En un evento de la Cámara de Comercio, los expertos de los principales estudios jurídicos criticaron la iniciativa oficial
El proyecto del gobierno para identificar a los accionistas de las empresas uruguayas, ahora en el Parlamento, fue rechazado el miércoles por empresarios y expertos tributaristas en un evento realizado por la Cámara de Comercio y Servicios (CNCS).
En una sala repleta de empresarios y profesionales en el edificio de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, sostuvo que la iniciativa "cierne una amenaza sobre el derecho a la intimidad".
Para el contador Nicolás Juan, socio del estudio Guyer & Regules, la inciativa del gobierno "va más allá de lo que exige la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)" y no se trata de un área en la cual "Uruguay deba ir en la avanzada".
Por su parte, el doctor Carlos Loaiza, de la firma Sanguinetti Fodere, criticó la ausencia de un estudio de "costo y beneficios" por parte del gobierno antes de redactar la iniciativa. "No sabemos cómo va a impactar pero si lo medimos por el nerviosismo de los inversores, principalmente los argentinos, es un tema a considerar", enfatizó.
El experto Ignacio de Posadas, del estudio Posadas, Posadas y Vecino, sostuvo que el proyecto que nuclea en la Dirección Nacional Impositiva (DGI) los nombres de los portadores de acciones, "es lo más grave que ha aparecido en esta linea de temas", que afectan al derecho a la intimidad. El ex ministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, sostuvo que "el impacto económico será enorme", principalmente a través del sector inmobiliario.
Para el abogado Alberto Varela, del estudio Ferrere, Uruguay debe evitar el "provincialismo enfermizo" por el cual asume que "todo lo que nos pidan los países desarrollados está bien". Sostuvo que Uruguay debe responder a los reclamos de la OCDE "con reticencia, sin entusiasmo y de forma inteligente, con lo mínimo indispensable".