Nacional > PEDIDO DE INFORME

Fiscal que debió imputar por desacato a femicida deberá explicar por qué no actuó

El asesino había incurrido en desacato días antes, pero la fiscal Alba Corral no lo imputó

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10 de octubre de 2019 a las 05:00

El fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, solicitó un informe a la fiscal especializada en delitos sexuales Alba Corral para saber qué pasos siguió luego de conocerse que el asesino de Silvana Alonso, en dos oportunidades había destruido las tobilleras electrónicas que le había colocado la justicia de Familia, lo que constituye delito de desacato pero ella no lo imputó. La fiscal estaba de turno cuando el hombre rompió los dispositivos, dijo Cancela a El Observador, y se sabe que ingresó a su oficina la denuncia que daba cuenta del desacato, pero no se sabe qué decisiones tomó.

"Le pedimos un informe para saber qué pasó, porque no tenemos los detalles", agregó Cancela. 

Alonso fue asesinada de varios disparos en plena calle en la mañana de este martes. La expareja, a quien había denunciado a principios de setiembre por violencia doméstica, se bajó de un auto y quiso obligarla a que se subiera con él. Como ella se opuso, le disparó, y luego él se suicidó.

Alonso había declarado a la policía el 3 de setiembre que hasta entonces no había denunciado por miedo. El hombre –adicto a la cocaína– la amenazaba con matarla a ella, a su madre –con quien vivía–, y a sus dos hijos, según información policial a la que accedió El Observador. 

Su vida era un infierno. Cuando estaba en abstinencia, el hombre golpeaba todo lo que tuviera a su alcance –las puertas no cerraban por los daños–, no la dejaba usar el celular, insultaba a la madre de la víctima, volvía a amenazar con matar a todos, y le gritaba que seguramente "tenía un macho".

Pero ese día Alonso se animó, y un juzgado de Familia dispuso el 4 de setiembre sobre el agresor la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima. En la sentencia, a la que accedió El Observador, la justicia dejó por escrito que si el hombre incumplía cualquiera de las medidas dispuestas incurriría "en el delito de desacato". Y también se ordenaba que si "por cualquier motivo" no era posible instalar de inmediato el dispositivo electrónico se debería "asignar a la víctima custodia policial".

Si bien ella no quiso tener esa protección y lo dejó por escrito en una carta redactada por su puño y letra el mismo 4 de setiembre, la justicia mantuvo la medida, porque se sabía que la colocación de la tobillera podía demorarse –de hecho pasaron 48 horas desde que se dio a orden y se colocó–. El 10 de setiembre, la Dirección de Monitoreo Electrónico del Ministerio del Interior (Dimoe) detectó que el hombre rompió el aparato. La policía fue hasta el lugar de donde provenía la señal y encontraron a la tobillera rota en un pastizal en la esquina de las calles Cuba y Haití –en el Cerro–. Como no había rastros del agresor, lo declararon como requerido.

Ese fue el primer desacato.

El segundo fue 13 días después. El 23 de setiembre le instalaron de nuevo el dispositivo, pero solo duró 25 minutos. Se lo colocaron a las 23, y a las 23.25 ya estaba roto: dejó la tobillera tirada en Porto Alegre y Santín Carlos Rossi. Y volvió a estar requerido

Según señalaron fuentes de la cartera de seguridad, el Dimoe resolvió entonces presentar una "denuncia escrita por daños y desacato" y se solicitó "que sea enterada la fiscalía penal".

Entrevistado en el programa Buen Día Uruguay de Canal 4, el ministro del Tribunal de Apelaciones Eduardo Cavalli sostuvo este miércoles que en todo momento "se iba dando cuenta a la fiscalía de lo que iba ocurriendo, por la responsabilidad penal" que implicaba.

"Me parece preocupante que pasen estas cosas y que no se inicie un proceso penal", agregó el magistrado. 

En diálogo con El Observador, Cavalli sostuvo: "Me consta que la fiscalía estaba al tanto".

Sin custodia

Pese a la "peligrosidad" del caso –dijo el ministro–, la víctima siempre se negó a tener la custodia, y como en el artículo 83 de la Rendición de Cuentas de 2018 se establece que la custodia policial en estos casos se suspende si la víctima no da su consentimiento, la Justicia tuvo que hacer lugar a su pedido.

"Teníamos una pericia que demostraba que era un caso de alto riesgo y que esta persona estaba desobedeciendo totalmente la autoridad del Estado, despreciando los derechos de la víctima y rompiendo las tobilleras", siguió lamentando Cavalli.

El 26 de setiembre, Alonso presentó un escrito –al que accedió El Observador– en el que reclamaba que los policías se fueran de su casa. "Esta situación me está generando que me sienta ridícula en mi hogar, limitada en poder realizar las actividades y trámites en forma normal. Es de destacar que soy el único sustento de mis hijos y tengo un pequeño emprendimiento y la custodia repercute en forma desfavorable en el mismo", escribió.

Y el 27 de setiembre, la Justicia dio lugar al pedido, que recién se hizo efectivo el 1° de octubre, una semana antes de ser asesinada en la calle.

Sin fiscales
Desde fines del año pasado, los fiscales ya no intervienen en los juzgados de Familia y Violencia Doméstica. Eso fue una iniciativa del fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya que entendía que el rol que cumplían en esas materias era prescindible, y que esos funcionarios podían colaborar en las fiscalías penales, algo para lo cual hay pocos recursos.
"Es una señal contradictoria: nos manifestamos tan preocupados por la violencia de género pero ahora la fiscalía no está en los procesos civiles", cuestionó Cavalli en canal 4. "No entiendo cuál es la razón (...) El Estado se tiene que preocupar por que esa víctima esté protegida", criticó el ministro.
En respuesta, Cancela recordó que "quien toma la decisión en esas materias es el juez, y cuando el fiscal actuaba, lo hacía como dictaminante". "Siempre decidía el juez", afirmó, y recordó luego que se trató en el fondo de una decisión presupuestal: la fiscalía había solicitado en la última rendición un presupuesto de $ 600 millones, y el Parlamento solo aprobó un 10% de esa suma.

 

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