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Frente Amplio da “respaldo absoluto” al Mides y busca evitar que Darío Pérez vote investigadora
Por Natalia Gold y Martín Tocar
La gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se ha instalado definitivamente como uno de los principales temas de disputa política en el arranque del último año de gobierno. El Partido Nacional pretende hincar el diente en una cartera sobre la que pesan varias denuncias de irregularidades e impulsará una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar casos de presunto “clientelismo” en la cartera liderada por la comunista Marina Arismendi.
En el Frente Amplio, por su parte, reina la convicción de que la embestida de los nacionalistas responde a una estrategia electoral. Dicen en el oficialismo que lo que buscan los blancos es aprovechar una instancia de ese tipo para sembrar un manto de dudas en plena campaña y generar un prolongado hecho político que concite la atención de los medios y la opinión pública, como ya sucedió con las investigadoras de Ancap y ASSE y terminaron con jerarcas procesados.
En ese contexto, Arismendi concurrió este viernes junto a su equipo del Mides a la reunión semanal de la Mesa Política del Frente Amplio para dar un pantallazo acerca de las políticas que ha desarrollado la cartera en estos años, y para intentar desarticular las denuncias de la oposición.
Puertas adentro primero y ante la prensa después, Arismendi lanzó argumentos similares a los que ha venido manejando en los últimos días y manifestó que la iniciativa busca derribar una “bandera” de la izquierda e instalar un “circo mediático”.
“El Mides es lo que los otros no hicieron nunca. Es lo que empezó en 2005. Es poner primero a la gente. Eso es la esencia de la izquierda. Entonces es normal que a los que gobernaron durante décadas de espaldas a la gente y en beneficio de otros intereses el Mides les moleste”, dijo Arismendi.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda declaró que la coalición respaldaba “absolutamente” el trabajo de la ministra y al resto de la gestión del Mides en general. Participantes del encuentro relataron a El Observador que no hubo “ningún cuestionamiento” a la ministra ni a su equipo y que tanto sectores como bases coincidieron con Arismendi en su hipótesis de los intereses electorales de la oposición.
Voto 50 en cuestión
Aunque la Mesa Política no analizó explícitamente qué postura deberá tomar la bancada en caso de que se presente una moción para instalar una investigadora, tanto en el encuentro como en otros ámbitos de la orgánica sobrevuela la incertidumbre acerca de si el FA será capaz de cerrar filas e impedir la fuga de un voto, todo lo que le alcanza a la oposición para conseguir su objetivo.
En su informe parlamentario, la coordinadora de la bancada de Diputados, Susana Pereyra, resaltó que el factor Darío Pérez –cuyos desplantes a los mandatos partidarios provocaron varios dolores de cabeza a los legisladores del FA– es un elemento a tomar en cuenta en cada proyecto que pretende impulsar el oficialismo, y lo mismo ocurre con las propuestas como la de crear una investigadora que embretaría a la coalición de izquierda.
Los frenteamplistas no son los únicos conscientes de la fragilidad de la mayoría parlamentaria en la Cámara Baja. Según comentaron fuentes políticas, en el Partido Nacional buscarán aprovechar ese flanco débil y de hecho ya hubo unos primeros “sondeos” con Darío Pérez para ver si estaría dispuesto a dar su voto.
Desde Liga Federal subrayan que aún no tienen una postura tomada y que lo evaluarán cuando todas las cartas estén arriba de la mesa. Dirigentes del sector consultados por El Observador señalaron que Pérez está dispuesto a distanciarse nuevamente de la bancada en caso de hallar “serias presunciones” de irregularidades, pero también resaltaron que habrá que “tomar en cuenta” el “contexto electoral”.
Con todo eso en mente –y sumando la preocupación por el éxito de otras prioridades de la agenda legislativa–, un grupo de senadores referentes del Frente Amplio iniciaron gestiones para acercarse al diputado rebelde y “reconciliarse” con él y su sector, tres meses después de que las relaciones llegaran a un punto de máxima tensión, con la suspensión por cuatro meses a Liga Federal y la posterior ausencia de Pérez a la hora de votar en la Cámara la ley de financiamiento de partidos políticos.
Según supo El Observador, el senador comunista Juan Castillo ya se contactó con el delegado de Liga Federal José Antonio Maldonado para coordinar una reunión en los próximos días, junto a otros integrantes de la bancada como Mónica Xavier, Charles Carrera y Rafael Michelini.
Cinco presuntas irregularidades que quieren incluir en la investigadora
ONG de un compañero
La asociación civil Centro de Participación Popular fue creada en 1986 y tuvo como socio fundador a Christian Mirza, el primer director de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Hubo decenas de contrataciones del Mides a la ONG durante los tres gobierno del Frente Amplio y varias de ellas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por considerarlas irregulares. En 2012, por ejemplo, observó al menos dos veces el convenio que se había firmado porque “la mayoría de los integrantes del equipo técnico contratado desempeñaba tareas en el Mides”, lo que implica un conflicto de intereses.
Gastos en pasajes
El Tribunal de Cuentas observó el 90% de los gastos que el Mides realizó por pasajes dentro de Uruguay en 2016. Según información a la que accedió el diputado nacionalista Martín Lema, de los $ 20 millones que se gastaron para ese rubro fueron observados $ 18 millones. No era la primera vez que al Mides se lo observaba por ese motivo. En 2014, el organismo de contralor –que no tiene poder de sanción alguno– volvió a observar al ministerio por el mismo motivo y lo mismo ocurrió en 2015. En los dos años los gastos considerados fuera de la norma fueron de $ 10 millones.
Asociación amiga
El Mides contrató de manera directa a la asociación civil Eusebio Vidal para gestionar un refugio para personas en situación de calle en San José. Esta ONG se había formado para consolidar una radio comunitaria de izquierda y el TCR observó su contratación seis veces, según informó El País. A diferencia de lo que ocurrió en otros casos, esa situación llegó hasta los pasillos de un juzgado porque siete empleados cesados de sus cargos denunciaron ante la Justicia a la organización y al Mides por descontarles el 7% del sueldo para la financiación de la radio.
Electricistas en duda
El Mides firmó un convenio con UTE en 2011 a través del que cooperativas acreditadas por el ministerio podrían ser contratadas por el ente para tareas de limpieza, mantenimiento de áreas verdes y edilicias. Sin embargo, al tiempo le cambió la función y le adjudicó, de manera directa, los arreglos eléctricos de casas de familias que están contempladas en el plan Canasta de Servicios, creado para brindar servicios básicos a personas en situaciones socio-económicas vulnerables.
El Tribunal de Cuentas observó tres veces en 2018 esa contratación y los gastos que derivaron del acuerdo entre el Mides y la cooperativa Esperanza Joven.
Guarderías
El Mides gastó más de $ 6 millones en 2018 por pagar la guardería a hijos de trabajadores de organizaciones civiles que, si bien trabajan en convenio con el ministerio, no son funcionarios públicos. A partir de 2011, otorgó a los funcionarios que tuvieran hijos a cargo la posibilidad de mandarlos al Centro de Cuidados de Primera Infancia y en enero de este año se autorizó el pago de ese beneficio a los trabajadores presupuestados con contratos temporales y con pases en comisión. Los pagos fueron observados en noviembre del año pasado por el TCR porque no hay una norma que habilite a desviar fondos para ese fin.
