30 de octubre de 2013 8:44 hs

Sin que la opinión pública se lo esperara pero con la intuición del principal afectado de que iba a suceder, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró constitucional la Ley de Medios. El fallo, resultado de cuatro años de litigios judiciales, afecta de modo directo –aunque a largo plazo y aún poco claro– a uno de los que ayer proveyó la noticia: el Grupo Clarín.

Lo que hizo el máximo órgano judicial argentino fue rechazar un argumento presentado por el conglomerado que pedía que se declararan inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medios.

Los párrafos en discusión referían a la cantidad de canales audiovisuales y de licencias que puede tener un mismo grupo económico. Clarín, aunque no es la excepción, es el más afectado porque tiene unas 250 licencias de televisión por cable, cuando el máximo permitido por ley es de 24.

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El argumento para avalar la norma fue que “es constitucional”, más allá de si es ética o no, tarea que corresponde al Congreso y que se supone saldada porque emanó de él. El mismo texto del fallo precisó que la tarea de la Corte “no es la de establecer si la ley se adecua a los avances tecnológicos, si es una ley obsoleta, incompleta o inconveniente o, en otras palabras, si se trata de la mejor ley posible. Todos estos aspectos están vedados al conocimiento de los jueces”.

La alternativa que daba el legislador a un medio con exceso de licencias era que este presentara un plan de desinversión, un esquema de a quién cedería qué medios, a los efectos de no retener los canales en las mismas manos.

Ese fue el camino que siguieron algunos conglomerados pero no fue el que adoptó Clarín y ahora el plazo expiró y el grupo no tiene muchas opciones más que esperar el curso de los eventos.

En teoría, la única opción que tiene el grupo de medios es apelar a la compensación que la ley establece que debería haber. O sea, presentar un balance con lo que dejaría de ganar si pierde sus licencias, a los efectos de que el Estado cumpla con su palabra y le pague. Esto, sin embargo, es una tarea titánica en la que difícilmente se embarcará Clarín y que, de acuerdo con el abogado experto en estos temas Gustavo Arballo, consultado por El Observador, seguramente le reportaría ingresos menores de los reales. “Es una jugada a muchas bandas y que en cualquier caso no tendría valores de gran significación”, consideró Arballo.

Panorama real

La chance más real que tiene el grupo, de acuerdo con este abogado, es apelar a una negociación con el Estado. Esto implicaría que el gobierno viole los plazos expirados, pero no sería descabellado si se tiene en cuenta que es más lo que gana que lo que pierde.

Porque en un plano ideal, mientras Clarín sigue manejando y rentabilizando sus canales, el gobierno debería abrir un procedimiento y concursar las licencias. Esto llevaría “muchísimo tiempo” (se habla de hasta 20 años) y podría traer aparejadas complicaciones, como que no haya oferentes o que haya impugnaciones. “Como ese proceso es tan largo, no descarto que si Clarín le hace al gobierno una presentación, el gobierno la pueda aceptar como medida desconcentradora”, indicó Arballo.

Los pasos que seguirá el grupo de medios, que ayer en un comunicado denunció que la Corte “violenta abiertamente los derechos adquiridos” y “configura una clara afectación a la libertad de expresión”, no están del todo claros. Por el momento, y según ese mismo texto, la empresa continuará defendiendo judicialmente sus licencias y analiza las futuras derivaciones del caso, “incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.

La incidencia fáctica de la norma, pues, quedará en la nebulosa por un tiempo. Lo que sí permanecerá es el veredicto de la Justicia, un documento de 392 páginas que versa sobre constitucionalidad y no sobre control de calidad. Un fallo que, al juicio del principal afectado pero también de otros analistas independientes, promueve la “enorme colonización oficial de medios” y “condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia”. l

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