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José Olivera, secretario general de Fenapes.

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Fenapes advierte que investigadora abrió una "gran caja de pandora": analiza demanda al Parlamento y lleva el caso a la OIT

Los seis dirigentes acusados por apelar a certificados falsos para justificar faltas articularán una defensa común y están dispuestos a recorrer la vía judicial

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28 de abril de 2022 a las 05:01

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) comenzará en las próximas horas una ronda de contactos con todas las bancadas políticas para advertirles sobre la "gran caja de pandora" que abrió a partir del accionar de la comisión investigadora que indagó sobre presuntas licencias sindicales irregulares. Y, sobre todo, por sus consecuencias. 

El secretario general del sindicato, José Olivera, dijo este miércoles a El Observador que se están analizando fuertemente "distintas puntas jurídicas". La principal es la presentación de una demanda civil contra el Poder Legislativo. 

El sindicato entiende que los seis dirigentes sindicales señalados en las conclusiones a las que el oficialismo llegó este lunes en la comisión fueron objeto de graves perjuicios, al ser acusados sin pruebas, difamados e injuriados por legisladores oficiales de delitos como fraude, estafa o falsificación en torno a la presentación de certificados con el que se justificaron, según la denuncia, más de 5.000 horas docentes que no se dictaron. 

Además de Olivera, en la acusación aparecen mencionados Virginia García Montecoral, Ana Pescetto, Gabriela Almeida, Marcel Slamovitz y Alejandra Vespa. 

El artículo 112 de la Constitución consagra los fueros de los legisladores. Allí se establece que los senadores y diputados "jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan en el desempeño de sus funciones". 

La voluntad de accionar contra el Parlamento como entidad, señaló Olivera, es por considerarlo el responsable último de la actuación de estos legisladores ya que la comisión en la que actuaron, como otras, tiene un rol asesor de la Cámara de Diputados, que aprobó su funcionamiento. Los integrantes de la comisión investigadora por el oficialismo son los nacionalistas Alfonso Lereté y Carmen Tort, el colorado Gustavo Zubía y el cabildante Eduardo Lust, mientras que el autor de la denuncia que dio origen a la actuación parlamentaria fue el colorado Felipe Schipani. 

El accionar de Fenapes comenzará a ser definido a partir del próximo martes. 

El camino judicial fue el camino elegido por el exconsejero de Secundaria Javier Landoni, otro de los acusados por el oficialismo, que promovió una demanda civil por difamación e injurias contra la actual presidenta de Secundaria, Jenifer Cherro, y contra la exdirectora del liceo de San José, Miriam Arnejo, que fue la que la primera que denunció irregularidades en torno a los certificados para acceder a licencias. 

Según pudo saber El Observador, la instancia de conciliación fracasó por lo que la acción judicial sigue adelante. La demanda está fundamentada en las "acusaciones falsas" y las "opiniones difamantes y agraviantes" en las que Cherro y Arnejo incurrieron, según entiende el denunciante.

En su contraataque, Fenapes pone el foco en uno de sus principales acusadores, el diputado Zubía, al que señalará por "promover la destrucción de documentación pública", al haber promovido que la intervención de Olivera ante la comisión, el 6 de diciembre pasado, fuera eliminada de la versión taquigráfica de la sesión. 

A nivel internacional, Olivera señaló que Fenapes, con el apoyo del PIT-CNT, incluirá la actuación de la comisión investigadora en la denuncia que había presentado en 2020 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por varios hechos que, a su entender, configuran casos de persecución y violación de la libertad sindical. Al respecto, el dirigente señaló que lo de la comisión violó los convenios 87 y 151 del organismo ratificados por Uruguay, que limitan y prohíben la intervención en la vida interna de los sindicatos por parte de cualquier entidad estatal. Algo que, a su juicio, fue lo que hizo la comisión. 

"El Parlamento no es una organización jurisdiccional", dijo Olivera, al reparar que el propio nombre de la investigadora dejó en claro que el verdadero objetivo era investigar a Fenapes. El accionar de los legisladores, agregó, fue violatorio del artículo 57 de la Constitución. Allí se establece, entre otros aspectos, que la ley "promoverá la organización de sindicatos gremiales". La tesis de Fenapes es similar a la que viene sosteniendo el Frente Amplio: las comisiones parlamentarias no están autorizadas a investigar a personas. 

Olivera también cuestionó la resolución promovida este lunes por los diputados del oficialismo. Además de representar un "mamarracho jurídico" configura un claro "prejuzgamiento", dijo.

El viernes, Olivera irá al Palacio Legislativo para obtener una copia del expediente. El telegrama colacionado que lo notificó fue enviado a una dirección errónea: llegó a una casa en la que ya no vive desde hace diez años. El dirigente ironizó con que los acusados estarán obligados a "elegir el delito que, presuntamente cometieron" ya que, tal como está redactada, ninguno de los implicados tiene "forma de saber" de qué se los acusa. 

Fenapes decidió articular la misma defensa para los seis dirigentes acusados por la comisión. Landoni y la exconsejera Celsa Puente, según pudo saber El Observador, defenderán su posición por separado, cada uno con su propio abogado. 

Fueros sindicales

La defensa se Fenapes se articula en torno al acta 90/2006 sobre fueros sindicales, suscrita por el Consejo Directivo Central (Codicen) durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, a instancias de un acuerdo entre la administración y la Confederación Sindical de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). 

Allí se habla, entre otros aspectos, de que "el ejercicio del derecho de huelga no debe afectar la carrera docente o no docente de los funcionarios ni su actividad computada, los cómputos jubilatorios así como tampoco ningún beneficio conexo con la asiduidad o la puntualidad". También, que las licencias deberán ser acordadas entre las autoridades educativas y los sindicatos en cada servicio desconcentrado. 

Otro elemento, precisó Olivera, es la manera en que esto se instrumenta. El secretario general de Fenapes precisó que muchas de las normas consagratorias de este tipo de derechos no fueron recogidas en el Estatuto Docente. Eso llevó, según su visión, a que las autoridades recurrieran sucesivamente y por analogía a distintos artículos para justificar inasistencias para que no afectaran la actividad computada. 

Así, se utilizaron el artículo 70.8, el 70.3 o el 70.10, de acuerdo a la solicitud correspondiente. Así lo se hizo durante este período, dijo, con los cerca de 100 delegados sindicales que participaron en el último congreso del PIT-CNT. Al respecto, citó una resolución del Codicen del pasado 4 de noviembre que, citando el Acta 90/2006, apeló al artículo 70.13 del Estatuto para concederle licencia a esos delegados. 

Para Olivera, el problema de los diputados oficialistas es que fueron a la "literalidad de los textos". Cuestionó que el colorado Felipe Schipani haya dicho que Fenapes certificó ilegalmente 5.000 horas por este mecanismo, cuando por año se imparten en Secundaria 1,3 millones de horas. "Se dice un número claramente impactante, pero no se dice el universo sobre el que se plantea", lamentó. 

Olivera lo comparó con más de 16 mil horas que, según la federación, siguen sin ser asignadas este año lectivo en Secundaria. "Si hubo desviaciones que escaparon al control sindical, que la administración intervenga", afirmó. "Nunca dijimos lo contrario", apuntó, para recordar que las investigaciones administrativas que están en la órbita de Secundaria no pudieron aún determinar irregularidades. 

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