El prosecretario de la Presidencia dijo que analizaron la Estrategia Nacional de Riesgo aprobada en 2023 y esta "está sometida a constante evaluación"
Archivo: Jorge Díaz
Foto: Inés GuimaraensEl prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz dijo que en el caso del asesor del edil blanco condenado por lavado de activos del narcotráfico "no funcionaron las alertas que debieron funcionar".
"El uso de dinero en efectivo en grandes cantidades ya de por sí es un elemento indicativo de riesgos, y el uso de grandes cantidades de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, mucho más todavía", reconoció el prosecretario de Presidencia, quien presidió este martes la la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, donde se trató el tema.
Mediante la "Operación Trazador" la Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de $ 3 millones en efectivo (que estaban en la casa de Leiva), varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.
Entre los condenados está Pablo Leiva, exasesor del edil blanco Gonzalo Gómez (fue desvinculado cuando se conoció su participación en el caso), pero también el líder de la banda que traficaba droga y su pareja. La operativa se centraba en la venta de drogas en los barrios Marconi, Villa Española y Pérez Castellanos. Y Leiva se encargaba de blanquear el dinero. El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió la semana pasada abrir una nueva investigación vinculada a la operación.
Por su parte, el prosecretario aclaró que la comisión en cuestión "no tiene potestades de investigación", pero que sí la integran organismos "como la Policía, la Fiscalía, la Senaclaft o el propio Banco Central", que sí tienen estas potestades.
La comisión "tiene como dentro de su competencia lo que tiene que ver con el monitoreo global del funcionamiento del sistema". En este sentido, "se hizo un análisis de la Estrategia Nacional de Riesgos que se aprobó en el año 2023 y que no contempla algunos riesgos que se vieron aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad, por ejemplo, la utilización de redes de pago", agregó.
Durante la investigación policial surgió que Leiva, además, realizaba operaciones en un local de cobranzas de la cadena Abitab propiedad de Jorge Gandini y su esposa. Esto, sin embargo, no fue objeto de investigación en la órbita de Fiscalía cuando se llegó a la condena.
"La Evaluación Nacional de Riesgo no es algo estático, es algo que está sometido a constante evaluación y, por lo tanto, lo que nos llevamos como deberes las distintas instituciones es trabajar sobre una modificación para incluir algunos aspectos que hoy no están incluidos", añadió Díaz.
"Lo que nos queda por delante es reunirnos con las redes de pago, analizar sus matrices de riesgo y si efectivamente existe una cuestión concreta, una alarma concreta", afirmó.
