está en niveles muy similares a los de José Mujica.
Aprovechando esa peculiaridad —y que el próximo domingo puede que los salvadoreños reelijan a Nayib Bukele aunque la Constitución se lo prohibía— El Observador les consultó a los legisladores uruguayos si están de acuerdo con la reelección presidencial.
Fiel al “estilo uruguayo”, solo la cuarta parte está afín a cambiar el régimen (20% de acuerdo y 5% muy de acuerdo). Y, como podía pensarse a raíz de los guarismos de imagen presidencial, en el Partido Nacional es donde existe mayor adhesión a la causa (40% a favor).
¿Cómo lo hicimos?
El Observador encuestó, mediante un formulario de Google, a los senadores y diputados actuantes durante la mayor parte de la legislatura en 2023. El relevamiento, realizado entre el 29 de agosto de 2023 y el 16 de enero de 2024, contó con las respuestas de 123 de 130 legisladores.
No respondieron la encuesta porque se opusieron a la misma: Carmen Asiaín (Partido Nacional, quien fue sustituida por su suplente Jorge Saravia), Carmen Sanguinetti (Partido Colorado), Raúl Batlle (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto). No contestaron porque, tras sucesivos intentos de comunicación, nunca respondieron: Óscar Andrade (Frente Amplio), Álvaro Lima (Frente Amplio), Wilman Caballero (Cabildo Abierto), y Valentina Dos Santos (Partido Nacional).
El cuestionario incluyó nueve preguntas de opinión con múltiple opción y 12 consultas de perfil sociodemográfico y caracterización. Este trabajo fue iniciativa de un equipo periodístico de El Observador integrado por: Diego Cayota, Ramiro Pisabarro, Martín Prato y Tomer Urwicz.
