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Firmeza, criterio y responsabilidad, no es injerencia

Nueva declaración del Grupo de Lima sobre la crisis en Venezuela
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01 de marzo de 2019 a las 05:00

Desde que Juan Guaidó marcó el 23 de febrero como fecha límite para el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela, la atención internacional se centró en si finalmente el gobierno de Maduro permitiría su ingreso por las fronteras de Colombia y Brasil. Unos días antes, ya se adelantaban los resultados de una operación que lamentablemente culminó con el bloqueo del ingreso de los alimentos y medicamentos que demandan con urgencia los venezolanos.

Lo cierto es que durante todo el fin de semana se vivieron dramáticas situaciones de puentes y fronteras bloqueadas, enfrentamientos y hasta conciertos de un lado y otro de los límites fronterizos, hechos que no hicieron más que banalizar la cuestión de fondo reclamada por gran parte de la comunidad internacional. Todas las partes perdieron, pero fundamentalmente los familiares de los muertos que día a día aumentan en un país totalmente a la deriva.

Parece evidente que el ingreso de la ayuda no será posible sin una intervención del ejército venezolano, que si bien muestra una fractura en cuanto al apoyo a Maduro, aún cuenta con una importante base de altos mandos que siguen sosteniendo el régimen. Para tener éxito en este tipo de operaciones internacionales, es necesaria la participación de agencias como Naciones Unidas, además de otras condiciones que garanticen que la ayuda humanitaria llegue a quienes más lo necesitan.

Mientras que el presidente encargado de Venezuela culpabilizó a Maduro por evitar que ingrese la asistencia para evitar el sufrimiento de su propio pueblo, este último solicitó ayuda humanitaria a Rusia, ahora su principal aliado debido al progresivo alejamiento de China. Es claro que sin la intervención de Naciones Unidas y sin contar con la colaboración de las fuerzas de seguridad interna, no será posible concretar el ingreso de la asistencia internacional de forma exitosa.

En definitiva, debe buscarse un acuerdo para permitir el ingreso y su correcta distribución. Se trata del primer compromiso a alcanzarse entre las partes, para luego iniciar el proceso que lleve al país a la recuperación de la democracia tras el llamado a nuevas elecciones presidenciales. 

En este contexto tan complejo y delicado, donde un paso en falso puede derivar en una crisis de una dimensión aún mayor, el 25 de febrero se desarrolló una nueva reunión del Grupo de Lima, que atrapó la atención internacional por el posible vuelco en su posición. En concreto, tras declaraciones incendiarias de Maduro y de otros integrantes de su gobierno, se buscó denunciar que ese grupo de países habilitarían la intervención militar en Venezuela, una opción que Estados Unidos no ha descartado.

Se trata de una declaración de 18 puntos, que comienza condenando las acciones “deliberadas” de Maduro para evitar el ingreso de la asistencia internacional con artículos de primera necesidad para el pueblo de Venezuela y que busca una mayor condena al régimen, incluso solicitando a la Corte Penal Internacional que tome en consideración lo ocurrido. Los integrantes del grupo, que por primera vez contó con la participación de la propia Venezuela representada por Guaidó, también impulsarán acciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La declaración busca seguir aumentando el reconocimiento del presidente encargado de Venezuela en los organismos internacionales. A su vez, hacen un llamado a las naciones que todavía cooperan con Maduro para hacer posible el inicio de un proceso de transición democrática. Por otro lado, también se hace mención a las Fuerzas Armadas de Venezuela, solicitándoles que reconozcan a la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y de su presidente encargado.

Quizá el punto más destacado de la declaración del Grupo de Lima tiene que ver con la posición de sus miembros respecto a una posible intervención armada en el país, estableciendo que  “reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”. Cabe recordar que los principales socios de Uruguay en la región, en particular los tres miembros del Mercosur, integran dicho grupo de presión contra Venezuela. Mientras tanto, el gobierno uruguayo sigue dando rienda suelta a una serie de acciones que desde el año 2017 y prácticamente de forma ininterrumpida hasta la fecha, muestra una enorme falta de coherencia diplomática.  Por un lado, se suspende a Venezuela del Mercosur aplicando la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, mientras que por otro y, a espaldas de la opinión de gran parte de la comunidad internacional, reconoce como legítimas las elecciones nacionales de 2018 y envía a un representante diplomático a los actos de asunción de un nuevo mandato de Maduro.

Pocas semanas después, se lanza junto con México un diálogo basado en la premisa de la neutralidad con el llamado “Mecanismo de Montevideo”, pero al día siguiente se integra el Grupo de Contacto Internacional junto con la Unión Europea que no parte de la neutralidad, ya que por el contrario, busca una negociación con la condición del llamado a elecciones nacionales. Cabe recordar que esta nueva posición del gobierno uruguayo es confirmada pocos días después por el presidente Vázquez en la reunión bilateral que mantuvo con Macri. 

De forma simultánea a la batalla en la frontera para poder ingresar la asistencia internacional a Venezuela, el canciller uruguayo dio un discurso en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra donde defendió la posición de Uruguay sobre la crisis venezolana, mencionando que se han seguido las mejores tradiciones de la política exterior uruguaya y apelando nuevamente a la negociación, pero sin condenar ninguna de las acciones del régimen de Maduro. Mostrar firmeza para condenar una dictadura y la flagrante violación de los derechos humanos en Venezuela, y hacerlo con criterio y responsabilidad como lo hizo el Grupo de Lima en su última declaración, está lejos de ser una injerencia en los asuntos internos de un país. Por el contrario, se trata de un compromiso asumido con la comunidad internacional, el que por cierto no está siendo honrado por Uruguay. 

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