La bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado efectuó este jueves un pedido de acceso a la información pública y dos pedidos de informes para que Presidencia de la República, Cancillería y el Ministerio del Interior revelen los datos en su poder sobre todos los ciudadanos extranjeros que lograron ingresar a Uruguay durante la emergencia sanitaria, con el foco puesto en dos personas en particular.
El requerimiento parte de la información, difundida la semana pasada, sobre el ingreso de Olesia Dzhumelia y Andrey Kashtanov, dos rusos que habrían obtenido autorización para ingresar a Uruguay al amparo de una serie de decretos que los habillitó a entrar en junio de 2021 de manera excepcional mientras las fronteras permanecían cerradas por la emergencia sanitaria. Esa normativa establecía que el ingreso de extranjeros no residentes a Uruguay podía hacerse siempre que se justificaran "razones de necesidad impostergable" y con "carácter urgente".
Dzhumelia y Kashtanov, se afirma, serían cómplices de Alejandro Astesiano, el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou y que fue encarcelado por integrar una organización que falsificaba documentación para facilitar pasaportes uruguayos falsos a ciudadanos rusos.
Entre lo que pide el Frente Ampio se incluye copia de la nómina completa de los extranjeros que tramitaron autorizaciones bajo estas circunstancias especiales, junto a los correspondientes actos administrativos que se suscribieron para aprobar esos pedidos. También las copias de cada una de las solicitudes efectuadas por parte de las personas interesadas en obtener dicha autorización.
La oposición solicitó en particular acceder a las solicitudes presentadas por esta pareja de rusos para ampararse en el decreto respectivo para poder ingresar al país. La información - se aclara - deberá contener el motivo del viaje esgrimido por Dzhumelia y Kashnatov y la causal de excepción prevista, así como todas las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones en torno al caso.
El FA apeló al mecanismo de acceso a la información pública señalando la obligación - por parte de los organismos correspondientes - de responder en un plazo de 20 días, prorrogables como máximo por 20 días más.
El caso de la pareja de rusos también viene siendo indagado por la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la investigación sobre la operación que involucra a Astesiano. La magistrada procura aclarar si la pareja, que llegó el año pasado y se casó ante el alcalde del Chuy en un supermercado de esa ciudad en abril de este año, tiene vinculación con la banda que integraba el excustodio presidencial. El viernes pasado Presidencia envió a Fossati un sobre con toda la información acerca del proceso que terminó con la habilitación de ingreso excepcional cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia, según confirmó El Observador con fuentes políticas.
La semana pasada, el periodista Antonio Ladra informó acerca de estos ingresos, que fueron avalados en una resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Tras esta publicación, Presidencia envió la información a la Fiscalía y se puso a disposición para colaborar con la investigación.
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