Fenapes vuelve a la carga y ya anticipa paros ante un gobierno que espera "diálogo"

Las resoluciones que tomó este jueves la Asamblea Nacional de Delegados (AGD) de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) comienzan a materializar el rechazo –hacia el nuevo gobierno y hacia el anteproyecto de la ley de urgente consideración– expresado en el último tiempo por los sindicalistas.

Antes de que se conozca el proyecto definitivo de la ley, Fenapes ya proyecta un plan de acción con varios paros, movilizaciones y hasta la formación de un movimiento intersocial similar al No a la baja (de la edad de imputabilidad penal) y el No a la reforma (de la seguridad pública).

Este jueves se declaró formalmente "en conflicto" y decidió promover una jornada nacional de movilización para el 12 de marzo y así sumarse al paro propuesto por su filial en Montevideo (ADES), con paralizaciones parciales en todo el país. Las características de estas medidas (la extensión de esos paros, entre otras cosas) serán definidas puntualmente por cada filial.

Diego Battiste

A su vez, el gremio decidió "casi en unanimidad" plantearle a la Coordinación de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) –que se reunirá el próximo 6 de marzo– un paro de todos los gremios de la educación con movilización para "fines de marzo" en rechazo de la normativa. Además, plantearán que el PIT-CNT en su globalidad lleve adelante un paro con movilización para "mediados de abril", según informó el presidente de Fenapes, José Olivera.

Pero eso no es todo. Los sindicalistas de la educación media también dieron el visto bueno para que, junto a otros sindicatos de la educación y diversas organizaciones sociales, se comience a desarrollar una iniciativa impulsada en el seno de la CSEU: el Movimiento en Defensa de la Educación Pública.

"La idea es conjugar un espacio más allá del movimiento sindical porque entendemos que acá lo que está en juego es la educación pública. Los postulados sobre educación (del anteproyecto) buscan obviamente afectar regresivamente a la educación pública, le guste o no le guste a sus autores", dijo Olivera a El Observador.

Pero este sindicato, de trayectoria combativa y con declaraciones polémicas, no es el único protagonista de este malestar hacia las modificaciones que trae consigo el gobierno entrante. La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), cuya actitud ante las discrepancias es más respetada por el futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, también está dando pelea contra el anteproyecto de la normativa.

Las principales autoridades del sindicato de maestros se reunieron el lunes pasado con el ministro designado y le llevaron un pedido concreto: que se elimine el capítulo referido a los cambios en educación de la ley urgente.

Según contó la dirigente Graciela Arbeleche a El Observador, ante la solicitud recibieron lo que consideró una “mala noticia”. Da Silveira les dijo de forma contundente que eso no estaba en discusión. “Realmente fue bastante impactante”, expresó Arbeleche.

Al otro día, el martes pasado, las sindicalistas se reunieron con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y el miércoles lo hicieron con el secretario general colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, para insistir en que ese tema sea eliminado del proyecto.

Arbeleche, contó que a Miranda le pidieron ayuda en "todo lo que ellos puedan incidir" cuando la normativa sea tratada en el Parlamento y Miranda, según dijo Arbeleche, "se comprometió" a transmitir esta solicitud a la bancada frenteamplista.

Sanguinetti, por su parte, les informó que ya hubo cambios en el texto del proyecto, sobre todo en lo referido a la pérdida de autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) frente al Ministerio de Educación Pública (MEC), que es una de las preocupaciones de la FUM y otros sindicatos de la educación, según informó La Diaria.

Los maestros entienden que el gobierno electo tiene “todo su derecho” en realizar cambios en la enseñanza pero creen que las modificaciones deben “tener otros tiempos de discusión y de análisis”, que la ley de urgente consideración no permite. Consideran que esa herramienta jurídica evita el proceso de debate necesario para llevar adelante las transformaciones propuestas.

Pero más allá de estas instancias de diálogos y reclamos, el gremio forma parte del CSEU y es uno de los principales promotores de la creación de un movimiento que se enfrente a la ley de urgencia.

¿También habrá paro en las escuelas? Eso se sabrá este sábado 29 luego de que lleven adelante su primera Mesa Representativa Federal del año y en ese ámbito decidirán si corresponde realizar medidas de lucha y cuándo.

Diálogo

A pesar de las discusiones, Da Silveira ve con buenos ojos el diálogo que mantiene la FUM. Sin embargo, reclama estos espacios ante el sindicato de docentes de Secundaria. 

“Nunca buscaron una instancia de diálogo con el nuevo gobierno. Nunca buscaron un espacio para que nosotros pudiéramos explicarle el significado de las medidas. Arrancan por el paro. Eso es una pena. La huelga es un derecho constitucional pero lo ideal sería que fuera la última de las medidas y no la primera", dijo el futuro jerarca a El Observador, luego de que la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), la filial capitalina de Fenapes, decidiera adoptar un paro de 24 horas para el 12 de marzo.

Da Silveira, le pidió al sindicato que “piense en lo más débiles” y no realice una medida que perjudicaría a “miles de familias” que no tienen con quién dejar a sus hijos, además de a los propios estudiantes que perderían un día de clase.

Camilo dos Santos

Para el futuro ministro el “procesamiento de los cambios educativos a través de una ley de urgente de consideración” es una de las “promesas electorales” que el nuevo gobierno tiene que cumplir. "En una sociedad democrática los que gobiernan son los representantes de los ciudadanos no las corporaciones", dijo en aquella oportunidad.

Además, ante los cuestionamientos acerca de que el anteproyecto de la ley urgente propone cambios sin urgencia alguna, Da Silveira sostuvo días atrás, en diálogo con El Observador, que lo que la Constitución define como urgente “no son los problemas que trata la ley” sino “el procedimiento de aprobación de la ley”.

El Observador realizó llamadas y envió mensajes a las principales autoridades del nuevo gobierno para saber cómo enfrentarán las últimas medidas tomadas por los sindicatos, pero no obtuvo respuesta.