Frente Amplio apura ley de financiamiento, que "llega tarde" a la campaña electoral

Pero a partir del entretiempo las cosas cambian. El juez dice que desde entonces no validará ningún gol que provenga de un pelotazo, porque quiere fomentar un juego más vistoso. El equipo visitante, desesperado por el empate, protesta con razón. ¿Qué pasa entonces con el gol ya validado anteriormente?

Una situación análoga comienza a asomar de cara a la próxima contienda electoral. Mientras los partidos calientan los motores de la campaña, los sectores delinean sus estrategias para los comicios, y los legisladores multiplican sus actos y recorridas por todo el país, el Parlamento todavía tiene a estudio un proyecto de ley que pretende modificar las reglas de juego con el fin de lograr un sistema más igualitario.

Oficialismo y oposición están de acuerdo –aun con matices– en la necesidad de reformar la ley de partidos políticos para transparentar el financiamiento de la campaña electoral, y quieren hacerlo lo más rápido posible para que los resultados ya puedan verse en 2019. Sin embargo, hay quienes advierten que la iniciativa llega “a destiempo”, porque algunos ya empezaron a jugar el partido con otras reglas. 

Un ejemplo de ello es la prohibición de las donaciones anónimas, un punto sobre el cual existe amplio consenso entre los partidos con representación parlamentaria. Mientras que la ley actual permite donaciones anónimas de hasta $ 15 mil, la nueva normativa obliga a los donantes a figurar siempre con nombre y apellido. 

“En ese aspecto la ley llega tarde, porque llega cuando muchos ya hicieron caja”, dijo a El Observador el politólogo Óscar Bottinelli, director de Factum y experto en legislación electoral. Según Bottinelli, algunos candidatos “tienen el apoyo de grandes poderes económicos” que “ya están haciendo sus aportes” amparados por la normativa que se intenta cambiar. 

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Lo mismo señaló el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión especial que analiza el proyecto. El legislador afirmó que “se pueden generar algunas inconsistencias y un doble criterio”, que en otros países está subsanado con un plazo para las modificaciones de las normas de financiamiento. “La legislación uruguaya no tiene algo así”, dijo Rodríguez. En la última sesión de la comisión, el pasado 12 de setiembre, el diputado dijo que los partidos ya están haciendo gastos “bajo la normativa vigente” y planteó la posibilidad de que los cambios rijan para las futuras elecciones.

Algo similar a lo que ocurre con las donaciones anónimas se da también con el tope a los aportes personales. El proyecto a estudio de Diputados establece que los candidatos a presidente y vicepresidente no podrán donar a sus propias campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 48 mil a valores actuales). La legislación actual, en cambio, no fija ningún tope a la autodonación. 

En este punto, el límite que se pretende establecer abarca desde el 1° de enero del año electoral hasta la fecha de los comicios. Por lo tanto, de aprobarse antes de fin de año, como planea hacer el oficialismo, la ley llegaría a cubrir esa variable. 

Sin embargo, ello no terminaría de cerrar una grieta difícil de controlar. A través de donaciones anónimas, todavía habilitadas, los candidatos pueden estar hoy en día financiando los primeros gastos de sus campañas.

En discusión

Para evitar que los partidos continúen su actividad bajo las normas vigentes al día de hoy, el Frente Amplio pretende aprobar la ley “cuanto antes”, dijeron a El Observador integrantes de la bancada.

Aunque la comisión de Diputados postergó hasta este miércoles el inicio de la votación del articulado, dando tiempo a cada colectividad para preparar propuestas modificativas, la intención del oficialismo es votar el texto tal cual vino del Senado, según dijo el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio). 

Desde la oposición, sin embargo, no son pocos los reparos que se hacen al proyecto. Pablo Abdala, del Partido Nacional, dijo que si bien los blancos tienen una mirada “favorable” a avanzar en una nueva normativa, el proyecto a estudio “llega muy encima de la campaña” y presenta “varias inconsistencias”. 

Tanto nacionalistas como colorados están en contra de la disposición que prohibe el aporte de  las empresas en campaña electoral, entendiendo que eso “no necesariamente conduce a una mayor transparencia”, según apuntó Abdala y coincidió Rodríguez. Durante el debate en el Senado, ese artículo fue aprobado solo con los votos del Frente Amplio. 

“La ley entra a funcionar chueca porque arranca con sectores que ya tienen un inventario anónimo de aportes”. 
Óscar Bottinelli, politólogo y experto en legislación electoral

Otro elemento que genera controversia es el que regula la distribución gratuita de minutos de publicidad en televisión. La oposición considera que el mecanismo de reparto es inconstitucional y favorece al oficialismo. 

Según el texto aprobado en el Senado, en tre las 18 y 23 horas de los treinta días previos a la elección, habrá diez minutos de publicidad gratuita por hora. La distribución de ese espacio está prevista de la siguiente manera: 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección y el 5% restante para los nuevos partidos.

Por último, en la oposición existen dudas respecto al efectivo control que tendrán las nuevas disposiciones. Tanto en el Senado como en Diputados, la Corte Electoral anunció que le será “imposible” cumplir con los cometidos que le asigna la ley, si no se le asignan más recursos. El organismo cuenta actualmente con solo tres contadores y afirma que para poder rastrear y auditar las finanzas del centenar de agrupaciones políticas precisa más jugadores.