Nacional > DIPUTADOS
FA duda sobre el desafuero de Ezquerra por tratarse de una falta
Pedirán informe a la asesoría jurídica del Parlamento para definir
Tiempo de lectura: -'
13 de octubre de 2017 a las 05:00
El Frente Amplio (FA) pedirá un informe a la asesoría letrada del Parlamento para determinar si es procedente desaforar al diputado nacionalista Wilson Ezquerra, para que pueda ser juzgado por haber conducido en "grave estado de embriaguez", según lo determina la ley de Faltas. El coordinador de la bancada de esa fuerza política, Carlos Varela, dijo a El Observador que existen dudas sobre si se aplica el desafuero para el caso de faltas.
El pasado 6 de agosto, Ezquerra conducía por la ruta interbalnearia cuando en kilómetro 84 se desvió hacia la banquina e impactó contra una mujer de 60 años que viajaba en moto. La espirometría que se le realizó al legislador en el lugar reveló que tenía 1,49 gramos de alcohol en sangre, 0,29 gramos por encima de lo que la ley de faltas (Ley 19.120) considera sancionable con penas de entre siete y 30 días de prestación de trabajo comunitario.
El caso fue tomado por dos sedes: por un lado el juzgado de Paz, que analiza si corresponde sancionar o no al legislador en el marco de la ley de Faltas por conducir ebrio y, por otro, el Juzgado Penal de 2º turno que estudia si cometió un delito de lesiones al dejar a la mujer hospitalizada.
Por las actuaciones del juzgado de Paz, la fiscal Silvia Naupp solicitó el desafuero del legislador, y el juez de Paz Luis Fourment hizo lugar a ese pedido.
Si bien Ezquerra afirmó que no pretende ampararse en sus fueros y que le pediría a sus compañeros de la Cámara de Diputados que voten su desafuero, ahora el oficialismo planteó reparos. "Existe la duda de si corresponde un desafuero en caso de una falta (...) Hay que ser muy cuidadoso porque esto generaría un antecedente y no queremos ir contra las normas", dijo el coordinador de la bancada del FA.
Por el contrario, el diputado nacionalista Jorge Gandini dijo que "a priori" el Partido Nacional entiende que corresponde el desafuero, por más que la falta sea considerada un "delito menor".
De todas formas, Gandini opinó que "si se entiende que es bueno pedir un informe, y se hace rápido, no estaría de más considerarlo", ya que "se generaría un antecedente".
El diputado nacionalista dijo que sería la primera vez que se pide un desafuero contra un legislador por una falta, por lo que "no está bueno tomar decisiones sin tener elementos".
En tanto, el diputado colorado Adrián Peña dijo a El Observador que en la medida en que Ezquerra había manifestado su voluntad de aceptar el desafuero, el tema no fue planteado en la bancada. De todas formas, dijo que si se plantea esta discusión, acompañaría la decisión de solicitar un informe jurídico.
En los últimos días, la coordinación de la Cámara de Representantes solicitó un informe de antecedentes para definir cómo actuar ante un caso de desafuero como este.
Sin embargo, la duda ya fue clarificada por la fiscal del caso, quien pidió el desafuero en el entendido de que un delito y una falta tienen esencialmente la misma estructura y el mismo tratamiento, dijo una fuente judicial a El Observador.
Debido a que, según Gandini, Ezquerra pidió que se actúe con celeridad en su caso, y a que manifestó su intención de presentarse ante la Justicia, se espera que el tema quede definido en los próximos días. En cualquier caso, el desafuero deberá ser votado afirmativamente por al menos dos tercios de la Cámara de Representantes. De no alcanzarse esa mayoría, Ezquerra no podría ser juzgado.
El único caso en los últimos 30 años en que el Parlamento votó un desafuero fue el del exintendente colorado de Artigas, Carlos Signorelli, acusado de fraude por la fiscalía por el uso de cheques de prestamistas con elevados intereses para el pago de salarios durante su administración.
Justicia penal paralizada
La mujer de 60 años que fue atropellada por Ezquerra no ha presentado denuncia contra el legislador hasta el momento, lo que deja al Juzgado Penal de 2º turno sin posibilidad de acción, debido a que la Justicia no puede actuar de oficio a menos que las lesiones concuerden con lo que el Código Penal define como lesiones gravísimas.
Una lesión es gravísima si se genera una enfermedad incurable, se pierde un sentido, se mutila un miembro o se torna inservible, se pierde un órgano o la capacidad de palabra, se produce una deformación permanente del rostro o el aborto de la mujer herida.
Por esa razón, el caso depende del informe forense, que hasta ahora no ha llegado al despacho del juez.
