Explotación sexual de menores: Fiscalía y comité de erradicación con cifras diferentes

"El año pasado hubo una baja respecto a 2018 (286) que nosotros atribuimos a un cambio de lo presencial a lo virtual, ya que los contactos se establecían de esta manera", explicó este lunes en rueda de prensa el presidente del comité, Luis Purtscher.

En el Día Nacional contra la Explotación Sexual de la niñez y la adolescencia, Putscher explicó que el aumento de este año se generó a raíz de la pandemia de covid-19, ya que hubo una "depreciación de la presencia de instituciones del Estado" y un "corrimiento" de la protección de las víctimas.

"Veníamos trabajando más de 200 situaciones y se sumaron otras 170 que dan cuenta de la identificación que realizamos", resaltó el sociólogo.

Esos 410 casos son aquellos en los que la Conapees tiene "certeza de explotación o hay presunción de explotación que se identifica a través de variables que afectan a la vida de las víctimas", como situaciones de extrema pobreza, de consumo o violencia familiar, entre otras, que pueden ser detectados como el antecedente del delito.

Purtscher mencionó que entre los casos hay situaciones de explotación intrafamiliares o de redes, por lo que se convierte en "un problema complejo". "Hay un nivel en donde se mantiene la presencia del grupo de origen. A veces hay un actor dentro de la explotación vinculado a una estrategia de supervivencia o conjunción de intereses con otro adulto que paga alguna deuda o un beneficio para el núcleo de la convivencia", señaló. De esta forma, se generan "matrimonios pactados o parejas fictas" que "cuesta localizar por lo arraigado que están en las comunidades".

En cuanto a la situación por departamento, Montevideo concentra 59 casos de los que se atendieron en 2020, Canelones 35, Maldonado 29 y Purtscher mencionó el aumento de explotación sexual en los departamentos fronterizos, como en Artigas con 29 casos, Cerro Largo y Salto con 24 y Rivera como 18.

En tanto, la instalación de la segunda planta de UPM plantea un "agravamiento" en la cantidad de casos, explicó el presidente de Conapees. "Ya habíamos señalado el caso de Fray Bentos y Conchillas, donde grandes emprendimientos conllevaban una enorme movilización de mano de obra que genera cambios a una velocidad a la que las comunidades no se pueden adaptar".

Por eso, departamentos como Durazno (13 casos), Florida (22) y Tacuarembó (23) duplicaron la cantidad de casos que se atendieron respecto al año pasado.

Para el sociólogo, uno de los desafíos para el Estado es mejorar los niveles de atención de las situaciones de explotación sexual. Por esa razón, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, expresó que una de las ideas para este período es instalar un centro de 24 horas para adolescentes víctimas de explotación, ya que actualmente funciona un dispositivo que atiende de forma parcial.

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Cifras distintas a las de Fiscalía

El Conapees está integrado por más de diez organismos del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, participó de la jornada de forma online y problematizó sobre el "déficit en el manejo de cifras de los casos".

"Hay que separar lo que son casos domésticos con las redes. Plantear números en su globalidad como si todos fueran redes puede plantear una percepción equivocada de la realidad", dijo en su intervención a distancia.

Sobre el mismo tema, dijo que "hay que ser radicalmente rigurosos en la metodología" sobre cómo se analizan los casos, ya que las cifras que maneja fiscalía son diferentes a las de Conapees.

"Como autocrítica al Conapees, no podemos tener diferencias. Los números que hoy maneja Conapees no son los que maneja fiscalía, superan ampliamente a los de fiscalía como casos investigados", apuntó.

El informe estadístico que presentó la fiscalía en junio de este año desagrega los delitos sexuales, la trata y el tráfico pero no distingue aquellos cometidos contra menores de edad. Sin embargo, si se toma la cifra del total de denuncias con al menos un imputado en el primer semestre de este año, son 32 casos que fueron investigados por el Ministerio Público.

Consultado por El Observador, Purtscher explicó que "no todos los casos que atiende Conapees se judicializan" y comentó la forma en la que se construyen los datos que se presentan anualmente.

"Tenemos una herramienta de construcción de datos que aplica a equipos que trabajan directamente con las victimas. En esa herramienta que tiene 33 variables, algunas son básica como el departamento, la localidad y la edad, y se suman otras como el trayecto, si la gurisa está en situación de calle, si ya ha vivido violencia o abuso", señaló.

Los equipos que trabajan con los niños y adolescentes pertenecen al INAU, a las organizaciones El Paso y Gurises Unidos, e identifican los casos en base al trabajo en territorio. 

Por eso, apuntó que "no siempre es el momento de realizar la denuncia", aunque ese caso se incluya en las cifras finales. "A veces se identifica el indicador de que puede ser parte de un proceso de explotación pero no hay certeza", ya que, agregó, "se mira el proceso" y de esta forma "trabajan en el conteo y la atención".