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Fiscales que liberaron detenidos en operativo de Malvín Norte dijeron que policías no llevaban cámaras
Los policías que participaron en los operativos desplegados en Malvín Norte este domingo y lunes, que culminaron en un enfrentamiento con disparos y pedradas, no llevaban consigo cámaras GoPro que registraran lo ocurrido y pudiera servir a la fiscalía como prueba para imputar a las cuatro personas que habían sido detenidas por presunto desacato y agresiones.
Los cuatro sospechosos detenidos por la policía –tres el domingo y otro el lunes– fueron liberados por los fiscales de Flagrancia Pablo Rivas y Adriana Edelman, ya que no contaban con elementos objetivos como para llevarlos ante la justicia. Ambos fiscales preguntaron si había algún registro fílmico que respaldara la versión de la policía sobre un conflicto que desencadenó una denuncia presentada este jueves por grupo de vecinos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el entendido de que fueron víctimas de abuso policial, algo que fue negado por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
"Yo pregunté específicamente por las cámaras, y me dijeron que esos policías no las tenían", dijo a El Observador Edelman, la fiscal que comenzó su turno esta semana y dejó en libertad a un joven que había sido identificado por los funcionarios policiales como uno de los que enfrentó a los efectivos lanzando piedras.
Rivas, en tanto, que resolvió no imputar a los otros tres detenidos recibió la misma respuesta. "No, no tenían, como suelen tener en operativos de narcotráfico. Lo único que tenían desde el punto de vista objetivo era una filmación casera, hecha por algún vecino, en la que se ven varios móviles policiales que van caminando hacia atrás con escudos y se sienten disparos y que se reprodujo en los informativos", dijo Rivas.
"Pero incluso en esa pequeña filmación tampoco se ve gente arrojando piedras; si cayó alguna, ocurrió fuera del cuadro", agregó el fiscal, quien también recibió la denuncia de una joven de 18 años que afirmó haber sido víctima de atropello policial, aunque tampoco aportó pruebas para respaldar esa acusación.
Rivas no archivó las indagatorias, pero allegados a su equipo de investigación aseguraron que el archivo en los próximos días era lo "más probable". Tampoco había en el lugar cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.
Fuentes policiales consultadas por la utilización de las cámaras, dijeron a El Observador que el stock de los dispositivos no es suficiente como para que en todos los operativos se cuente con ellos. Según informó Búsqueda, en junio del año pasado el Ministerio del Interior contaba con 1.200 cámaras pero los efectivos policiales que realizan trabajo en la calle son 23.000, por lo que evidentemente no son suficientes.
A modo de ejemplo, la filmación de una cámara GoPro fue un elemento de prueba que utilizó el fiscal Carlos Negro par desestimar una denuncia de un funcionario municipal, que había difundido la versión de que había sido víctima de maltrato policial en un operativo de rutina al que fue sometido el 5 de marzo en la Ruta 1 y calle Laureles. El registro de ese dispositivo, entre otros elementos, terminó por demostrar que no había sido golpeado y disparado, como él aseguraba.
Reclamo vecinal
Según una carta que divulgó un grupo de vecinos, y que luego presentaron en la INDDHH, el enfrentamiento del domingo comenzó cuando un policía increpó a un hombre que pasaba por el lugar diciéndole "¿qué mirás, mugriento de mierda?", lo que motivó la respuesta inmediata de esa persona, quien contestó: "Mugriento sos vos, gil".
Fuentes de la Guardia Republicana dijeron a El Observador que entonces "el barrio se vino encima a los policías" y que los policías se defendieron del ataque.
La carta de los vecinos, nucleados por Javier Techera –coordinador de una de las ollas populares de la zona–, también señala que el hombre que respondió el insulto del policía sufrió una golpiza brutal "con la cachiporra en primera instancia y con proyectiles de escopeta calibre 12/70 mm con perdigones de goma", y que la misma suerte corrieron "jóvenes y familiares" que trataron de asistir al hombre, y que los efectivos de la Guardia Republicana cercaron una de las casas del barrio en donde había una mujer de 68 años, otra embarazada y varios niños.
"Tiraron balas de goma, una de las cuales lastimó en el ojo a una persona, que se encuentra bien, y también disparos hacia el aire", dijo Techera a El Observador.
En una segunda carta difundida este jueves, los vecinos –que cuentan con algunas grabaciones caseras sobre los operativos– insistieron en su punto de vista. "No podemos permitir que la voz de los barrios más pobres siga siendo ocultada y/o manipulada desde fuera. La denuncia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya está oficializada y esperamos que se lleve a cabo la investigación correspondiente", dice el texto.
Desde el Ministerio del Interior se aseguró que había videos que contrastaban la versión del grupo liderado por Techera, pero no fueron mostrados ante la solicitud de El Observador.
