FA plantea la inconstitucionalidad del traspaso de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo al Ejecutivo y especialistas dan su visión

El artículo 278 del proyecto presupuestal establece que "el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ejercerá el contralor administrativo sobre la Unidad Agroalimentaria Metropolitana", debido a "razones de juridicidad, oportunidad o conveniencia".

El senador del MPP Charles Carrera, por ejemplo, dijo el jueves a El País que además de ser "totalmente inconstitucional", este cambio "viola las normas propias del MGAP", y el presidente de la UAM, José Saavedra, advirtió en ese artículo que es "una mala señal".

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Martín Risso, el artículo 278 es constitucional. Risso señaló a El Observador que, al tratarse de una competencia (la del control administrativo de la UAM) establecida por ley y no por la Constitución, "no se está invadiendo la autonomía de los gobiernos departamentales". "Los gobiernos departamentales tienen competencias que surgen de la Constitución y esas no se pueden alterar por ley. Pero esta competencia surge de una ley, y la ley posterior deroga a la ley anterior", aclaró.

Risso no fue el único en considerar que este traspaso del control administrativo no viola la autonomía departamental. Según Eduardo Esteva, también constitucionalista, "el punto clave es ver por qué acto jurídico se le dio a la Intendencia de Montevideo ese control". Como el control de la UAM, que está a cargo de la Intendencia de Montevideo, surgió a partir de la ley orgánica municipal, "no hay violación de la autonomía, porque para que haya violación tiene que haber una disposición que esté enfrentada a una disposición de la Constitución que le dé autonomía a los gobiernos departamentales". Además, agregó: "No encuentro ninguna disposición en la constitución que diga que es competencia de los gobiernos departamentales ejercer ese control".

UAM

Sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley, Esteva expresó que "para que haya una inconstitucionalidad se requiere que exista una disposición constitucional violada". "Tampoco veo una disposición constitucional que esté violada", añadió.

Otro de los artículos del proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento, el 274, también causó malestar en filas municipales. Ese artículo cambia la integración del directorio de la UAM: hasta ahora el presidente y el secretario general de la UAM eran designados por el intendente de Montevideo, pero de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto tal como está serán designados por el MGAP.

El intendente Christian di Candia publicó el jueves un tuit llamando a “defender” la UAM y “a que el presupuesto nacional no permita que el gobierno nacional se apropie de la inversión de los montevideanos”, mientras que el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, señaló en M24 que le causó “mucha sorpresa” ese cambio.

A las críticas hechas por algunas personalidades del FA se le sumó este viernes una declaración de la Mesa Política de ese partido en la que cuestionó que el "gobierno nacional pretenda apropiarse de un proyecto en el que no ha tenido arte ni parte y que no está dentro de sus competencias". A su vez, señaló que esta iniciativa es "violatoria de la autonomía departamental". A la salida de la reunión de la Mesa Política, el presidente del FA, Javier Miranda, definió este traspaso como una "rapiña a un proyecto del gobierno departamental" y pidió al Parlamento que no apruebe esa disposición.

El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, manifestó en rueda de prensa en el Parlamento que la iniciativa presentada intenta "atender una necesidad planteada por los pequeños y medianos productores" y que la continuidad de la gestión de la UAM bajo la Intendencia "va a estar sujeto a lo que la discusión salga", recogió El País.

Además de esas modificaciones, el gobierno propone también en la ley de Presupuesto que las organizaciones representativas del comercio mayorista y minorista que designen miembros en el directorio cuenten con personería jurídica; que la remuneración del presidente sea “equivalente a la de un subsecretario de Estado (antes era equivalente a la de un director de departamento de la IMM) y que los estados contables sean presentados con “dictamen de auditoría externa”.