Los legisladores oficialistas quieren evitar a toda costa la privación de libertad para los adictos, y para eso elaboran una nueva ley alternativa a la de internación compulsiva. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en junio nunca conformó a la bancada del Frente Amplio, y tan grande fue el rechazo que entendieron que lo mejor era desechar esa ley y hacer una nueva. Si bien aún resta definir los detalles de la nueva norma y discutir cómo, quiénes y en qué lugares se internará a las personas que se encuentre en la calle consumiendo sustancias estupefacientes y alterando el orden público, una de las ideas más firmes es evitar la compulsividad en la internación.
“En el proyecto original parecería que hay una especie de privación de libertad. Estamos de acuerdo con derivar al adicto a una estructura sanitaria, pero no privarlo de su libertad. Queremos obviar la situación intermedia de detención o internación compulsiva”, indicó a El Observador el senador Luis Gallo (Asamblea Uruguay). Otras fuentes oficialistas indicaron que el objetivo es resolver el tema de una forma “garantista” de los derechos de las personas, y que entonces quien debería definir si el adicto debe permanecer internada es un médico, y no un juez, como se prevé en el proyecto (ver recuadro).
Sí se mantiene la idea de que un magistrado sea informado y defina en caso de que la persona altere el orden, pero si debe ser internado por su adicción, esperan que la resolución sea médica.Incluso reaparece en el debate la duda de si las personas halladas en la vía pública deben ser “levantadas” y llevadas a los centros de salud contra su voluntad, salvo que estén en una situación de no poder decidir por si mismos, o estén alterando el orden público. Algunos legisladores no concuerdan con la creación de un grupo multidisciplinario que se encargue de levantar a las personas, derivarlas al juez y enviarlas a un centro específico para hacer el diagnóstico. Sostienen que puede ser considerado como un “centro de detención” de adictos.
El planteo que hicieron los legisladores oficialistas a sus colegas de la oposición en la última sesión de la comisión de Salud del Senado, en la que informaron que redactarían una propuesta alternativa, responde a la intención de tratar el tema “desde una perspectiva de salud y no represiva”, dijo Gallo. El objetivo es atender la parte sanitaria de los adictos “considerando que son personas que tienen una afección mental crónica, como está definido en la Organización Mundial de la Salud”, agregó, y no enfocar el tema a la seguridad. “El problema de seguridad publica existe, pero queremos que lo prioritario sea lo sanitario”, concluyó. El concepto es compartido en general por la bancada, aunque existen matices sobre cómo será el procedimiento a impulsar.
Gallo recordó que se puede utilizar la vieja Ley de Psicópatas (de 1936) y aggiornarla para que el proyecto, que ya había recibido críticas desde la Justicia, pueda ser “más sustentable”. Explicó que allí hay dos posibilidades de internación contra la voluntad de las personas: por decisión médica o si la persona cometió alguna falta o alteración del orden público a través de una denuncia policial. “Pero no dejarlo internado solo por el hecho de que esté consumiendo en la calle”, dijo.
