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El hecho causó sorpresa en el gobierno.

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FA pide acuerdo político por la alimentación pero no vota aumento de recursos para el INDA

En la oposición causó sorpresa el incremento de recursos pautado para los comedores en año electoral

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27 de septiembre de 2022 a las 12:23

El debate en torno a las ollas populares y los recursos que el gobierno destina a esos fines sumó un nuevo capítulo, en medio de exhortaciones a adoptar ese tema como política de Estado. El senador frenteamplista Óscar Andrade (PCU) planteó ante representantes del gobierno en el Parlamento la necesidad de dejar a todo lo relacionado con la alimentación fuera del debate y la confrontación político-partidaria. 

Así lo propuso en senador comunista ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta, en presencia del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. La confrontación política, señaló, se dará seguramente en una multitud de temas. Por ejemplo en derechos laborales, en torno a la negociación colectiva o sobre el rol de las empresas públicas. “Pero en cuestión de la alimentación, tenemos que trabajar acerca de consensos en una realidad que nos interpela”, expresó el legislador de la oposición. 

Se trata, señaló, de garantizar la alimentación. Específicamente, a todos los niños y niñas del país. Andrade viene de presentar un proyecto de ley para que la alimentación en la educación pública esté garantizada los 365 días el año. “Tendría que haber un acuerdo político amplio”, reclamó. “Disputemos por otras cosas, pero no disputemos con la cuestión de la alimentación”, pidió. 

La propuesta se dio en una sesión en la que hubo sorpresa en el gobierno: un artículo que plantea un sensible aumento de recursos para los próximos dos años en el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) no contó con el voto de la oposición en el proyecto de Rendición de Cuentas que llegó aprobado desde la Cámara de Diputados.  El pedido plantea en concreto un refuerzo escalonado de $ 155 millones para el año que viene y de $ 260 millones para 2024.

Al momento de discutirse en la cámara baja, la diputada Bettiana Díaz (MPP) se preguntó si el gobierno prevé que en esos años la situación de emergencia alimentaria irá a aumentar. Díaz había cuestionado el mayor énfasis de recursos, justamente, en el último año de de esta gestión sin, a su vez, contar con un diagnóstico suficiente que lo justifique.

“Nos llama la atención y no entendemos cuál es el fondo del asunto”, había expresado Díaz que, en diálogo con El Observador, cuestionó que el ministerio ponga además un mayor énfasis en el gasto en alimentación de los comedores, justamente, en un año electoral. La interrogante planteada es por qué si hay baja de demanda de alimentación se pide refuerzo del INDA. 

Problemas estructurales

Al presentarse días atrás en el Senado, el ministro Lema reconoció como “lógica” la interrogante de por qué, si bajó la demanda de alimentos como afirma el gobierno se pide aumentar los recursos. “Es para atender problemas estructurales que tiene nuestro país”, aseguró. 

Allí el ministro citó recientes informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) que indicaron que 2020, el año de la pandemia, estuvo lejos de ser el de mayor inseguridad alimentaria en el país. Lema apeló a la última Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, realizada en 2018. Allí se indicó que el 37% de los niños de entre cero a cuatro años de edad del tercil más bajo de ingresos tuvo ese año inseguridad alimentaria moderada o severa. 

Además, según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el 23% de la población uruguaya estuvo entre 2019 y 2021 en situación de inseguridad alimentaria. De allí, indicó Lema, la necesidad de avanzar. “Cuando se trata de alimentación, tenemos que buscar que los alimentos lleguen a todos los uruguayos que efectivamente lo necesiten”, dijo. 

Los recursos que se piden para el INDA serán para un plan de tres etapas. En primer lugar la propia asistencia alimentaria. Luego vendrá el tratar de “dar habilidades” a los beneficiarios creando una “economía circular” con trabajos relacionados a la agricultura familiar y la recuperación de desperdicios y alimentos a través de la Red de Alimentos Compartidos (Redalco Uruguay). 

El Mides sigue señalando que bajó la “demanda” de personas que requieren asistir al Estado para alimentarse. Según Lema, en el primer semestre de año el Ejército, que confecciona platos a demanda de las intendencias, elaboró 198 mil comidas menos que en el mismo periodo de 2021. Si se toma en cuenta el período enero-agosto, fueron 300 mil platos menos. 

En el Sistema Nacional de Comedores, por otra parte, hubo 8 mil usuarios menos por día en los primeros seis meses de este año que en el mismo período de 2021. Al cierre de agosto de este año, tenía 14.582 beneficiarios. 

En Montevideo son 1.620 usuarios, unos 100 más que el año pasado. Y eso pese a hay 4.000 personas registradas. El director del INDA, Ignacio Elgue, señaló allí un problema: al estar centralizados, muchos usuarios que viven en barrios periféricos ven difícil acceder a un comedor, ya que deben pagar dos ómnibus para poder llegar. 

"No es de buen samaritano"

Lema le dio la bienvenida al planteo de Andrade pero lo llamó a reparar en algunas expresiones que sobre el tema vienen teniendo algunos representantes de la oposición. En particular el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que hizo referencia a la discusión sobre las ollas populares. A juicio de Lema, esas declaraciones no estuvieron a la altura de las circunstancias. 

Pereira volvió a cuestionar este lunes la decisión del ministerio de no otorgar más recursos a la Coordinadora de Ollas Populares hasta tanto esa entidad no aporte la información requerida por la cartera, que otorgó un plazo perentorio hasta el próximo viernes. “Sacarles la comida a los pobres no es la actitud de un buen samaritano”, dijo Pereira a través de un comentario en sus redes sociales. 

El presidente del FA cuestionó que el gobierno opte por realizar un “ultimátum” para obtener datos “que desconoce”, amenazando a una entidad de la que, en la práctica, depende para resolver la inseguridad alimentaria en la que vive parte de la población. 

“El gobierno ya no solamente depende de las ollas para resolver la inseguridad alimentaria que vive una parte de la población, establece un ultimátum para que releven datos de una realidad que desconoce”, criticó Pereira en un mensaje publicado en redes sociales.

“Esperemos que rectifique la medida y comience a trabajar seriamente para dar respuesta a la situación económica que atraviesa la población más vulnerable del país”, dijo Pereira. “Es el mundo del revés, el ministro en lugar de atacar a la gente solidaria debería agradecerles”. 

Lema justificó el pedido. Según explicó, se requiere información sobre la ubicación de las ollas, cuántos días a la semana funcionan, qué días y cuántas porciones sirven. “No solicitamos cédula ni nada de lo que trascendió”, aseguró.  Según el ministro más de 500 entidades han respondido, salvo la Coordinadora. “Son recursos públicos”, remarcó. “Si no hay datos, no hay insumos”. 

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